La esposa del cantante de reguetón pidió al tribunal que nombre a un administrador judicial para las corporaciones.

Mireddys González Castellanos, codueña de las empresas a través de las que se maneja la carrera de su esposo, el cantante de reguetón Ramón “Daddy Yankee” Ayala Rodríguez, pidió al tribunal que nombre un administrador judicial para las corporaciones porque hay un tranque entre ella y su esposo como únicos accionistas y no funcionan.

La petición es la más reciente movida de control entre la pareja en el caso público que tiene que ver con las corporaciones, pero que está ocurriendo a la misma vez que transcurre otro caso confidencial en el que están dilucidando su divorcio tras casi 30 años de matrimonio y la división de los bienes acumulados durante la carrera de “Daddy Yankee”.

El caso público comenzó con González Castellanos y su hermana, Ayeicha, controlando el día a día de las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc.

El primer golpe lo propinó Ayala Rodríguez cuando recurrió al tribunal en Navidades para que, aunque ambos se mantuvieran como codueños en partes iguales, el control gerencial pasara a él y que su esposa y cuñada renunciaran a sus puestos corporativos. González Castellanos y su hermana efectivamente renunciaron y habrían otorgado los documentos necesarios para que el cantante tuviera el control corporativo.

Se realizaron discusiones y reuniones entre las partes, incluso durante los días feriados. Pero también González Castellanos le pidió la renuncia a su equipo legal original y contrató a los criminalistas Roberto Alonso Santiago y Mariel Colón Miró. Esta es una abogada puertorriqueña cuyo reclamo de fama es que representó al capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

En una vista la semana pasada con los abogados nuevos, el acuerdo fue que González Castellanos tenía que entregar documentos pendientes y que, de no hacerlo, estaban pautadas deposiciones en las que tendría que contestar preguntas bajo juramento sobre su gerencia de las entidades.

La moción del lunes, sin embargo, aparenta alejarse de los acuerdos, o reabrir luchas de poder que parecían estar apaciguadas porque, de concretarse el pedido, significaría que ni el esposo ni la esposa tendrían el control corporativo, sino un administrador que responde al tribunal y que actúa como un síndico. De hecho, el cantante logró conseguir el control de las empresas argumentando, en parte, que se le mantenía a oscuras aunque estas representaban su nombre, marca y carrera, pero ahora es su esposa la que acude al tribunal diciendo que se le ha mantenido a oscuras.

La propuesta de González Castellanos es que el designado sea el catedrático de Derecho y exmiembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Luis Avilés Pagán. Bajo la ley, un administrador judicial toma control de las corporaciones tanto para maximizar su rendimiento, como para liquidarlas si es necesario.

En su petición, plantea que “existe un empate irreconciliable entre los directores (ella y su esposo) que ha paralizado la toma de decisiones en asuntos esenciales para la administración de las corporaciones” y que hay “ausencia total de comunicación”, por lo que “los negocios de las corporaciones están siendo perjudicados de manera irreparable”.

Hasta el lunes en la noche no se había registrado respuesta de Ayala Rodríguez a esta petición pero, en una moción sobre otro asunto el sábado, su equipo legal expuso al tribunal que González Castellanos estaba tratando de presentar en el caso controversias que son mediáticas, pero no se ajustan a la realidad.

Los abogados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel resaltaron que los abogados nuevos de González Castellanos no se podían desentender de las órdenes previas del tribunal ni de los compromisos y arreglos a los que ella había llegado en presencia del juez y de sus abogados previos.

“El tribunal no es foro mediático ni televisivo. Lo pertinente y fundamental en un tribunal de justicia es el derecho y la verdad. El espectáculo tiene foro aparte para su ejecución”, dijeron al especificar que una transacción de $118 millones que reflejan las cuentas corporativas no son un desembolso sino un movimiento financiero para consolidar todas las cuentas en una sola institución bancaria para obtener “mayores rendimientos, lo que beneficia a las partes, sin ningún tipo de riesgo o exposición mayor”.

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