Aumento de pensión a jueces retirados del Supremo viola plan de ajuste, según Junta
La Junta de Supervisión Fiscal llevó ante la jueza Swain el reclamo de jueces retirados del Tribunal Supremo para que su pensión se aumente.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) removió al tribunal federal la demanda mediante la que cinco jueces retirados del Tribunal Supremo reclamaron que su pensión fuera aumentada para reflejar el salario nuevo recién aprobado para todos los jueces, incluyendo los jueces asociados y la jueza presidenta que ahora sirven en el Alto Foro.
La demanda de los jueces retirados no era contra la JSF, sino contra el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, pero el ente fiscal consignó en su moción de remoción que tiene el poder para intervenir porque la Ley PROMESA los convierte en representantes del gobierno de Puerto Rico y sus dependencias.
En su reclamación, los jueces retirados Antonio Negrón García, Francisco Rebollo López, Federico Hernández Denton, Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez plantean que les cobija una disposición de retiro que dispone que su pensión es igual al salario de los jueces del Supremo que están activos. Añaden que, cuando este salario subió este año (con retroactividad al año pasado), se supone que sus pensiones también aumentaran de manera correspondiente a la posición que tenían cuando se retiraron, juez asociado o juez presidente.
Pero, al sacar el caso del Tribunal de Primera Instancia, la Junta argumentó a la jueza del caso de quiebras del gobierno, Laura Taylor Swain, que el plan que ajustó la deuda del gobierno expresamente prohibió por 10 años cualquier ley o medida que resultara en creación o aumento de beneficios de retiro. Añadió que el plan suplantó cualquier legislación aplicable, incluyendo disposiciones bajo la Constitución del Estado Libre Asociado.
“Esta demanda directamente implica y contraviene el Plan (de Ajuste de Deuda del gobierno)… al exigir un aumento en los niveles de beneficios de pensión para los (jueces retirados) más allá de lo que se provee, o se permite, en el Plan”, indica el documento.
Los jueces expusieron en su demanda que en 1986 hubo una sentencia del tribunal superior que declaró que, en efecto, los jueces retirados del Supremo reciben pensión igual al salario de los jueces del Supremo activos y que dicha sentencia nunca fue apelada, por lo que advino final y firme.
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