La multa por $62,400, que es final y firme, resultó de su desacato en una demanda de acceso a la información que presentó el Centro de Periodismo Investigativo.

La Compañía de Turismo (CT) no divulgó en su expediente de transición que tiene que pagar una multa de $62,400 que el tribunal le impuso por desacato, ni tampoco lo discutió en su vista de transición.

La multa es resultado de su desobediencia de las órdenes del tribunal en una demanda por acceso a la información que sometió el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Ante reiterados intentos del abogado de la CT, Raúl Márquez Hernández, para evitar la multa, el juez Anthony Cuevas Ramos dijo el 26 de noviembre que el CPI “tiene derecho a ejecutarla y cobrarla”. “Lo anterior NO PUEDE ser revocado por el Juez suscribiente. Correspondía a (Turismo) acudir ante el Tribunal de Apelaciones procurando la revisión de dicha determinación a través del Certiorari. No lo hizo, por lo que solo le resta consignar dicha suma de dinero en los próximos 15 días finales, so pena de desacato”, añadió el juez.

Cuevas Ramos se refería a que la multa de $300 diarios fue inicialmente impuesta en febrero pasado por el exjuez Alfonso Martínez Piovanetti, quien renunció a su cargo mientras estaba pendiente el trámite del caso. El CPI había comenzado a solicitar la información a la agencia desde mayo de 2023 y tuvo que someter la demanda en noviembre ante la negativa de Turismo.

Márquez Hernández sometió tarde una moción de reconsideración que el juez Cuevas Ramos declaró no ha lugar.

La información al centro de la controversia es el Registro de Hosteleros, donde las personas que se dedican a esta actividad económica divulgan las propiedades disponibles para alquilar a corto plazo, direcciones de estas, nombres comerciales y nombres de los propietarios. La agencia primero se negó a entregar la información y, luego de enfrentar una sentencia para que la entregaran, estuvieron proporcionando versiones incompletas y contradictorias del registro. En una de las versiones entregadas, la CT decía que no tenía información de dueños para casi el 90% de las propiedades en el registro. Además, las entregas se hacían tarde y sin observar los términos que había puesto el tribunal.

“Contrario a lo planteado por Turismo, concluimos que ni la ley ni la reglamentación vigente le otorga carácter de confidencial a la información solicitada por el Centro”, apuntaló el Tribunal de Apelaciones en una sentencia de enero pasado. El pleito permitió concluir que la CT pierde recaudos del Impuesto por Ocupación de Habitación y no lo puede fiscalizar ni planificar apropiadamente por la forma deficiente en que recoge información sobre esta actividad económica.

En una vista en julio pasado para intentar evadir el desacato y la imposición de multa, Márquez Hernández argumentó que el tribunal no debía tomar en cuenta el testimonio de la directora editorial del CPI, Wilma Maldonado Arrigoitía, sobre el esfuerzo y tiempo perdido cada vez que la CT producía versiones nuevas de la información solicitada. Añadió que cualquier deficiencia en el registro era porque los hosteleros sometían la información de manera voluntaria.

En esa vista, el juez Martínez Piovanetti mantuvo el desacato porque Turismo no había entregado la información, como lo disponía su resolución de diciembre de 2023.

A través del bufete de su esposa, Lylybeth Echeandía Fuster (Estudio Legal Echeandía y Asociados, PSC), Márquez Hernández ha tenido contratos públicos con valor de $2.5 millones desde 2013 y ambos son donantes regulares del Partido Nuevo Progresista (PNP) y sus candidatos gubernatoriales, legislativos y municipales. Además de Turismo, sus contratos vigentes son con los municipios de Ciales, Guayanilla, San Juan y Camuy, así como con la Cámara de Representantes, la Autoridad de Edificios Públicos y la Comisión de Juegos.

En 2020, Márquez Hernández fue secretario de Estado bajo la gobernadora Wanda Vázquez Garced y también integró el equipo de campaña de esta como director de Plataforma. Actualmente, es subsecretario del partido por designación de la gobernadora electa, Jenniffer González Colón, y asesor en asuntos electorales.