El banco pidió la desestimación de una demanda civil con la que la fiscalía federal buscar recuperar el dinero que el excontratista le debe después de declararse culpable de robo de fondos de vivienda.

El Banco Popular pidió que se desestime, en cuanto a ellos, la demanda que la fiscalía federal sometió para intentar recuperar dinero que entienden que el convicto excontratista del Departamento de Vivienda, Walter Pierluisi Isern, desvió para evitar pagar una restitución millonaria tras declararse culpable por robo de fondos federales.

La acción de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico surgió en julio pasado, después de que Pierluisi Isern comenzara a cumplir una condena de cárcel pautada para terminar en marzo de 2026. El confinado ha solicitado poder representarse a sí mismo en esta demanda civil.

Como parte del caso criminal que incluyó a Pierluisi Isern, su hermano, la empresa American Management and Administration Corporation (AMAC) y al director de finanzas de esta, el tribunal impuso pena de restitución de $3.7 millones. Pero tanto Pierluisi Isern como AMAC han dicho que no tienen dinero para pagar la restitución.

La fiscalía identificó una serie de transacciones con propiedades que involucran al convicto, a sus hijos, un fideicomiso y al banco e imputó que las mismas eran parte de un esquema para defraudar al gobierno dejando insolventes a la corporación y también a la sociedad legal de gananciales del convicto.

Sobre el banco, la demanda civil dice que las regulaciones que le imponen conocer a sus clientes los debieron llevar a saber que las transacciones se estaban realizando para defraudar al gobierno porque desde abril de 2023 Pierluisi Isern se había declarado culpable y se sabía que enfrentaba restitución.

“Para ser claros, (el banco) no participó en el alegado esquema fraudulento ni la demanda afirma que (el banco) fue parte de, o que conocía, de cualquier esquema de ese tipo. La única involucración (del banco) es la de un acreedor asegurado que, de acuerdo a sus derechos y responsabilidades, recibió pagos para satisfacer deudas de la sociedad legal de gananciales entre Pierluisi Isern y su esposa, Marcia de los Ángeles González Coya Fernández, que eran deudas aseguradas con gravámenes válidos sobre tres propiedades inmuebles”, planteó Popular en su petición del lunes pasado.

Esencialmente, la demanda de fiscalía enfrenta al gobierno con el Popular en cuanto a quién tiene derecho sobre el dinero involucrado en las transacciones. El gobierno argumenta que le toca como parte de la restitución y que las transacciones con el banco fueron parte de un esquema de fraude, mientras que el banco plantea en su solicitud de desestimación que no tenían conocimiento y que, aún si se probara que lo tuvieran, las transacciones responden a arreglos legales que colocan al banco como un acreedor con más derechos que el gobierno federal. El remedio que pide fiscalía es anular y revertir las transacciones. Con las transacciones, que comenzaron poco después de que los convictos se enteraran de la investigación federal en su contra, Pierluisi Isern y AMAC convirtieron sus fondos en propiedades sobre las cuales tienen derecho los hijos de la pareja.

La solicitud del Popular aclara que ellos intervinieron solo en transacciones hipotecarias para tres propiedades: una casa en Parque de Bucaré (Guaynabo), una en Las Palmas Doradas (Humacao) y el apartamento en el controvertible condominio Sol y Playa (Rincón). Añadieron que la fiscalía se habría equivocado en la valoración de las transacciones y que suman $1.1 millones, no los $2.1 millones que alega la demanda.

El Popular es un “tercero con relación a cualquier alegado esquema”, afirma la petición.

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