El jefe de fiscales federales emitió un protocolo para manejar negociaciones de aceptación de culpa, que es el desenlace del 93% de las acusaciones en ese foro.

Con la intención de aclarar una leyenda urbana sobre las ofertas de aceptación de culpa que hace su oficina, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico emitió un protocolo en el que advierte a los acusados que la primera oferta que recibirán va a ser la mejor y que, de ahí en adelante, se van a poner peor y peor.

El fiscal W. Stephen Muldrow emitió el protocolo el 9 de septiembre pasado, después de que una versión previa del mismo fuera discutido con abogados de defensa en el foro federal, así como la Oficina del Defensor Público (ODP).

A una solicitud de NotiCel para discutir el documento, la portavoz de fiscalía, Lymarie Llovet, indicó que no harían comentarios “aparte de lo que ya explica el propio documento”, mientras que la jefa de la ODP, Rachel Brill, también rechazó la solicitud de entrevista.

“La oferta inicial que un acusado reciba para declararse culpable será la oferta más favorable que va a recibir ese acusado en el caso. Es decir, un acusado no recibirá una oferta más favorable después de que pase el plazo que estableció los Estados Unidos (para la primera oferta) o a medida que se acerque el juicio”, indica el documento para aclarar “malentendidos comunes sobre el proceso de aceptación de culpa”.

Entre los acusados a nivel federal en Puerto Rico hay una creencia de que la fiscalía les hará tres ofertas y que la mejor va a ser la última. Pero el documento plantea que cualquier creencia a ese efecto debe “disiparse” y que, “para estar claros, un acusado no debe esperar recibir, ni va a recibir, ofertas múltiples, más favorables, para declararse culpable”. De la misma manera, el documento disipa la creencia de que si el acusado se declara culpable justo antes del juicio va a recibir condiciones más beneficiosas. Para que ofertas subsiguientes sean más beneficiosas que la primera, se requerirá la autorización personal de Muldrow.

Las estadísticas judiciales más recientes corresponden a 2023 y retratan que la isla tiene el mayor volumen de casos criminales graves en el Primer Circuito de Apelaciones, el cual está integrado por otros cuatro estados. De las cinco jurisdicciones que componen el circuito, Puerto Rico tuvo el 57.2% de los casos criminales graves en 2023.

De esos caso criminales graves, solo 0.93% llegaron a juicio por jurado (la estadística no indica cuál fue el resultado del juicio), 6.3% fueron desestimados y un 93% se resolvió mediante una alegación de culpa.

Más que la forma en que resolvieron los casos, en el sistema federal pesa la cantidad de tiempo que la materia estuvo pendiente. Y en ese renglón los números no son favorables para Puerto Rico. A nivel de todo Estados Unidos, la mediana para la resolución de un caso criminal son 11 meses, pero aquí son 22.7 meses. En los casos que acaban por desestimación, el tiempo general es 22.8 meses, pero aquí son 45.9. En los que acaban con juicio por jurado, el general son 26.2 meses y aquí son 31.5. Mientras que en los casos que se resuelven con aceptación de culpa, el general son 10.4 meses y el local son 22.1 meses.

El protocolo supone incidir también en que los casos se muevan más rápido, no solamente aclarando que la primera oferta va a ser la mejor, sino estableciendo plazos para comprimir el tiempo que dura la negociación. Por ejemplo, la fiscalía no va a aceptar ningún argumento que los acusados presenten para tratar de mitigar, o suavizar, la negociación si lo presentan después de que se haya extendido esa primera oferta.

Además, los acusados van a tener entre 30 y 60 días para notificar su decisión una vez se le extienda la oferta. Si no cumplen con el plazo, fiscalía retira la oferta y cualquier otra que venga después será con condiciones más perjudiciales para el acusado. Este plazo es interno de fiscalía y no tiene que ver con las fechas límite que un juez puede pautar para conocer si, en efecto, se ha llegado a un acuerdo entre las partes. Se requerirá que los abogados obtengan una confirmación por escrito de que la oferta le fue comunicada a su cliente. Si no se produce el documento, la fiscalía podría pedir al tribunal que indague formalmente.

Aparte de este protocolo, las negociaciones suelen ser procesos informales donde los acusados intentan minimizar, o contextualizar, su conducta, así como resaltar algunas particularidades sobre sus condiciones personales e historial delictivo para conseguir condiciones favorables. Una de las cosas que puede hacer una persona para mejorar su posición de negociación es también aceptar que la fiscalía no tenga que activar un gran jurado para obtener una acusación formal, sino que se le acuse mediante denuncia directa.

Por su parte, la fiscalía tiene una caja de herramientas amplia para diseñar una oferta, incluyendo cuáles delitos le va a desestimar al acusado, o si le va a permitir aceptar culpa por un delito distinto y menor al presentado, y también condiciones que lo pueden beneficiar en el cálculo de la sentencia, en la imposición de multa y en la restitución económica.

Contrario a otra creencia, las negociaciones no siempre son solamente porque el acusado vaya a cooperar con el gobierno. Extender una oferta tampoco es un derecho, por lo que queda a discreción exclusiva de fiscalía que, incluso, puede escoger dentro de un mismo caso a quién le hace oferta y a quién no.