Tribunal entiende que reabrir registro a esta altura “inyectaría caos” al proceso electoral.

La jueza federal María Antongiorgi Jordán desestimó hoy la demanda con la que se pedía la reapertura del registro de electores para que estuviera disponible hasta la fecha del 6 de octubre, que es la que dispone el Código Electoral como la última fecha disponible para transacciones electorales.

Tras una vista el viernes pasado, la jueza entendió que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) no había presentado suficiente evidencia para sustentar su reclamo de reapertura. Ese día, el caso fue sometido con el testimonio del joven Víctor Altieri García, quien intentó inscribirse, pero la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) le notificó que rechazaron su solicitud justo el día antes del cierre del registro y sin un teléfono a donde llamar para corregirlo. El testigo dijo que, como le llegó el día antes del cierre y trabajaba, no hizo más gestiones.

A la hora para la que estaba pautada la vista en la mañana, los demandantes tenían más testigos. Pero la jueza concedió una solicitud de la CEE para leer la demanda enmendada que se había radicado la noche antes y decretó un receso hasta la tarde. Al reanudar, los abogados de ACLU informaron que los testigos habían tenido que retirarse. La CEE se opuso a recibir las declaraciones juradas de los testigos como evidencia y la jueza desestimó las reclamaciones de estos, quedando solo el caso de Altieri García.

También testificó el secretario de la CEE, Rolando Cuevas Colón, quien a preguntas de la representación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) admitió que en este cuatrienio los ciudadanos habían tenido menos oportunidad de inscribirse y realizar transacciones electorales por el cierre de juntas de inscripción permanente (JIP) y el atraso en la activación del Registro Electrónico de Electores (Sistema eRE).

A la hora para la que estaba pautada la vista en la mañana, los demandantes tenían más testigos. Pero la jueza concedió una solicitud de la CEE para leer la demanda enmendada que se había radicado la noche antes y decretó un receso hasta la tarde. Al reanudar, los abogados de ACLU informaron que los testigos habían tenido que retirarse. La CEE se opuso a recibir las declaraciones juradas de los testigos como evidencia y la jueza desestimó las reclamaciones de estos, quedando solo el caso de Altieri García. En sala estuvo Héctor Luis Acevedo para servir como testigo perito sobre el proceso electoral, pero la jueza no lo permitió porque los demandantes no habían notificado su intención de presentarlo.

El otro testigo fue el secretario de la CEE, Rolando Cuevas Colón, quien a preguntas de la representación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) admitió que en este cuatrienio los ciudadanos habían tenido menos oportunidad de inscribirse y realizar transacciones electorales por el cierre de juntas de inscripción permanente (JIP) y el atraso en la activación del Registro Electrónico de Electores (Sistema eRE).

“La evidencia presentada por los demandantes en la vista de interdicto preliminar no aportó apoyo sustancial a (sus) reclamos demasiado amplios sobre privación del derecho al voto”, dijo la jueza al determinar también que el interés público en este caso es a favor del gobierno.

“El tribunal no va a arriesgarse a privar el derecho del voto de cientos de miles de electores puertorriqueños que navegaron exitosamente el proceso de registro, para acomodar a aquellos que, por culpa solamente de ellos, fallaron en completar a tiempo la inscripción”, concluyó la jueza sin que quedara claro cómo es que el resultado de la controversia afectaba a los electores que ya están inscritos, en vez de solo los ciudadanos que no están inscritos.

“La solicitud de los demandantes, aunque sea bien intencionada, carece de apoyo fáctico y legal y amenaza con inyectar caos en la administración de la maquinaria electoral de Puerto Rico en este momento tardío sin ninguna justificación evidenciaria para ello”, se limitó a decir sobre esto.

En una nota al calce, Antongiorgi Jordán aclaró que no iba a entrar en si cerrar el registro electoral 45 días antes de las elecciones, en vez de 30, violentaba el Código Electoral porque entendía que ya eso estaba atendido adecuadamente en la decisión del tribunal estatal del juez Raúl Candelario López en el primer intento judicial por conseguir más tiempo para transacciones electorales.

“El tribunal apunta que los demandantes, y los ciudadanos puertorriqueños en general, han tenido cuatro años para registrarse para votar”, dijo al observar que no hubo evidencia de fallos en el sistema eRE o de los otros obstáculos que la reclamación alegaba.

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Vea:

CEE admite que electores tuvieron menos oportunidad de inscribirse en este cuatrienio