La agencia alambró a la exgobernadora Wanda Vázquez como como parte de la pesquisa, que se disolvió después de que esta se convirtió en gobernadora.

La entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, realizó varias grabaciones encubiertas en 2019 bajo la dirección del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) como parte de una pesquisa de supuesto soborno contra el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la comisionada residente, y actual candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón.

La información está divulgada en una moción sometida anoche en el caso federal contra Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI, Mark T. Rossini. Fue la defensa de Rossini quien sometió la moción para pedir la desestimación de los cargos en su contra. En el documento citaron un informe del FBI de al menos 16 páginas que recibieron en evidencia y que detalla lo que los abogados llamaron un “episodio significativo”.

Según el informe que la fiscalía entregó a los abogados, el 3 de agosto de 2019, cuando todavía estaba en el aire la constitucionalidad del nombramiento de Pedro Pierluisi Urrutia como secretario de Estado, Vázquez Garced recurrió al FBI para denunciar que estaba siendo objeto de soborno por parte de Rivera Schatz. La sucesión constitucional dicta que si, como pasó, el nombramiento de Pierluisi Urrutia se declaraba inconstitucional, la secretaria de Justicia se convertía en gobernadora.

Vázquez Garced relató al FBI que el 30 de julio un juez retirado que es amigo de su esposo, el exjuez Jorge Díaz Reverón, recibió una llamada de parte de un abogado. Ese abogado le comunicó que el entonces presidente del Senado interesaba reunirse con ella. Días después, un segundo abogado llamó directamente a Díaz Reverón para confirmar la intención de realizar la reunión.

“La propuesta era clara: si Vázquez nombraba a (Rivera Schatz) como secretario de Estado y entonces renunciaba, él le aseguraría a Díaz Reverón una silla en el Tribunal de Apelaciones y le ofrecería a Vázquez un rol en su administración”, indica la moción. La propuesta implicaba que, al Vázquez Garced renunciar, Rivera Schatz se convertiría en gobernador sin someterse a una votación y sin que le tocara por orden sucesoral.

El entonces director del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, dirigió la investigación para la cual Vázquez Garced aceptó usar micrófonos encubiertos para grabar conversaciones. Comenzó con una que tuvo con un contratista del Departamento de Justicia a quien se le había acercado el exadministrador de Instituciones Juveniles, Miguel Rivera Hernández, sobre “acordar una reunión entre Vázquez y (Rivera Schatz) sobre la gobernación”. Rivera Hernández es primo de Rivera Schatz y un convicto federal por corrupción pública.

La decisión del Tribunal Supremo el 7 de agosto sobre la inconstitucionalidad del nombramiento de Pierluisi Urrutia y la inmediata juramentación de Vázquez Garced como gobernadora sucesoral no detuvieron la pesquisa. “En las semanas siguientes, bajo la dirección del FBI, Vázquez grabó varias conversaciones”, dice el documento.

Entre estas, al menos una con González Colón, quien “se reunió con Vázquez y le sugirió que considerara otra posición pública de alto nivel, insinuando el interés que tenía (ella misma) en la gobernación”. El documento añade que, “cuando Vázquez reiteró su intención de aceptar la gobernación, (González Colón) le dijo: ‘¿tú no has hablado con (Rivera Schatz)?’”. Según el informe del FBI citado, esta conversación llevó a los investigadores a pensar que había “una conspiración entre (Rivera Schatz) y (González Colón) con la intención de remover a (Vázquez Garced) para que cualquiera (de ellos dos) se convirtiera en gobernador”.

“A pesar de esto, el FBI cerró la investigación en noviembre de 2019, aludiendo a dificultades en conseguir reuniones con Vázquez después de que se convirtió en gobernadora”, concluyen los abogados de Rossini, Lydia Lizarribar, Michael Adler y Juan J. Michelen.

En 2019, durante la crisis por la sucesión en la gobernación tras la renuncia de gobernador Ricardo Rosselló Nevarez, tanto Rivera Schatz como González Colón hicieron expresiones públicas apoyándose mutuamente para asumir la gobernación. Incluso, después de que Váquez Garced juramentó, Rivera Schatz le pidió que le enviara al Senado la designación de la comisionada como secretaria de Estado para aprobarla y que entonces Vázquez Garced abandonara la silla y González Colón se pudiera convertir en gobernadora.

El argumento principal de la moción es que los cargos deben ser desestimados porque la evidencia de la fiscalía no demuestra que hubiera una intención corrupta en el apoyo que Herrera Velutini le dio a Vázquez Garced en su aspiración primarista, en parte a través de Rossini. Esta cooperación de la exgobernadora con el FBI, así como conversaciones separadas que Rossini tuvo con Leff y acercamientos que hizo Herrera Velutini a reguladores bancarios en la capital federal sobre la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras se presentan como prueba de que los acusados no tenían intención criminal y que, incluso, el gobierno los convirtió de informantes a acusados.

Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini están acusados de enfrascarse en dos esquemas de soborno para que el banquero tuviera control de OCIF y así detener la fiscalización sobre su banco, Bancrédito International Bank & Trust. Un esquema implica a Vázquez Garced y, según el pliego, consistía en dar apoyo a la campaña primarista de la gobernadora a cambio de que esta destituyera al comisionado de OCIF, George Joyner Kelly, y lo sustituyera con Víctor Rodríguez Bonilla, un consultor de Bancrédito.

La moción la somete Rossini, pero su argumento es que la evidencia de fiscalía demuestra que ninguno de los tres tenía intención criminal en sus actos y que los hechos no se ajustan a una imputación de soborno. En el caso de Vázquez Garced, presenta su rol como informante del gobierno. En el de Rossini, detalla que este estuvo en contaco constante con Leff desde que Herrera Velutini lo contrató para llevar a las autoridades las irregularidades que había destapado en las actuaciones de OCIF contra Bancrédito, incluyendo que se había presionado a una empleada a alterar un informe sobre el banco.

Rossini, incluso, le dijo a Leff que se integraría a la campaña de la gobernadora y hasta que habría una reunión en el hotel Vanderbilt el 28 de febrero de 2020 para discutir la campaña. Esa reunión la fiscalía la presenta como el plazo que Herrera Velutini le había establecido a la gobernadora para que destituyera a Joyner a cambio de apoyo económico a su campaña. Pero la moción plantea que la salida de Joyner estaba tramitada desde días antes y que no fue hasta la reunión que la gobernadora supo que se le apoyaría en su campaña.

Además, subraya que Rodríguez Bonilla le dijo a Herrera Velutini que se tendría que inhibir de los temas de Bancrédio si lo nombraban como comisionado de OCIF, y así sucedió. Apuntan también a que el súper PAC que se le organizó a la gobernadora nunca recibió fondos ni la gobernadora o su equipo exigieron que se financiara después de haber destituido a Joyner.

“En una campaña de apuestas altas en la que el financiamiento es crítco, si Rossini y Herrera han prometido apoyar un súper PAC a cambio de un acto de parte de la gobernadora Vázquez, se esperaría una exigencia clara e inmediata para que se cumpliera con la promesa una vez la acción fuera tomada. Aún para los novatos, esta ausencia notable en la teoría del gobierno es obvia”, indicaron los abogados.

Sobre la encuesta que Herrera Velutini pagó para Vázquez Garced, la moción acota que no fue un trámite privado para el beneficio exclusivo de la gobernadora sino que cubrió otros candidatos y temas, y el propio banquero la publicó en un periódico de su propiedad, el Diario las Américas. Los argumentos enfocan en que ninguno de los acusados fue el que le entregó la encuesta a la gobernadora, sino el inversionista residente Fahad Ghaffar, a quien el documento identifica como Informante del FBI #1 y de quien observan que “curiosamente” su teléfono “fue uno de los pocos aparatos que el gobierno misteriosamente escogió no clonar, descargar, registrar o analizar”.

Sobre Herrera Velutini, la moción destaca que tomó la iniciativa de contratar al bufete Kobre & Kim para llevar a la Red de Cumplimiento contra Crímenes Financieros (FinCEN en inglés) del gobierno federal las pruebas sobre supuestas irregularidades en los exámenes que OCIF hacía a Bancrédito. Luego de la acusación, esta entidad multó a Bancrédito por $15 millones.

La moción presenta todos estos esfuerzos como intentos legítimos de cabildear al gobierno y no como actos criminales. Para esto, se basan en jurisprudencia del Tribunal Supremo federal que ha limitado la capacidad de fiscalía para procesar casos en los que un privado da beneficios a un oficial a cambio de actuaciones oficiales. Los abogados pidieron una vista para discutir lo que presentan como deficiencias en el caso de fiscalía.

El caso contra la exgobernadora y sus coacusados está ante la jueza federal Silvia Carreño Coll, quien ya ha decretado varias posposiciones de la fecha de juicio. El jueves, la jueza advirtió que la semana que viene las partes deben darle alternativas de fecha para pautar el proceso y que no puede ser más tarde de agosto de 2025.