El recaudador, convicto por un esquema que benefició al gobernador Pedro Pierluisi, terminó más temprano su libertad supervisada y fiscalía advierte de sus próximas andadas.

El recaudador Joseph “Joey” Fuentes Fernández terminó su condena federal antes de tiempo cuando un juez ejerció su discreción para dar por concluida su libertad supervisada después de que el convicto dijera que eso era necesario para poder viajar fuera de Virginia con propósito de negocios y visitas familiares.

La concesión del juez Jospeh Laplante se registró el 29 de agosto y ocurrió por encima de la objeción del Departamento de Justicia federal, cuyos fiscales argumentaron que poder viajar bajo supervisión supervisada solo requería que el convicto lo notificara a su oficial de probatoria y también al enfatizar que ese trato favorable no iba a disuadir a otros que pudieran cometer delitos similares.

La interacción de Fuentes Fernández con las autoridades federales como su cooperador es una de las más contenciosas que se conozcan recientemente ya que el contador se convirtió en una especie de doble agente que, por un lado, cooperaba con los agentes y, por el otro, alertaba a los investigados para frustrar la intención de las autoridades de detectar la comisión de delito.

Fuentes Fernández es un amigo del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia quien, a principios de 2020, ideó un esquema para beneficiarlo políticamente que consistió en crear dos organizaciones sin fines de lucro fatulas a las que donantes del gobernador dieron dinero por encima de los límites. Las organizaciones pasaron ese dinero al Super PAC Salvemos a Puerto Rico, por lo que los que aparecían donando eran las dos sin fines de lucro en vez de los individuos y entidades que realmente pusieron el dinero. El Súper PAC desplegó anuncios de campaña negativa en contra de la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, quien perdió las primarias frente a Pierluisi Urrutia.

“(Fuentes Fernández) estaba motivado por una preocupación sincera por el futuro político de Puerto Rico y por un deseo desacertado de ayudar a un amigo”, dijo su abogado, Peter Koski, en la solicitud para que quedara finalmente libre de su condena.

“Por tres años, entre 2020 y 2022, el convicto Joseph Fuentes Fernández acumuló mentiras sobre mentiras. Primero, se enfrascó en un esquema descarado para encubrir los donantes de un Super PAC que apoyaba a un candidato para la oficina ejecutiva principal en Puerto Rico, privando al público de su derecho a saber las identidades reales de los individuos y entidades que financiaban un comité político tan significativo. Segundo, después de que el convicto admitió el esquema y acordó cooperar con una investigación, filtró información a al menos un sujeto y efectivamente funcionó como un doble agente por la mayor parte de un año. Finalmente, repetidamente mintió a los agentes del gobierno sobre estos esfuerzos obstruccionistas y destruyó evidencia”, resumieron los fiscales en su oposición a la culminación temprana de la libertad supervisada.

El contador se declaró culpable en mayo de 2022 de falsificación como parte de una negociación con fiscalía federal. En agosto de ese mismo año, Laplante lo sentenció a 14 meses de cárcel y tres años de libertad supervisada después de consignar que la pena tenía que incluir cárcel por la conducta “escandalosa” del acusado.

Pero la moción de fiscalía desgrana que el convicto acabó cumpliendo nueve meses de cárcel (menos de la mitad de lo que había negociado con el gobierno), y que solamente ha cumplido 13 de los 36 meses del periodo de libertad supervisada. Precisaron que Fuentes Fernández se entregó a la cárcel el 26 de octubre de 2022 y salió el 10 de julio de 2023.

Al aprobar la solicitud del contador, Laplante solo indicó que fue persuadido por el argumento de que la libertad supervisada es, en sí, una forma de castigo también y que las circunstancias del caso no ameritaban que se siguieran usando recursos de la Oficina de Probatoria. Esta oficina, de hecho, no objetó la solicitud de Fuentes Fernández.

En su solicitud, el contador dice que tiene un hijo y dos nietos en Florida, así como a su madre de 84 años en Puerto Rico, los cuales interesaba visitar sin tener que obtener autorización de probatoria. “Perdió numerosos clientes del sector privado y ya no puede licitar en contratos federales”, añade al exponer que perdió su licencia de contador público autorizado tanto en Virginia como en la isla y que interesaba solicitar la reinstalación de las mismas una vez terminara su libertad supervisada.

La fiscalía federal insistió en que el historial del hombre requería mantenerlo bajo libertad supervisada, especialmente durante sus intentos de reactivarse en su práctica profesional.

Cuando se le confrontó con el esquema, decidió cooperar pero filtró información sobre las grabaciones encubiertas que se realizarían. Cuando se le confrontó con las filtraciones, admitió solo una pero negó otra y negó que hubiera destruido evidencia. Cuando se le confrontó con que habían más filtraciones y, por ende, había obstruido los intentos del gobierno por investigar su obstrucción, admitió que hubo más filtraciones y que había destruido mensajes de texto que contenían evidencia de sus filtraciones.

“El tribunal debe reconocer la necesidad de supervisión judicial continua del convicto en momentos en que reconecta con la comunidad profesional, dado su patrón de mentiras y engaño”, apuntó Justicia federal en causa perdida.

La historia del hombre de 64 años con Justicia federal no ha terminado. El contador fue el encubierto en el caso que enfrenta el banquero venezolano Julio Herrera Velutini. El caso contra éste abarca dos conspiraciones, una primera para sobornar a Vázquez Garced a cambio de control sobre la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, y otra de intentar sobornar a Pierluisi Urrutia con el mismo propósito una vez la exgobernadora perdió la primaria. La persona que contactó para entregarle un donativo ilegal para influenciar a Pierluisi Urrutia fue Fuentes Fernández. El juicio contra Herrera Velutini está pendiente y el contador podría ser llamado como testigo, si no por el gobierno, por el acusado.

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