Justicia federal limitó la cantidad de víctimas que serán identificadas para potencial compensación en el esquema para vender acero a sobreprecio.

El Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico autorizó un proceso mediante el que la División Antimonopolio del Departamento de Justicia federal notificará a las víctimas más grandes del “cartel” del acero en la isla para organizar una compensación potencial como parte del caso criminal contra dos exejecutivos de esa industria.

La jueza Gina Méndez Miró autorizó la orden que pidió Justicia federal después de que estos notificaran que el proceso tenía la aprobación también de los abogados de los exejecutivos Juan Carlos Aponte Tolentino y Edgardo Solá Colón.

Ambos se declararon culpables de ser parte de un grupo que controlaba el 70% de la importación de la varilla en Puerto Rico y que fijó artificialmente los precios de ese producto para lucrarse. Junto con un tercer ejecutivo que todavía no ha sido procesado, Francis García Haghverdian, se hacían llamar la “Cosa Nostra” y ejecutaron la conspiración de fijación de precios entre 2015 y 2022, incluyendo el periodo de reconstrucción después del azote de los huracanes Irma y María.

Al presentar los casos, los fiscales dijeron que la ganancia ilegal por vender a sobreprecio podría llegar a los $300 millones. Al pedir la orden para notificación a las víctimas, dieron detalles adicionales.

“A la fecha, usando los récords de venta de la compañía (de Aponte Tolentino), los investigadores han determinado que cientos de víctimas potenciales compraron varilla que estaban afectadas por la conspiración. Más de 160 víctimas potenciales compraron más de $100,000 en varilla de la compañía del convicto durante el periodo de la conspiración (incluyendo nueve clientes que compraron cada uno más de $1 millón en varilla), mientras que cientos más compraron en cantidades menores. Por ejemplo, más de 175 compañías compraron menos de $100,000 en varilla de la empresa del convicto”, precisó Justicia federal en su solicitud.

Lo que se aprobó es que sólo se van a notificar formalmente como víctimas a los que compraron más de $100,000. Los que compraron menos, tendrán información del caso y pueden hacer solicitudes para participar del proceso, pero no serán notificados proactivamente por el gobierno debido a que en este caso se está aplicando la disposición de ley de que no hay que notificar víctimas si se entiende que determinar la pérdida de cada uno puede ser muy complejo o atrasar el proceso.

“Debido a que los investigadores no han determinado la cantidad precisa de pérdidas que un cliente en particular pueda haber sufrido en la conspiración de fijación de precios, las compañías que compraron varillas se identifican como víctimas ‘potenciales’ del esquema”, añadieron al adelantar que en unos 28 días deben tener listo un informe sobre las víctimas el caso.

Según documentos del caso, el precio de la varilla era $25.50 el quintal cuando comenzó la conspiración en 2017 y llegó a $54.00 cuando terminó en 2022. Hay una demanda civil activa que tiene la intención de certificar una clase para obtener compensación para todos los clientes de las empresas. Ese es un proceso separado e independiente al proceso criminal.

Los ejecutivos que se han declarado culpables no han sido sentenciados todavía. En esa vista se podría fijar una orden de restitución que vaya para las víctimas.

La demanda identificó a los ejecutivos y a las empresas involucradas. La de Aponte Tolentino era Aceros de América, Inc.; las de Solá Colón eran Carolina Building Materials, Inc. y Carolina Building LLC; y la de García Haghverdian, Steel Services & Supplies, Inc. Tanto Aponte Tolentino como Solá Colón ya no están en esas empresas.

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Vea:

Culpable otro ejecutivo del “cartel” del acero