Justicia federal procesó a un segundo ejecutivo puertorriqueño por monopolizar la importación del acero en la isla para lucrarse.

Edgardo Solá Colón es el segundo ejecutivo de la industria de la construcción que se declara culpable de ser parte de un grupo que se hacía llamar “La Cosa Nostra” y que encarecieron el precio de la varilla entre 2015 y 2022 mediante una conspiración para fijar precios artificialmente.

La vista de aceptación de culpa se registró el viernes pasado ante la jueza federal de recién nombramiento, Gina Méndez Miró, quien fijó vista de sentencia para 16 de diciembre y, sin objeción de las partes, permitió que el residente de Toa Alta permaneciera en libertad sin fianza hasta entonces.

Según los hechos del caso, restaría un ejecutivo por declararse culpable de los que integraron lo que ha sido caracterizado como un “cartel” por la División Antimonopolio del Departamento de Justicia federal. No han ocurrido procesamientos todavía contra ninguna empresa.

Justicia federal solo ha identificado a Solá Colón y al primer procesado, Juan Carlos Aponte Tolentino. Una demanda civil de clase que busca recobrar hasta el triple de las ganancias ilegales que se adjudiquen al esquema identificó al tercer involucrado como Francis García Haghverdian, de la empresa Steel Services & Supplies, Inc. Aponte Tolentino era ejecutivo de Aceros de América, Inc. y Solá Colón lo era de Carolina Building Materials, Inc. y Carolina Building LLC.

El volumen de negocio relacionado con la conspiración atribuible a Solá Colón es unos $50 millones, pero Justicia federal estimó que la ganancia ilegal puede llegar hasta los $300 millones. El precio de la varilla era $25.50 el quintal cuando comenzó la conspiración en 2015 y llegó a $54.00 cuando terminó en 2022. En ese periodo el tráfico de ese producto incluía material adquirido durante la reconstrucción del país tras los huracanes Irma y María.

Los miembros del “cartel” controlaban el 70% de la distribución de varilla en la isla, un producto importado principalmente de Turquía y República Dominicana. La conspiración se ejecutó mediante mensajes por WhatsApp y reuniones presenciales en las que acordaban fijar un precio que todos ofrecían al público. Esa cantidad no tenía que ver con la competencia entre empresas y las condiciones del mercado sino con el deseo de ganancia de los ejecutivos.

El abogado de Solá Colón, Juan F. Matos de Juan, negoció un acuerdo de culpabilidad que expone al ejecutivo a entre 18 y 24 meses de cárcel. El delito conlleva hasta 10 años en prisión y $1 millón en multa.

NotiCel publicó hace dos semanas que Solá Colón y las dos empresas en las que fue ejecutivo mantuvieron una pugna legal en los tribunales de Puerto Rico con el hombre reclamando que fue despedido injustificadamente y las entidades sosteniendo que usó su posición para lucrarse al generar negocio para otras compañías que controlaba con su esposa. Las reclamaciones mutuas terminaron con una transacción fuera del tribunal.

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