Imputaciones contra la fiscalía de parte de un abogado de Donald Trump, que se unió a la defensa del banquero Julio Herrera Velutini, revelaron grietas en los equipos de defensa de los tres acusados.

La jueza federal Silvia Carreño Coll consignó ayer que está dando consideración “seria” a posponer el juicio de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y su coacusado, el banquero Julio Herrera Velutini, lo que también conlleva la posibilidad de que el proceso sea fraccionado y ella vaya a juicio sola primero que él.

Si esto ocurre, sería el segundo fraccionamiento que sufre el caso que comenzó hace dos años, el 3 de agosto de 2022, y en el que se acusa a Herrera Velutini de sobornar a Vázquez Garced dándole apoyo en su campaña primarista de 2020 a cambio de que destituyera al entonces comisionado de Instituciones Financieras y lo sustituyera con un consultor del banquero. También se le acusa de intentar sobornar al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia a través de su amigo, el convicto recaudador político Joseph Fuentes Fernández.

Ya la jueza había decidido que el caso se dividiría para que la exgobernadora, el banquero y el exagente federal Mark Rossini fueran a juicio por los hechos que la implican a ella, y que el banquero fuera a un segundo juicio en otro momento solo por los hechos que tienen que ver con Fuentes Fernández. El primer juicio está pautado para el 21 de enero.

La posibilidad de que el proceso se atrase, o vuelva a fraccionarse para dejar a Vázquez Garced en un juicio sola, surgió durante una vista ayer en la tarde durante la que quedó claro que las controversias por el volumen de evidencia que la fiscalía ha entregado resquebrajaron a los tres acusados en cuanto a sus estrategias de defensa.

La defensa de Vázquez Garced lleva meses planteando que está lista para ir a juicio y que quiere hacerlo cuanto antes. Uno de sus abogados, Luis Plaza Mariota, habló poco en la vista, pero lo poco fue suficiente para establecer un contraste dramático entre el principio del caso y ahora. Ante una insinuación de la defensa de Herrera Velutini de que la fiscalía había estado “enterrando” evidencia exculpatoria en las millones de páginas de material que estaban entregando, Plaza Mariota planteó que “si (esos abogados) quieren atacar a los fiscales, entonces que radiquen una moción y tiren pa’lante… estarán cometiendo suicidio”.

Previo a la radicación del caso hace dos años, Plaza Mariota provocó titulares cuando aseguró que los fiscales estaban “bien motivados a meterle un tiro en el pecho a mi cliente”. Luego de la acusación, la exfuncionaria hacía expresiones regulares en sus redes sociales sobre el caso y sus abogados pidieron sin éxito que se les excluyera de la orden de mordaza que está vigente. En vistas de status subsiguientes, el abogado llevó la voz cantante sobre el volumen de la evidencia y la forma supuestamente desorganizada en la que los fiscales la entregaban. En la vista de ayer, sin embargo, Plaza Mariota aseguró que “no vamos a unirnos a cualquier ataque a la fiscalía” y le argumentó a la jueza que cuando los fiscales hagan la delimitación de qué de todo eso que han entregado es lo que de verdad se va a usar en juicio “este caso gigante se va a encoger… (al fiscal) le tomará cuatro o cinco días (presentar evidencia) y yo me voy a tomar tres o cuatro días”.

El detonante de la discusión sobre posposición o fraccionamiento del juicio fue la intervención de Christopher Kise, un abogado nuevo en el grupo de Herrera Velutini que también representa al expresidente Donald Trump en un caso civil de fraude en Nueva York y en su caso criminal por retención ilegal de documentos presidenciales.

“Estamos corriendo a una fecha de juicio con asuntos significativos todavía pendientes”, dijo Kise como embocadura para entonces indicar que Justicia federal les ha entregado millones de páginas en descubrimiento de prueba y que por las responsabilidades éticas de los abogados para con sus clientes tienen que examinarlo todo en preparación para el juicio.

Las entregas más recientes son sobre los teléfonos celulares de dos testigos cooperadores, Frances Diaz Fosse, la expresidenta del banco de Herrera Velutini en la isla, Bancrédito International Bank & Trust, y John Blakeman Ortiz, exasesor de Vázquez Garced para su campaña primarista. Añadió que han encontrado material que sería exculpatorio y que el gobierno no se los identificó como tal. Para el abogado, eso solo podía deberse a una de dos cosas, o los fiscales dijeron “vamos a esconder esto… o simplemente se les pasó”. También, mencionó que el fiscal jefe para Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, pudo haber hecho declaraciones en conferencia de prensa que “tergiversaron la evidencia”. El funcionario estaba en sala durante la vista.

“Usted está haciendo unas acusaciones bien serias esta tarde”, le advirtió la jueza. “No tengo razón para creer que estos fiscales, oficiales de la corte, han enterrado nada”, añadió.

Después de que Plaza Mariota interviniera para distanciarse de Kise, el abogado de Rossini, Michael Nadler, se paró y dijo que “no estoy de acuerdo con nada de lo que dijo Plaza”. Tampoco suscribió las alegaciones de Kise, pero resaltó que el material es tan voluminoso que puede que ni los fiscales sepan qué es lo que están entregando. Sobre esto, de hecho, el fiscal Ryan Crosswell admitió que pasan el material a los abogados tan pronto lo reciben de un equipo separado, pero del mismo gobierno, que está filtrando todas las piezas que puedan ser comunicaciones privilegiadas.

Crosswell ripostó también que el material de teléfonos celulares se les entrega de una manera que puedan buscar por palabras claves y que los abogados conocen cuáles son los personajes e imputaciones en el caso, por lo que pueden hacer búsquedas limitadas a eso, pero que si se ponen a mirar cada foto que hay en los teléfonos, entonces tardarán. Aclaró también que Herrera Velutini puede estar causándole atraso a sus coacusados porque parte del material tiene que ir primero a él ya que, como presidente de Bancrédito, puede tener privilegios que reclamar sobre esas comunicaciones.

En el juicio contra Vázquez Garced, el gobierno no presentaría el testimonio de Fuentes Fernández ni material clasificado oficialmente como confidencial por motivo de seguridad nacional, pero todavía quedan controversias por resolver sobre ambas cosas.

Los abogados de Herrera Velutini y Rossini se unieron a una solicitud de posponer el juicio, incluyendo que Vázquez Garced vaya primero sola, y Crosswell admitió que, aunque prematuro, eso podría ser algo a decidir más cerca de la fecha del 21 de enero.

La jueza pautó una vista de seguimiento el 26 de septiembre, tras la cual decidiría sobre la posposición.

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