Enfrenta 110 cargos por violar el Código de Rentas Internas al presentar planillas fraudulentas, 88 cargos de apropiación ilegal agravada, tres cargos de fraude y un cargo de falsedad ideológica.

Una investigación del Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda puso al descubierto y detuvo un esquema ilegal que implica la presentación de más de 700 planillas de contribución sobre ingresos fraudulentas y provocó la pérdida de siete millones de fondos públicos.

Tras culminar el proceso investigativo, como parte de una alianza entre ambas agencias para combatir el fraude y la evasión contributiva, la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia formuló 202 cargos contra la imputada de perpetrar el esquema, identificada como Annette Castro Méndez, quien se desempeñaba como contadora y especialista de planillas registrada en el Departamento de Hacienda.

Según evidenció la investigación, en el año 2022, Castro Méndez ofrecía a sus clientes llenar las planillas de contribución sobre ingresos garantizando la devolución de dinero en concepto de reintegros. Para esto, la especialista de planillas elevaba sustancialmente los gastos médicos y donaciones incluyendo información falsa sobre instituciones de salud y organizaciones sin fines de lucro.

La pesquisa también reveló que Castro Méndez generó más de $265,000 en ingresos tributables por servicios de contabilidad, pero tampoco los reportó en sus planillas de contribución sobre ingresos del 2019 al 2022.

La imputada enfrenta 110 cargos por violar el Código de Rentas Internas al presentar planillas fraudulentas, 88 cargos de apropiación ilegal agravada, tres cargos de fraude y un cargo de falsedad ideológica.

“El fraude contributivo es un delito grave que impacta a todos los ciudadanos y afecta la calidad de vida de las poblaciones vulnerables en la Isla, pues dependen de programas gubernamentales para obtener servicios esenciales. Por tal razón, el Departamento de Justicia procesa estos delitos como prioridad. A través de nuestra alianza con el Departamento de Hacienda, los fiscales de la División de Delitos Económicos, liderada por la fiscal María Teresa Carro Lahongrais, investigan y presentan los casos de fraude contributivo ante los tribunales con el rigor y la pericia que ameritan. Este esquema provocó una pérdida millonaria de fondos públicos que le pertenecen al pueblo puertorriqueño, por lo cual la imputada enfrentará graves consecuencias”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Nelson Pérez Méndez, expresó que “este referido por el Departamento Hacienda, que hoy culmina con la radicación de cargos, es producto de las gestiones de fiscalización que realiza el Departamento de Hacienda durante y después del procesamiento de planillas. La imputada faltó a sus deberes y responsabilidades como especialista en planillas al declarar información falsa y fraudulenta en los encasillados de donativos a organizaciones sin fines de lucro que, según la investigación, no fueron realizados y gastos médicos en los cuales los contribuyentes no incurrieron, alterando la responsabilidad contributiva de sus clientes. Además, omitió ingresos en su planilla de contribución sobre ingresos. Estos actos son totalmente repudiables y no solo defraudan al estado, sino a todos los puertorriqueños. En el Departamento continuaremos fiscalizando y atentos a toda acción que pretenda defraudar el sistema contributivo y vaya en contra de los mejores intereses del estado y de todos los contribuyentes. Este es otro paso en la dirección correcta para detectar y detener el incumplimiento contributivo”.

El funcionario recordó y recomendó a los ciudadanos revisar su planilla antes de someterla, ya que el desconocimiento no los exime de cumplir con su responsabilidad contributiva. De igual forma, aseguró que, ya radicado los cargos, el Departamento de Hacienda realizará las gestiones de cobro conforme al Código de Rentas Internas. Asimismo, indicó que el Departamento suspenderá la inscripción como especialista en planillas de la acusada y aplicará las sanciones administrativas, según establece el Código de Rentas Internas y los reglamentos aplicables, que van desde multas hasta la revocación de la inscripción.

Realizó otros tipos de fraude

Los cargos presentados contra Castro Méndez incluyen otras modalidades de fraude, que fueron detectadas por las fiscales Yolanda Rodríguez Torres, Rosa Molina Pérez y Josenid Orozco Velázquez en el curso de la investigación del Departamento de Justicia, que se originó en el Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda.

Desde el año 2019 al 2021, la imputada se apropió ilegalmente de depósitos del Departamento de Educación, ascendientes a $70,000 aproximadamente, correspondientes al salario de una empleada que había fallecido en el 2018.

Además, para los años 2020 y 2021, Castro Méndez solicitó y recibió sobre $40,000 del Departamento del Trabajo por los beneficios de desempleo bajo el programa Pandemic Unemployment Assistance (PUA). Esta indicó en su solicitud que, por motivo de la pandemia del covid-19, se vio obligada a cerrar su negocio. Sin embargo, la investigación reflejó que para esos años Castro Méndez continuó trabajando como especialista de planillas y tuvo ingresos considerables, por lo que no le correspondía solicitar los beneficios del PUA.

“La imputada incluyó información falsa en documentos gubernamentales, apropiándose nuevamente de fondos públicos”, puntualizó la directora de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia.

La jueza, Iraida Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó anoche causa para arresto contra la imputada y le fijó una fianza global de $23, 200.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 20 de agosto.

Pero el colegio de CPA dice que la acusada no es contadora autorizada

La presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA), Edmy Rivera, dijo esta mañana que Castro Méndez no es contadora pública licenciada.

"Es importante aclarar que esta persona no está registrada en nuestra institución como contadora pública autorizada. La Ley de Contabilidad Pública de 1945 (Ley 293), según enmendada, establece que 'ninguna persona asumirá o usará el título o la designación de Contador Público Autorizado o la abreviatura CPA, ni ningún otro título, designación, palabra, letras abreviaturas, rótulos o tarjetas tendentes a indicar que tal persona es Contador Público Autorizado, a menos que dicha persona haya recibido un certificado como contador público autorizado bajo la Sección 3 de dicha Ley'”, indicó Rivera en declaraciones escritas.

"En el CCPA promovemos los más altos estándares profesionales y éticos para la práctica de la contabilidad pública en Puerto Rico. Exhortamos a los ciudadanos a visitar el Directorio de Firmas y Practicantes Independientes en nuestra página web (www.colegiocpa.com) para validar de manera gratuita y fácil quiénes están licenciados en Puerto Rico para ejercer como contadores públicos autorizados”, expresó.