Tumban demanda de Waste Collection contra Cidra por desobedecer al tribunal
La empresa del convicto contratista Oscar Santamaría Torres quería que el municipio le pagara millones por cancelarle el contrato de recogido de desperdicios sólidos.
La empresa Waste Collection Corp. (WC), desde la cual el convicto Oscar Santamaría Torres desarrolló un imperio de contratos municipales que incluyó sobornos a alcaldes y otro personal, perdió su oportunidad de desquitarse por la cancelación de su contrato en el municipio de Cidra, debido a que desobedeció las órdenes del tribunal y una jueza le desestimó la reclamación.
Cidra es la cuna de WC y de la carrera de Santamaría Torres como contratista de desperdicios sólidos en los municipios. Como abogado, en 2012 Santamaría Torres fue miembro del comité de transición entrante del exalcalde penepé Javier Carrasquillo Cruz. Allí recibió información sobre las finanzas del municipio y sobre el acuerdo de desperdicios sólidos que estaba vigente. Como asesor de Carrasquillo Cruz, abogó porque se cancelara ese contrato, creó WC, presentó una propuesta para ser nuevo suplidor del servicio de recogido de basura y negoció con el municipio el primer contrato de muchos que WC tuvo. Además, consiguió que el ayuntamiento le diera a WC un decreto de exención contributiva municipal.
El contrato de WC correría de 2014 a 2021, pero en 2020, año de elecciones, Carrasquillo Cruz personalmente cabildeó en la legislatura municipal para extenderlo hasta el 2031 y quitarle así la discreción que hubiera tenido el próximo alcalde para renovarlo o no. Ese próximo alcalde fue el popular Ángel David Concepción González, quien en junio de 2021 canceló el contrato haciendo referencia a la investigación federal en contra de Santamaría Torres. En ese momento, la pesquisa eran solo comentarios, pero luego el abogado se declaró culpable, no sin antes que WC demandara al municipio reclamando $24.7 millones equivalente al pago que recibiría en el remanente del contrato, $6.7 millones por “daños por cumplimiento” y $1 millón por difamación.
Como riposta, el municipio contrademandó para que el tribunal decretara que podía cancelar el contrato tan solo dando un aviso de 30 días, que también podía hacerlo debido a la conducta criminal de Santamaría Torres, a quien también demandó.
El martes, la jueza superior Evyanne Marie Mártir Hernández desestimó completamente la demanda de WC porque la empresa desobedeció 24 órdenes del tribunal y no pagó $300 en sanciones que el tribunal le había impuesto por dicho incumplimiento. Las órdenes era principalmente para que se viabilizara la deposición de Santamaría Torres, de su esposa, Noelia Santos Rodríguez y de la abogada Danette Rosario Diaz, vinculada con los negocios del convicto.
“Tanto Waste como el Sr. Santamaría han incurrido en una conducta indiscutiblemente irresponsable, negligente, contumaz, de manera intencional y de mala fe han incumplido con 24 órdenes del Tribunal… resulta evidente que Waste obstaculizó de manera crasa el descubrimiento de prueba, resultando en que el Municipio y el Alcalde no pudiese obtener la información necesaria y pertinente para defenderse de las alegaciones en su contra”, expuso la jueza al explicar que WC solo proveyó la información de Santamaría Torres tres días antes de que fuera sentenciado en el foro federal, cuando ya era muy tarde para acordar una deposición antes de su ingreso a prisión.
Santamaría Torres está pautado para extinguir su condena de 30 meses el 18 de junio de 2026.
“Waste ha incurrido en una temeridad crasa y poco ética, por lo que solo procede desestimar todas las alegaciones de la Demanda”, concluyó la jueza, quien mantuvo vivas las demandas del municipio contra WC y Santamaría Torres, así como que le impuso un pago adicional a la empresa de $5,000 por concepto de los honorarios del abogado del municipio debido a la “crasa temeridad” que demostró en el pleito.
El martes, el Departamento de Justicia demandó a Santamaría Torres y a una veintena de convictos de corrupción para recuperar el dinero público malversado en sus esquemas ilegales. En el caso del abogado, se le reclaman $1,170,000 junto al exalcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, por el esquema de sobornos que protagonizaron en ese municipio con los contratos de WC.
Vea:
Exalcalde de Cidra fue instrumental en propagar esquema corrupto