El Tribunal Apelativo sostuvo la multa que la Oficina de Ética le impuso a la delegada congresional por no someter su informe financiero.

La delegada congresional Melinda Romero Donnelly tendrá que pagar una multa de $5,000 que le impuso la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por no someter sus informes financieros, determinó el Tribunal de Apelaciones el martes.

La decisión es el giro más reciente en la lucha de resistencia que ha tenido la funcionaria pública contra someterse a la regulación de la OEG porque entiende que su cargo de delegada congresional no es uno de los incluidos en la jurisdicción de esa agencia.

“[T]iene el deber de someter informes financieros, declarando, bajo juramento, que la información allí contenida es cierta, correcta y completa”, concluyó el tribunal al sostener la multa.

“(La OEG) tenía justa causa para solicitar la presentación de informes financieros a la recurrida y demás delegados congresionales. Lo anterior, en consideración a que dichos servidores públicos son electos y trabajan a tiempo completo y tienen la facultad de obligar al erario por otros conceptos y partidas diferentes a sus salarios. En segundo lugar, (someter el informe) no interfiere con el ejercicio de los derechos fundamentales de la Sra. Romero Donnelly. Más aun cuando, en su recurso (contra la OEG), la recurrente no menciona cuál es el derecho fundamental que, a su juicio, le violenta (la obligación de someter informes financieros)”, explicó el tribunal.

La imposición de la multa ocurrió después de que, en al menos dos ocasiones, la OEG intentara informalmente que Romero Donnelly sometiera sus informes y pagara una multa de $100 y de $500.

Los seis delegados congresionales reciben salario de $90,000 y reembolso de gastos por hasta $30,000 anuales. Además de la resistencia de Romero Donnelly a someter el informe financiero, la delegación ha confrontado problemas con el requisito en su ley de someter informes trimestrales de gestión.

Ante el Tribunal Supremo están pendientes el caso que busca la destitución de la delegada Elizabeth Torres por no someter sus informes y otro en el que la delegada Zoraida Buxó busca evitar someter información que le pidieron auditores de la OEG sobre su puesto público y su trabajo privado como abogada.

Se supone que los delegados trabajen para adelantar la estadidad en la capital federal. Sus términos vencen el 31 de diciembre de este año.