El tribunal justificó su decisión de paralizar las pruebas de inmediato, la que luego revirtieron, indicando que la empresa que perdió les había ocultado información sobre su actuación en el proceso.

El Tribunal de Apelaciones avaló el proceso que siguió el Departamento de Educación (DE) para adjudicar a la empresa Pearson PEM PR, Inc. el contrato para administrar las Pruebas de Cernimiento, Revisión y Evaluación Continua del Estudiante (CRECE), que son un requisito para la asignación de fondos federales.

La controversia saltó a la opinión pública hace dos semanas cuando el tribunal ordenó la paralización de las pruebas justo el día en que estaban pautadas para comenzar. Esto fue a solicitud de la compañía que perdió el proceso de evaluación de propuestas en el DE, Learn Aid LLC.

La paralización provocó alarma por la posibilidad de que las pruebas no se realizaran este año y se pusieran en peligro los fondos federales. La Oficina del Procurador General (OPG) presentó una solicitud “urgentísima” para revertir la paralización por los “daños irreparables” que podía causar, y el foro revisor cambió curso y retiró la orden, por lo que las pruebas quedaron reprogramadas para entre el 13 de mayo al 5 de junio.

Hubo múltiples denuncias públicas sobre las pruebas tampoco comenzaron a tiempo el 13 de mayo, pero la agencia dijo ayer que se han administrado en un 91% y siguen pautadas para culminar el 5 de junio.

En su sentencia de ayer, los jueces aluden a que Learn Aid no les dijo en su solicitud de paralización que habían intentado renegociar con el DE la parte de los costos de su propuesta después de la adjudicación, pero no se explica qué tuvo que ver ese hecho con la paralización de las pruebas.

“[F]ue totalmente improcedente de Learn Aid intentar, en etapa de reconsideración, hacer una nueva negociación, actuación que no indicó en su solicitud de Revisión Administrativa que aquí atendemos, aunque surge de su Solicitud de Reconsideración presentada ante el DE”, indicaron los jueces.

Al decidir la controversia mediante otorgar deferencia a la agencia para llevar a cabos su proceso de adjudicación, el tribunal descartó las quejas de Learn Aid sobre el supuesto acomodo que se la había hecho a su competidor para que cumpliera con documentos financieros con los que supuestamente no cumplía. También, el foro resaltó la diferencia de costos entre una propuesta y otra, que fue lo que el DE resaltó cuando reaccionó a la paralización de las pruebas.

La sentencia apunta a que el DE otorgó puntuación perfecta a Pearson en cuanto a capacidad técnica “dado que su experiencia previa incluye el uso de una plataforma en línea con más de 70,000 estudiantes simultáneos”.

“El aspecto de la evaluación técnica presentada por Pearson obtuvo un 100% y ello unido a que Pearson, al que se adjudicó el contrato, presentó una oferta cuyo costo para el primer año es de $14,734,506.00 y un costo total de $65,812,398.00 para los cinco años del proyecto, mientras que la propuesta de Learn Aid fue de $20,595,000.00 para el primer año y un costo total propuesto a cinco años de $99,687,500.00, permite considerar correcta la decisión de que la propuesta se debía adjudicar a Pearson. Por ello se debe confirmar el Aviso de Adjudicación aquí impugnado”, concluyó el apelativo.

Los jueces que atendieron el caso son Roberto Rodríguez Casillas, Eric Ronda del Toro y Carlos Salgado Schwarz. Learn Aid y otras tres corporaciones con contratos públicos comparten como presidente a Roberto de Jesús Juarbe y como representante a Steven Joseph Delgado Hernández. Este último aparece registrado como donante del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

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Vea:

Reinstalan las pruebas CRECE para evitar “daño irreparable” a los estudiantes

Detrás de paralización de pruebas CRECE, un pulpo de contratos públicos