El imputado de degollar a una mujer en Manatí había pedido al tribunal federal que lo dejara en libertad porque un asesinato que cometió en 2005 era solo “pasional” y no conllevaba cárcel.

Antes de desatar una retahíla de demandas contra el gobierno de Puerto Rico y el suplidor privado de servicios médicos correccionales, el confinado Hermes “Harry” Ávila Vázquez intentó que el tribunal federal revisara su sentencia y lo dejara en libertad porque el feminicidio del que se declaró culpable, a su modo de ver, fue solo “pasional” y no conllevaba pena de cárcel.

Ávila Vázquez está detenido por no poder prestar una fianza de $4 millones que se le impuso el 22 de abril, cuando se le encontró causa para arresto por denuncias de asesinato relacionadas con Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, quien apareció el día antes en el área de la playa Los Tubos de Manatí, degollada y semidesnuda. El vehículo de la mujer fue encontrado cerca estrellado contra un poste.

Su caso mantiene la lupa sobre el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y su suplidor privado de servicios médicos, Physician Correctional, porque el hombre se supone que estuviera preso cumpliendo condena de 122 años por el feminicidio de Celia López García, de 28 años, en 2005. Pero, en vez, estaba libre desde el 19 de abril de 2023 con un pase extendido reservado para personas con enfermedad terminal que se le concedió bajo la Ley 25 de 1992.

Sea por cargos por los que se declaró culpable o cargos que no prosperaron, al hombre de 52 años se le vincula con la muerte de cinco mujeres. Todas degolladas. Además, está en el Registro de Ofensores Sexuales por tres casos distintos, el de López García, otro de tentativa de violación, sodomía y restricción a la libertad y un tercero de actos lascivos.

No se sabe qué enfermedad terminal los médicos de Physician Correctional certificaron que tenía y que el DCR aceptó para conceder el pase, pero sí que hay documentos en los que se le diagnostica paraplejia, o parálisis de la mitad inferior del cuerpo. Sin embargo, videos tomados tras su arresto por el asesinato de Meléndez Vega lo muestran caminando sin ayuda.

Además, Luis “Egui” Cardona, dueño del negocio De Aquí Pa’ Dónde en Vega Baja y lugar donde el imputado trabajaba ocasionalmente, dijo a NotiCel que lo vio progresar de necesitar silla de ruedas a poder usar un bastón. Tanto Ávila Vázquez como Meléndez Vega estuvieron en el negocio la noche antes del asesinato de esta, pero por separado.

La solicitud de ‘habeas corpus’ que Ávila Vázquez sometió al tribunal federal el 29 de abril de 2008 fue para que se revisara la sentencia de 122 años que el juez Rubén Torres Dávila le impuso tras declararse culpable por el asesinato de López García.

Según reportes, los hechos de ese caso fueron que la madre de dos niños salía del centro comercial Las Catalinas Mall en Caguas tras comprar un bizcocho para el cumpleaños de su esposo. Ávila Vázquez la estaba acechando, la interceptó, ganó acceso a su minivan, la degolló, ultrajó el cadáver y le regó frosting del bizcocho en la cara.

En su petición federal, Ávila Vázquez dijo que ese asesinato y agresión sexual, por el que se declaró culpable, fue “pasional, pero la corte no lo vio de esa manera”. “Mis abogados me prestaron una mala e inadecuada representación legal y saben que el caso era pasional y no conllevaba la pena”, añadió escribiendo “pacional” en vez de “pasional”.

Aceptó que robó el vehículo de la mujer, pero dijo que los demás cargos fueron “fabricados”. “El día 5 de febrero de 2005, yo y la Sra. Celia López García tuvimos una fuerte discusión. Ella era casada y tenía su esposo, yo era casado y tenía mi esposa, pero Celia López y yo manteníamos una relación sentimental y sexual por (9) meses y ese día yo me encontraba en estado de embriaguez y en medio de una discusión, la asesino, voy al cuartel y me entregué y cooperé en todo momento”, dijo en una parte del documento. En otra sección alega que el asesinato fue “un caso en defensa propia”. Y, aunque confiesa el asesinato y da una versión del mismo, en el mismo escrito también sostiene que es inocente del asesinato.

“He sufrido mucho inocentemente en prisión por casos fabricados”, dijo al foro federal. El fenecido juez Salvador Casellas desestimó la petición el 30 de mayo de 2008 sin entrar en los méritos porque el confinado nunca contestó las notificaciones de deficiencias en formato que tenía su solicitud.

En los documentos que incluyó como anejos, hay dos cartas que le escribió la oficina del asesor legal de La Fortaleza en 2007 indicándole que las quejas que había presentado por fabricación de casos y brutalidad policíaca habían sido referidas al Negociado de Investigaciones Especiales. En el escrito, el convicto alegó que había sometido recursos en el tribunal local sin éxito.

Desde ese recurso en 2008, la próxima acción legal formal que se conoce de Ávila Vázquez es que, como reveló NotiCel la semana pasada, en el 2016 intentó que el DCR le diera el pase extendido por condición de salud. Pero en ese momento se le denegó porque su caso “no era meritorio” ya que no tenía una condición que le fuera a causar la muerte de manera inminente. Ávila Vázquez sostenía que sus problemas médicos fueron por una caída que sufrió mientras laboraba en el mismo penal y había sido operado por ello.

Después de que se le denegara el pase en 2016, el confinado desató unas 15 acciones legales contra la agencia y el proveedor médico entre 2018 y 2023, año en que entonces se le concede el pase que se le había negado en 2016.

El DCR separó de su posición a una enfermera que supuestamente tuvo una relación con Ávila Vázquez y tanto esa agencia como Physician Correctional dijeron haber iniciado investigaciones sobre el pase extendido que se le concedió en 2023. Pero hay presión pública para que el Departamento de Justicia inicie su propia investigación criminal sin esperar por esas y la familia de Meléndez Vega adelantó que explora la alternativa de demandar al gobierno para responsabilizarlo por su muerte, debido a que entienden que al convicto no de le debió conceder el pase en 2023.

Según el DCR, hay 21 convictos que disfrutan de un pase bajo la misma ley que cobijaba a Ávila Vázquez. Como parte de los cuestionamientos sobre el pase de este, la secretaria Ana Escobar ordenó que todos se mantuvieran detenidos en sus hogares, pero la funcionaria no ha dado detalles del expediente del hombre. Los dueños de Physician Correctional son donantes del Partido Nuevo Progresista y ya el contrato había sido objeto de llamados legislativos para que fuera cancelado.

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