Los agentes, de quienes el Comisionado de la Policía dijo que estaban “con Dios”, están defendidos en una demanda federal por el mismo Departamento de Justicia que los intenta procesar por el asesinato de joven de 16 años.

El Departamento de Justicia (DJ) está reevaluando su decisión de darle representación legal en una demanda civil federal a los mismos policías que esta semana intentó procesar criminalmente por el asesinato del joven de 16 años Javier Antonio Cordero Nevárez en 2022.

Loa agentes Giovanny Santiago Avilés, Roseanne Ruiz Cisneros, Kelvin Omar Meléndez Monsegur, Paola Farías Santiago y otros seis oficiales policiacos enfrentan una demanda civil desde el año pasado en la que la madre del joven, Sheila Nevárez Chiclana, reclama una compensación monetaria por lo que entiende fue la “ejecución” de su hijo a manos de la Policía.

El 1 de agosto de 2022, Cordero Nevárez conducía una guagua que supuestamente había sido reportada como robada. Los uniformados lo persiguieron hasta una calle sin salida en Puerto Nuevo donde, con la justificación de que supuestamente el joven iba a impactarlos con el vehículo, le dispararon 60 veces y lo mataron. Cordero Nevárez, un estudiante de Educación Especial, estaba desarmado.

En una moción radicada ayer, Justicia dijo a la jueza Camille Vélez Rivé que la investigación criminal de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) contra los agentes era confidencial, por lo que su desarrollo y conclusión se desconocía hasta que se presentaron las denuncias el miércoles pasado.

La jueza municipal Iraida Rodríguez Castro desestimó las denuncias de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas al determinar no causa para arresto, pero el DJ pidió una vista de causa para arresto en alzada que se llevará a cabo el 30 de abril.

Se supone que los agentes demandados contestaran la reclamación de Nevárez Chiclana el viernes, 19 de abril. Pero Justicia planteó a la jueza federal en la moción que paralice el caso, o por lo menos le conceda 60 días más para contestar, porque la radicación de cargos criminales coloca al departamento en medio de un conflicto de intereses ya que, por un lado quiere procesar penalmente a los agentes y, por el otro, los defiende en una reclamación civil, estando ambas cosas relacionadas con el mismo hecho.

Es una disyuntiva “de lo más irregular”, afirmó Justicia en la moción.

La agencia había determinado concederle representación legal en la demanda federal bajo la llamada Ley 9, un estatuto que permite que el dinero público se use para pagar la defensa, y las sentencias monetarias, de funcionarios acusados por violaciones de derecho civiles. Otro juez federal, Francisco Besosa, ha emitido decisiones en las que critica ese mecanismo y, a petición de NotiCel, ordenó divulgar información que comprueba que el gobierno ha pagado $15 millones en 10 años por casos en los que ha concedido ese beneficio.

Según la moción, con la radicación de querellas criminales, ahora se abre un proceso administrativo para posiblemente retirarle el beneficio de Ley 9 a los agentes. En ese proceso, los agentes tienen derecho a intentar rebatir dicha revocación del beneficio.

“Los demandados están muy conscientes de que esta solicitud es inusual y extraordinaria, pero las circunstancias descritas en esta moción sobre los codemandados que enfrentan cargos criminales en la jurisdicción local no tienen precedentes y justifican totalmente tomar pasos particulares para asegurar apropiadamente los derechos de todas las partes involucradas”, planteó el departamento a la jueza federal.

Aunque todavía el proceso criminal contra los agentes está vigente por el señalamiento de vista de causa para arresto en alzada, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, dijo en declaraciones escritas sobre este caso que Dios está con los policías.

“Dios está con cada uno de mis policías, poniendo en claro nuestro deber al que nos enfrentamos día a día, persiguiendo el delito para proteger vidas y propiedades, incluyendo la nuestra. Seguimos adelante haciendo lo que nos toca, proteger a Puerto Rico”, expresó.

Por su parte, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, también hizo una declaración escrita y, sin opinar de qué lado estaba Dios en este caso, afirmó que el gobierno estaba del lado de la madre y familiares del joven.

“Tras examinar minuciosamente la totalidad de la prueba de lo que ocurrió la noche de los hechos, el equipo investigador concluyó que no se justificaba el uso de armas en la intervención y que la escena no era compatible con una actuación en legítima defensa… nuestra solidaridad con la madre del joven Javier Cordero Nevárez y sus familiares. Esperamos hacerle justicia”, dijo.

Además de los cuatro policías mencionados, la demanda que presentó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés) en nombre de Nevárez Chiclana incluye a Luis Vélez Mari, Carmen Cacho, Félix de Jesús Flores, el sargento Ángel Alicea (todos estos de la División de Vehículos Hurtados de Carolina), y tenientes coroneles Gerardo Oliver y Roberto Rivera Miranda, de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales.

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