Diferencia entre cargos que sobrevivieron y cargos desestimados en la vista preliminar contra alcalde suspendido de Ponce parece estar en la actitud de los empleados municipales que repagaron su préstamo.

En el esquema que se le imputó por usar el poder de su cargo para lograr el repago de un préstamo personal, el alcalde suspendido de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, se libró de dos cargos cuando un testigo aseguró que hizo un pago de manera voluntaria, como apoyo político.

En vez de llegar a una conclusión automática de que la posición que ocupaba Irizarry Pabón era presión suficiente para aprovecharse de sus subalternos, la decisión del juez superior Daniel López González pareció moverse por la línea de cómo los testigos dijeron sentirse con relación a los pagos que hacían para repagar el préstamo de $50,000.

De esta manera, los dos cargos basados en un pago de $970 que hizo en abril de 2022 el exasistente administrativo, Ángel Gómez Vega, se hicieron sal y agua después de que este reiterara en el banquillo el jueves en la mañana que su pago fue voluntario, que el alcalde no le pidió que hiciera pagos para el préstamo y que, en enero de ese año había hecho gestiones con comerciantes de la ciudad para recoger donativos políticos a favor de Irizarry Pabón.

Gómez Vega fue testigo de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), pero la fiscal Fabiola Acarón Porrata Doria lo trató por momentos como un testigo hostil al cuestionarle por una reunión que había tenido con los abogados de Irizarry Pabón después de iniciada la pesquisa contra el funcionario. "¿Quién le dijo que ese pago era un donativo de campaña?", increpó la fiscal al exayudante adscrito a la Oficina de Programación y Calendario. Pero la pregunta quedó sin respuesta cuando el juez aceptó una objeción que hizo la defensa.

El juez sí encontró causa para arresto en otros dos cargos (violación a la Ley de Ética y enriquecimiento injusto) relativos a pagos hechos por otras empleados municipales entre abril de 2021 y septiembre de 2022.

Aunque la relación de poder entre el imputado y los testigos en esos otros pagos era la misma que en el caso de Gómez Vega, los testigos que la OPFEI presentó con relación a los pagos entre abril de 2021 y septiembre de 2022 se habían mostrado incómodos, presionados y molestos con estar en la posición de hacer los pagos para el préstamo.

En particular, Oscar Iván Nazario Segarra testificó que tuvo una reunión en la oficina de Irizarry Pabón para asuntos oficiales y que, al culminar, este abrió una gaveta de su escritorio, sacó una libreta de pagos y le dijo "yo no puedo pagar este préstamo, tengo problemas en mi casa por él, te toca resolver a ti". “Háblate con el señor Jorge Mercado, que se moje también y le pides dinero a los directores y pagan el préstamo”, le añadió.

Nazario Segarra entonces habló con el exdirector de Manejo de Emergencias, Jorge Luis Mercado Santiago, y le expresó "cabrón, nos jodimos, me entregaron la libreta. Tenemos que meter mano porque el pago está a punto de vencerse. Vencía los 25 de cada mes”. Esto llevó a que todos los meses ambos hicieran un "serrucho" entre empleados municipales para pagar el plazo que era de $968.45 exactamente. Entre los aportadores estuvo la actual alcaldesa interina, Marlese Sifre Rodríguez.

Además de Nazario Segarra y Gómez Vega, testificaron en la vista preliminar Luis Báez Rodríguez, exdirector de campaña de Irizarry Pabón y exjefe de gabinete de la ciudad; Mercado Santiago y Omiraida López Torres, subgerente de la sucursal del Banco Popular en la que se originó el préstamo y que precisó que lo sacó el alcalde suspendido a título personal con el motivo oficial de unos arreglos que haría en su casa.

Además de Acarón Porrata-Doria, la OPFEI está representada en el caso por Ileana Agudo Calderón y Zulma Fúster Troche. Esta última hizo la argumentación final al juez y enfatizó que no cabe la alegación de la defensa de que todo se trata de donativos de campaña que los empleados hacían porque para fines de 2020 el récord es que no había deudas de campaña. En parte, porque Irizarry Pabón había recabado la ayuda del contratista corrupto Oscar Santamaría Torres, quien le dio dinero.

"No es soborno, ni extorsión... es el poder que tenía sobre ellos", puntualizó la fiscal para combatir el testimonio de Gómez Vega de que su pago había sido voluntario y al explicar que la Ley de Ética no requiere establecer intimidación sino solamente que el funcionario usa su posición para aprovecharse y obtener un beneficio.

El abogado José Andreu Fuentes se ancló en la versión de que ninguna ley prohibía que los empleados hicieran donativos políticos y que el préstamo era para gastos de campaña pero que, como el banco no lo emitiría a favor del comité de campaña, su cliente lo sacó a título personal. Esto, añadió, constituyó un préstamo que Irizarry Pabón hizo para su campaña y que tenía derecho a recobrar. "No hay enriquecimiento (injusto) porque hay diferencia entre candidato y comité", subrayó.

Fúster Troche ripostó que no hay los documentos necesarios en el banco, el comité o la Oficina del Contralor Electoral para sustentar esa versión.

El juicio quedó señalado para el 6 de junio y la OPFEI no indicó si van a pedir vista preliminar en alzada sobre los dos cargos en los que no hubo causa.

Vea:

Hora de saldar cuenta para el Alcalde de Ponce

“Cabrón nos jodimos, me entregaron la libreta”