Residentes y organizaciones piden que se cumpla con la ley, se cree un plan de acción y se expropien terrenos para garantizar el libre acceso.

Un grupo de ciudadanos vecinos de la Cueva del Indio y dos organizaciones de defensa del ambiente han presentado una solicitud de Mandamus contra múltiples agencias y el Municipio de Arecibo para garantizar, entre otras cosas, el acceso del público al lugar, declarado reserva natural.

El recurso legal, presentado el 12 de marzo y firmado por el abogado Omar Saadé Yordán, solicita al Tribunal de Arecibo diseñar e implementar un plan para garantizar el disfrute, acceso gratuito y la conservación de la Reserva Natural Cueva del Indio, ubicada en el barrio Islote, de Arecibo.

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El Mandamus es el recursos diseñado para obligar a funcionarios y agencias a cumplir con una ley.

“Se necesita la protección de la Cueva del Indio ante actos de vandalismo, arrojo de basura, construcción ilegal y otras acciones que continúan ocasionado daños y afectando los recursos naturales, arqueológicos, históricos y culturales en la Reserva Natural Cueva del Indio”, dice el escrito.

“Actualmente los demandantes y el Pueblo de Puerto Rico no tienen un acceso seguro, libre y gratuito a la Cueva del Indio, porque hay personas que continuamente impiden el acceso a la Cueva del Indio y la Zona Marítimo Terrestre para cobrar por el acceso al bien de dominio público. El precio por el acceso varía según el visitante. Se bloquea el acceso a la Cueva del Indio con verjas, escombros, plantas, ramas, y árboles de la misma Reserva Natural Cueva del Indio que se han cortado con maquinaria pesada para bloquear e impedir el acceso”, alegan al sostener que individuos en la zona intimidan a los visitantes.

Figuran como demandados el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Municipio de Arecibo y los departamentos de Justicia, Transportación y Obras Públicas y Desarrollo Económico y Comercio.

En el documento legal se indica que, además de la declaración de reserva natural, la Legislatura aprobó un proyecto que se convirtió en la Ley 175-2002 para crear el Comité Interagencial para la Conservación y el Desarrollo de la Reserva Natural Cueva del Indio. Este comité crearía un plan de conservación y desarrollo pero, según los demandantes, entre los que se encuentran las entidades Vecinos en Rescate de Accesos y Senadores de Islote y Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDDA), estos planes no se han creado.

Por lo tanto, no hay un acceso seguro ni gratuito al lugar, indican. Actualmente los visitantes llegan al lugar por lo que se describe como un “lugar sumamente peligroso e inaccesible", lleno de rocas puntiaguadas y filosas, inestables e inclinadas.

Así, ciudadanas como Cristina Rivera Román, de la organización Vecinos en Rescate de Acceso y Senderos de Isolete, alegan en el escrito legal que individuos la han amenazado a ella y a su familia en su propia residencia.

“Las estrategias de intimidación continúan usándose como un medio para impedir la entrada, cobrar por el acceso a la Cueva del Indio, e impedir y disuadir los reclamos de los demandantes, el público y otros vecinos. Incluso, al Sr. Wilfredo Vélez y otros vecinos e integrantes de CEDDA, los han intentado arrollar con sus vehículos durante manifestaciones en reclamo a un acceso seguro y gratuito a la Cueva del Indio”, dicen.

En el Mandamus se indica que los demandantes cumplieron con el requisito del Requerimiento Previo, una especie de intento legal previo para que se cumpla con la ley. “(Los codemandados) no concedieron una reunión ni respondieron a lo solicitado. Anteriormente el DRNA ha concedido reuniones para discutir algunos de los reclamos aquí incluidos”, lee el escrito.

Según los demandantes, el DRNA ha fallado en desarrollar y aprobar el Plan de Manejo de la Reserva Marina La Cueva del Indio. Así, se solicita al tribunal a que ordene al DRNA así hacerlo y cumplir con la Ley 10-2015.

Se alega también que el DRNA ha incumplido con remitir a la Legislatura un informe anual en que detalle las gestiones realizadas para cumplir con la Ley 10-2015, estatuto con que se creó la reserva natural. Igualmente, el DRNA ha fallado en expropiar ciertos terrenos aledaños a la Cueva del Indio, que es un mandato incluido en la Ley 175-2003.

En el caso del DTOP, se le imputa incumplir con crear el Plan de Conservación y Desarrollo requerido por la Ley 175-2003. Esa ley incluye la preparación de un Plan de Acción para desarrollar instalaciones físicas, , posibles veredas, áreas verdes, áreas de descanso, estacionamiento, facilidades sanitarias, museos, cafeterías, secciones educativas, y casetas de información.

Saadé Yordán sostiene en la solicitud de Mandamus que la reserva natural es pública, que el pueblo de Puerto Rico tiene derecho pleno a su uso y disfrute y que la Cueva del Indio está ubicada en la Zona Marítimo Terrestre, que es un bien de dominio público.

El abogado firmante recuerda que en 1980 la Asamblea Municipal de Arecibo aprobó una ordenanza para adquirir los terrenos donde está la Cueva del Indio por $125,000. No fue hasta 12 años después, cuando se designó la zona como un recurso arqueológico “irremplazable”, que se “identificaron” los terrenos que debían ser adquiridos y entonces en 1992 la Cámara de Representantes asignó $200,000 al Municipio de Arecibo para comprar los terrenos aledaños y dar acceso a la cueva.

“Se desconocen las gestiones realizadas, si alguna, por el Municipio de Arecibo para adquirir los terrenos previamente identificados por el DRNA, con los $200,000 asignados”, lee el documento legal.

Puede ver la solicitud del Mandamus aquí: