Un juez federal se reservó decisión sobre otorgar fianza a Kiara Ramos, mientras que fiscalía enfatizó en que si está bajo fianza seguiría teniendo contacto con el menor, quien es padre de su recién nacido.

Las familias de la maestra Kiara Ramos Meléndez, de 28 años, y de un estudiante suyo, de 14 años, consintieron la unión sentimental de ambos y celebraron el nacimiento de un bebé que se sometió a prueba genética para concluir que el menor era el padre ya que la mujer estaba casada con otro hombre al momento de comenzar la relación con el estudiante.

Esta fue parte de la evidencia que propuso la fiscalía federal al juez Raúl Arias Marxuach para que Ramos Meléndez se mantenga detenida sin fianza por los cargos de incitación de menores y recepción de material de explotación de menores que enfrenta desde el 6 de marzo pasado.

El magistrado Marshal Morgan ya había determinado que no había condiciones de fianza posibles. Esto, debido a los hechos del caso, incluyendo que la relación comenzó con un beso en el salón de clases en noviembre de 2022 y que el material recibido es de naturaleza pornográfica, así como “la aparente falta de control de la acusada, el largo periodo de manipulación al que fue sometido el menor, el abuso extremo de una posición de confianza y la conducta depredadora fuerte de la acusada”. El delito imputado, y la edad de la víctima, activan a nivel federal una presunción en contra de la fianza, y el magistrado admitió que la defensa rebatió la presunción, pero aún así ordenó la detención.

En una vista de revisión el martes, el abogado de la mujer, el defensor público Jesús Hernández García, enfatizó que la decisión de fianza no debe basarse en evidencia que la fiscalía ni siquiera ha entregado formalmente, y resaltó que su clienta no es un riesgo a la comunidad por muchas características, incluyendo que apenas mide cuatro pies nueve pulgadas y pesa unas 85 libras. “Poniendo a un lado lo que pensemos de la relación”, propuso, la mujer no es riesgo de fuga ni peligro a la comunidad.

Ramos Meléndez era, en efecto, la persona más baja de estatura y delgada en la sala. Sus dimensiones y aspecto frágil podrían hacer que se le confunda con una estudiante en cualquier escuela intermedia o superior.

La fiscal Daynelle Álvarez Lora, sin embargo, argumentó vehementemente que “no podemos no atender esa relación porque esa relación era una relación ilegal”. Añadió que se ha reconocido que el criterio de peligro a la comunidad para la fianza responde no solo a posibilidad de violencia sino a que se continúe delinquiendo, como entiende que va a seguir sucediendo porque la acusada, el estudiante y sus familias no muestran indicios de desalentar la relación sentimental.

Como parte de la incautación del teléfono de Ramos Meléndez, los agentes ganaron acceso a cientos de mensajes entre la pareja, presumiblemente incluyendo los de contenido sexual explícito que generaron uno de los cargos, y también mensajes con otros familiares. La madre del menor, por ejemplo, sabía y encomiaba que la maestra pernoctara en la casa del menor, los ayudó económicamente a celebrar el “shower” del bebé, discutieron qué decir antes de una entrevista con la Policía (que inició la investigación antes de que asumieran jurisdicción los federales), y tanto los padres del estudiante como la madre de la acusada estuvieron de acuerdo en que ambos se vieran el día antes del arresto de la mujer.

Todo este consentimiento, resaltó la fiscal, es “en menosprecio a la seguridad emocional y física del menor”, por lo que no es posible diseñar condiciones para la libertad bajo fianza. El abogado defensor apuntó a que los propios oficiales de probatoria recomendaron fianza de $10,000 no asegurada con prohibición de contacto con el menor y con la mujer sometida a la custodia de un familiar. El juez Arias Marxuach le pidió que sometiera alternativas para ese posible hogar custodio ya que hay dificultades con que sean la madre o la hermana, debido a que la residencia de la madre en Canóvanas está cerca de escuelas y porque el Departamento de la Familia podría adjudicar la custodia del bebé a una de ellas dos.

Hernández García atacó a la fiscalía con que no podían alegar ahora que la mujer es un peligro a la comunidad por el contacto con el menor porque desde octubre la están investigando y la ocuparon el teléfono, pero no la habían arrestado antes. “En todo este tiempo no fue arrestada y no se fugó”, apuntó al señalar que en sala estaban la madre, hermano, pastor, miembros de la iglesia y amigos de la mujer para apoyarla.

La fiscal Álvarez Lora dijo que no la arrestaron antes porque había una orden de protección y entendían que eso evitaba contacto entre la mujer y la menor. NotiCel corroboró que la orden estuvo vigente solo cerca de un mes, que Familia la solicitó a favor del menor y en contra de la imputada, pero que el tribunal la archivó porque la agencia no pudo evidenciar que se hubiera violentado.

“Esta no es la etapa en la que mi cliente tiene que probar su inocencia”, insistió el abogado a la vez que el juez se reservó el fallo.

Los hechos ocurrieron en la Academia Adventista del Oeste, localizada en Mayagüez. La institución hizo una investigación interna tras la cual refirieron el asunto a las autoridades en abril de 2023 y separaron a Ramos Meléndez de su empleo como docente.

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