Y le reclama más de $50 millones por daños en un recurso que fue radicado en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan.

El empresario Fahad Ghaffar radicó una nueva demanda contra su ex “socio”, el inversionista norteamericano, John Paulson, a quién le imputa represalias comerciales y la utilización indebida de bienes privados disfrazándolos para uso corporativo, y por ello solicita al Tribunal que ordene una indemnización de $50 millones.

En la demanda de 25 páginas, el demandante narra lo que fueron los acuerdos de sociedad, bajo el concepto de conglomerado o “joint venture”, entre ambas partes. Detalla además una serie de inversiones, realizadas para capitalizar y crecer las empresas establecidas para comprar y operar dos reconocidos concesionarios de autos, ubicados en la avenida Kennedy.

Estos son Auto Grupo y Gómez Hermanos. Este último se dedicaba a la venta de autos de lujo como Porsche, Lamborghini, Ferrari y Maserati, entre otros.

En su moción los representantes legales de Ghaffar afirman que Paulson realizó acciones encaminadas a romper esos acuerdos y señalan que estas acciones son producto de “una especie de represalia comercial o chantaje de Paulson.”

Sostienen, además, que “Paulson se enfocó en romper el ‘joint venture’ acordado para operar las corporaciones, F40, V12 y PCI DE, como un solo ente o conglomerado, cuando en estas son dueños a partes iguales PCI Delaware LLC (Paulson) y Better Puerto Rico, LLC (Ghaffar).

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Alegan en la demanda que tal acto fue injustificado y no tuvo sentido comercial, legal o práctico alguno. “Con Ghaffar fuera de su círculo cercano y rodeado de personas que no se atreven a decirle que está equivocado, Paulson comenzó hace unos meses su plan de destrucción de PCI DE”, dice el escrito judicial.

Relatan que “la controversia tuvo su origen en o alrededor del verano de 2023, cuando Paulson se percató que otros acuerdos monetarios que tenía con Ghaffar terminaron en pagos de sobre $250 millones a Ghaffar. En vista de que Paulson está atravesando por un divorcio extremadamente contencioso y que su fortuna aparenta haberse reducido considerablemente, éste diseñó un plan para frenar los pagos a Ghaffar y presionar a este último para que aceptara una suma reducida de dinero”.

En el pasado, agregan, “Paulson se ha valido, por información y creencia, de artimañas similares para presionar a ejecutivos o inversionistas conjuntos en empresas tales como PF Changs y Steinway & Sons, entre otras. Como parte del plan, Paulson injustamente le puso el sello de persona non-grata a Ghaffar y los expulsó de todos sus negocios en Puerto Rico”.

El representante legal de Ghaffar, el licenciado Leo Aldridge, explicó que la demanda persigue demostrar cómo, a través de los esfuerzos y el liderato de Ghaffar, la empresa F40 comenzó a tener números de ventas extraordinarios.

“Mientras, Ghaffar fungió como su CEO, las ventas de F40 incrementaron 200%. Sin embargo, en un acto de represalia y chantaje, Paulson prefirió renunciar a sus deberes, responsabilidades y tirar millones de dólares y el esfuerzo de Fahad por la borda. Por todo ello, Fahad reclama $50 millones como compensación”, agregó el asesor legal.

Aldridge añadió que “en un correo electrónico presentado en la demanda, enviado por Recursos Humanos a empleados de los concesionarios, claramente se identifica a Ghaffar como dueño de las empresas”.

Otro de los alegatos incluidos en la demanda es que, “como parte de su plan, Paulson y los demandados sacaron a Ghaffar de F40 y V12 y rechazaron que este fuera miembro de dichas entidades. Además, intentaron sacar a Ghaffar de PCI DE, pero, como no pudieron, comenzaron con su plan para frustrar las consolidaciones o empresa común acordada”.

Ghaffar alega también en este proceso que Paulson le reclamó a una de las empresas, el reembolso de viajes personales en su avión privado por un monto de $206,420.98. “Dicho acto es contrario a las buenas prácticas corporativas y constituye un fraude, pues el avión de Paulson es solamente para uso privado”, se establece la demanda.

Igualmente se reclama que Paulson se niega a reconocer la inversión de $17.000.000 de dólares del señor Ghaffar para ser propietario del 50% de los concesionarios de automóviles F40; está ignorando el estatus de miembro del Sr. Ghaffar en Vanderbilt Residences después de que Fahad invirtiera $11,000,000.00; y otros $7,000,000.00 para convertirse en miembro de La Concha y Vanderbilt.

“Paulson, al desarticular la empresa común, está anteponiendo sus intereses a los de la empresa común, lo cual constituye una flagrante violación de sus deberes fiduciarios, de lealtad y de buena fe”, concluyó Aldridge.

El recurso judicial, radicado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, reclama contra los demandantes “Incumplimiento de Contrato de Empresa Común; Incumplimiento Doloso; Incumplimiento de Deberes Fiduciarios; Mala Fé; y Daños y Perjuicios".

Se describe al demandante Fahad Ghaffar como un empresario con múltiples proyectos y negocios en Puerto Rico, ciudadano de los Estados Unidos que tiene su domicilio en San Juan, Puerto Rico.

Al demandado John Alfred Paulson, lo describen como un inversionista en Puerto Rico y es el último beneficiario de las empresas co-demandadas. Paulson, indica, tiene su domicilio en el Estado de Nueva York y múltiples contactos con la jurisdicción de Puerto Rico.

Tras un extenso relato de los eventos que llevan a esta acción legal, sostienen que “Los Demandados tenían pleno conocimiento que su conducta estaba en abierta violación de los acuerdos de colaboración, consolidación, y/o empresa común entre las partes y como quiera siguieron adelante con su plan de malas artes dirigido a causar daños a PCI DE. El rompimiento de la empresa común y los distintos acuerdos de colaboración solamente obedece al deseo desmedido de los Demandados de menoscabar, afectar y entorpecer las gestiones de negocio de PCI DE, que es la única empresa del grupo de entidades Paulson sobre la cual el Sr. Ghaffar tiene control, por ser el “administrador” o “manager” con poderes para timonear dicha empresa y sus subsidiarias”.

Reclaman entonces que “al actuar dolosamente en el cumplimiento de sus obligaciones, los Demandados responden solidariamente por todos los daños que dicha conducta provoque, sin importar si eran previsibles o no en su origen.. Estos incumplimientos han causado y continúan causando danos significativos a los demandantes, los que se estiman en una suma no menor de $50,000,000.00, así como los intereses correspondientes, además de los costas, gastos y honorarios legales incurridos en el procesamiento de esta acción. Los demandados responden solidariamente por los daños causados”.

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“No hay duda pues”, añaden, “que la conducta y catálogo de actos impropios de los Demandados son aborrecidos por nuestro ordenamiento y dan base a una reclamación adicional contra éstos. En virtud de lo anterior, PCI DE, Better Puerto Rico y el Sr. Ghaffar han sido perjudicados en una cantidad que se determinará en el juicio, pero por no menos de $50,000,000.00, incluyendo los intereses correspondientes, además de las costas, gastos y honorarios legales incurridos”.