Todavía no ha ocurrido el juicio contra el licenciado Juan Ramón Zalduondo Viera, acusado de lavar dinero para una organización de narcotráfico.

Cuando en diciembre de 2014 el nombre del licenciado Juan Ramón Zalduondo Viera apareció como uno de 17 acusados por un gran jurado federal por supuestamente facilitar el lavado de dinero de una organización de narcotráfico, se sintió un terremoto en la esfera legal que llegó hasta el Tribunal Supremo.

Según el pliego acusatorio, Zalduondo Viera, quien era desarrollador y comerciante de propiedades, hizo depósitos de cantidades grandes de dinero, $3.2 millones en total, que llevaba a las instituciones bancarias en denominaciones pequeñas, con billetes húmedos amarrados en gomas elásticas que cargaba en bolsas plásticas. Se imputa que los depósitos eran para facilitar el lavado de dinero producto del tráfico de heroína y cocaína de la organización de Carlos “Cano Gurabo” Morales Dávila.

Las dimensiones del pliego son monumentales. Para de alguna forma quitarle los ingreso de su actividad criminal, el gobierno federal pidió la confiscación de un centenar de propiedades con valor de $1,000 millones, incluyendo urbanizaciones completas en construcción, así como lotes y estructuras en Florida y Puerto Rico, vehículos, yates y otros.

Zalduondo Viera fue recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), miembro de la comisión en el Supremo que evaluaba el desempeño de los jueces y ejercía influencia sobre proyectos controversiales en la Reserva Ecológica del Corredor Ecológico del Norte (CEN).

Al día de hoy, los acusados en el caso están presos o ya en libertad, excepto Zalduondo Viera y otro desarrollador, Luis Santana Mendoza, quienes ni se han declarado culpables ni han tenido juicio todavía. Además del caso criminal, Zalduondo Viera también tiene una disputa civil con el gobierno federal por dinero que le incautaron antes de la acusación, pero por los mismos hechos, y que tampoco ha sido resuelta.

El caso criminal ha tenido múltiples plazos para que Zalduondo Viera se declare culpable o enfrente juicio. Invariablemente, los señalamientos quedan pospuestos o suspendidos. Incluso, el acusado había anunciado que se declararía culpable en septiembre de 2017, pero no lo hizo. Más recientemente, la recién designada jueza federal María Antongiorgi Jordán, determinó que el acusado tenía hasta el 15 de febrero para declararse culpable, o enfrentaría juicio a partir del 8 de abril. Pero el 15 de febrero llegó, y pasó, sin que Zalduondo Viera contestara el plazo de declararse culpable y el 20 de febrero su abogada, la exfiscal Sonia Torres Pabón, pidió posposición de manera confidencial. De inmediato, el fiscal José Contreras dijo que no se oponía pero que, si se posponía para Zalduondo Viera, se debía posponer para Santana Mendoza.

Santana Mendoza se opuso a la posposición. “Este caso fue radicado hace 10 años, en 2014. El Sr. Santana ha enfrentado ese proceso criminal por los pasado 10 años. Por virtud de la acusación, el gobierno pudo confiscarle propiedad valorada en millones de dólares y ha mantenido control de dichos activos por todo este tiempo. La dilación en la resolución de este caso le ha causado dolor financiero y emocional al Sr. Santana. El paso del tiempo ha perjudicado su defensa también, en una manera que todavía está por verse porque la preparación para juicio continua”, dijo en una moción su abogada, Kendys Pimentel Soto.

En el tiempo transcurrido, tanto el caso civil como el criminal han cambiado de juez (incluso se retiró de la judicatura Daniel Domínguez, quien tenía en su sala la causa penal) y también de fiscales. A Zalduondo Viera consistentemente se le han concedido solicitudes para someter mociones de manera confidencial y resolver, de la misma manera secreta, controversias dentro del caso que han conllevado la celebración de vistas con testigos tan recientes como fines de 2023. El contenido exacto de las discusiones está fuera del alcance del público, precisamente por la naturaleza confidencial en que se le ha permitido litigarlas.

Otro beneficio que ha tenido Zalduondo Viera en esta década bajo acusación federal es que no ha sido disciplinado como abogado. Normalmente, el Supremo no permite que un abogado acusado de delito se de de baja voluntariamente de la profesión.

Usualmente, como en el caso de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, el abogado es suspendido provisionalmente tan pronto ocurre un veredicto de culpabilidad y es suspendido permanentemente cuando se extinguen las posibilidades de apelación del veredicto. Pero el Supremo autorizó en septiembre de 2022 que Zalduondo Viera escogiera por retirarse voluntariamente de la profesión. Es más fácil reactivarse después de una baja voluntaria que lograr la reactivación después de una suspensión.

A solicitud de NotiCel, la Oficina de Administración de Tribunales confirmó que, entre la incautación civil que le hizo el gobierno federal por sospecha de narcotráfico en 2012, pasando por la acusación de 2014 y hasta su baja voluntaria en 2022, Zalduondo Viera nunca enfrentó queja ética para ser disciplinado por su conducta.

A través de las entidades corporativas Lortu-TA LTD, Inc., La Cuarterola, Inc., y Juaza, Inc., Zalduondo Viera y su esposa, Magdalena Machicote Ramery, mantienen una reclamación de $73.1 millones contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por una expropiación forzosa de la que supuestamente fueron víctimas en varios terrenos de Luquillo que serían desarrollados para el proyecto turístico “San Miguel Four Seasons”, que fue objeto de controversia pública intensa por impactar adversamente de manera ambiental el CEN.

La jueza del proceso de quiebras del gobierno de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, hizo una reserva en el Plan de Ajuste de Deuda para reclamaciones de este tipo, pero esto no significa que la reclamación se pagará sino que el dinero está separado por si un tribunal determina que el gobierno debe pagar algo. El DRNA dijo a NotiCel que se caso todavía está pendiente en el tribunal estatal. Antes de su acusación, el DRNA había pagado unos $12 millones a Zalduondo Viera por otros terrenos del CEN.

Vea:

Federales incautan $500,000 a desarrollador del Corredor Ecológico

Cae el 'Big Deal' del narcotráfico y el lavado de dinero en Puerto Rico

Abogado Zalduondo acusado por megalavado de narcodinero (documento)

Zalduondo en el PPD y en el Supremo, estar conectado paga