Una investigación criminal contra los agentes involucrados aún no produce resultados mientras siguen armados y apenas comienza una reclamación civil de la madre del menor.

El 1 de agosto de 2022, siete policías y un sargento dispararon 60 veces contra un vehículo de motor que estaba en una calle sin salida en Puerto Nuevo porque supuestamente se sintieron amenazados de que el conductor los arrollaría.

El conductor era un joven de 16 años desarmado y todavía no hay resultado de la investigación criminal que el Departamento de Justicia (DJ) está realizando sobre la conducta de los miembros de la Uniformada.

“La investigación está adelantada, no ha culminado”, se limitó a indicar la portavoz Justicia, Joan Hernández, sobre la pesquisa que maneja la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor.

No fue hasta el 9 de diciembre del año pasado que finalmente personal de la fiscalía y del Instituto de Ciencias Forenses recreó la escena en que murió el joven.

Para efectos de investigación, a los policías involucrados se les ocuparon las armas que tenían esa noche, pero el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, no los suspendió, los rearmó de inmediato y han estado asignado a labores que el Negociado de la Policía se niega a identificar.

El joven de 16 años Javier Antonio Cordero Nevárez se encontró en una calle sin salida por un lado y bloqueada por patrullas en el otro después de que un vecino de Carolina se querellara de que su guagua Hyundai Tucson había sido robada. La querella no entró al sistema de vehículos hurtados de la Policía porque, dijo López Figueroa, se usó un localizador GPS que proveyó el querellante para rastrear el vehículo.

Cordero Nevárez acababa de obtener su licencia de aprendizaje y uno de los elementos que no está establecido es cómo llegó a tener el vehículo en su poder. De los 60 disparos que hicieron los agentes en el sector La Riviera, calles 40 y 15 suroeste de Puerto Nuevo, 15 alcanzaron al estudiante de Educación Especial y lo mataron en el acto.

Inmediatamente después del incidente, López Figueroa defendió que la Policía puede considerar un vehículo en marcha como un arma letal y que la decisión de disparar para defenderse ocurre en segundos.

Pero la madre del joven, Sheila Nevárez Chiclana, presentó una demanda federal civil en la que reclamó que la Uniformada “actuó como investigador, juez y perpetrador, convirtiendo la muerte de Javier Antonio una ejecución extrajudicial a manos de la Policía de Puerto Rico”.

La mayoría de los agentes involucrados eran recién graduados de la academia policial que ahora está regida por las disposiciones de la Reforma de la Policía después de que en 2013 el gobierno local y el federal suscribieran un acuerdo para evitar un litigio y encaminar cambios en la Uniformada debido a, precisamente, la cantidad de violaciones de derechos civiles que se estaban registrando.

Parte de la petición de los abogados de Nevárez Chiclana, la American Civil Liberties Union (ACLU), es que la jueza Camille Vélez Rivé declare a la Policía en violación de las disposiciones de su Reforma y que se instale una junta de civiles que pueda monitorear la conducta de los agentes.

Esta parte es la que actualmente tienen el pleito detenido porque el Gobierno de Puerto Rico pidió a la jueza que desestime todas las reclamaciones relativas a la Reforma por entender que eso lo maneja otro juez en otro caso y no hay facultad para que Vélez Rivé haga determinaciones sobre eso. Sería una “intromisión indebida” en el caso de Reforma que atiende el juez federal ‘senior’ Francisco Besosa Stubbe.

La ACLU sostiene que ya los tribunales apelativos han aceptado que la existencia de la Reforma es un elemento que ayuda a probar las violaciones de derechos que cometen los agentes porque se supone que estén más sobreaviso en cuanto a la conducta ilegal que lleva a violaciones de derechos y en cuanto a las responsabilidades de la jerarquía policial para asegurarse que todos los componentes se ajusten a las disposiciones de la Reforma.

Añaden que nada en las disposiciones de la Reforma impide que los jueces determinen que una conducta en particular es violatoria de las disposiciones de ese acuerdo entre los dos gobiernos.

Los policías demandados son Giovanny Santiago Avilés, Luis Vélez Mari, Carmen Cacho, Félix de Jesús Flores, Roxanne Ruiz Cisneros, Kevin Meléndez Monsegur, Paola Farría Santiago, el sargento Ángel Alicea (todos estos de la División de Vehículos Hurtados de Carolina), bajo la supervisión de los tenientes coronel Gerardo Oliver y Roberto Rivera Miranda, de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales.

Vea:

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