Tras la decisión de la jueza, el exalcalde de Guaynabo pidió una posposición de su sentencia hasta que el Supremo federal decida caso que podría afectar el veredicto en su contra.

La jueza federal Aida Delgado Colón denegó una solicitud mediante la que el convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, buscaba que se anulara el veredicto de culpabilidad y se le desestimaran los cargos que le presentó la fiscalía federal, por entender que la conducta probada en juicio no se ajusta a los requisitos de los delitos que se alega cometió.

Pérez Otero está libre bajo fianza desde el veredicto en su contra el 22 de marzo de 2023 y la solicitud de absolución estaba pendiente desde mayo. Después de más de una posposición, su vista de sentencia está señalada para el lunes, pero ahora se tambalea otra vez porque, inmediatamente después de la decisión emitida el miércoles, la defensa pidió dejar sin efecto el señalamiento hasta después de verano. La razón es que el Tribunal Supremo federal tiene bajo evaluación un caso que los abogados entienden que sería determinante para sus argumentos de que los hechos probados no conforman delito y esa decisión se emitiría en verano.

El juicio contra Pérez Otero ha sido el único proceso en el que han comparecido como testigos del gobierno los convictos Félix “El Cano” Delgado Montalvo, exalcalde de Cataño, y Oscar Santamaría Torres, contratista de desperdicios sólidos y de construcción. Esencialmente, como pasó con otros alcaldes de ambos partidos principales, el gobierno alegó que Santamaría Torres sobornó a Pérez Otero con pagos de $5,000 que le entregaba más o menos mensual en intercambios que el contratista grabó en audio y video en tres ocasiones.

La petición de absolución se fundamentaba en la contención de los abogados de Pérez Otero de que la fiscalía no había probado un acuerdo específico entre el contratista y el alcalde para llevar a cabo actos a cambio del dinero, o lo mismo que el “esto por aquello” (quid pro quo). Añadieron que los pagos eran apoyo a la campaña política del alcalde y que no eran sobornos, sino regalías, porque el dinero se dio sin condición específica.

Pero la jueza, basándose principalmente en el testimonio de Santamaría Torres y de Delgado Montalvo, resolvió que hubo suficiente evidencia de un acuerdo entre el contratista y el acusado que era la base para la entrega del dinero y que el dinero era un soborno y no una mera regalía o un donativo de campaña.

“El tribunal está compelido a resaltar que el jurado, a través de los videos sometidos por el gobierno, pudo observar detalles reveladores en la manera en que Pérez Otero recibía los pagos en efectivo de Santamaría. En los tres encuentros, cada vez que Santamaría entregaba a Pérez Otero el sobre blanco con $5,000, ni él ni Pérez Otero reconocen jamás que el intercambio está ocurriendo. Pérez Otero simplemente recibe el sobre e inmediatamente lo guarda mientras habla de otros asuntos, como si lo guiara un acuerdo previo. Más aún, durante el encuentro del 19 de mayo de 2021, Santamaría literalmente le entrega el sobre a Pérez Otero por debajo de la mesa en la que están sentados uno opuesto al otro. Y, como mencionamos, se puso el sobre recibido en la reunión del 19 de agosto de 2021 en su media antes de caminar a la alcaldía. En ninguno de los encuentros grabados Pérez Otero abre el sobre, le pregunta a Santamaría para qué es, o ni siquiera cuenta el dinero que hay dentro. Todo esto es fuertemente indicativo de que un acuerdo claro y preexistente estaba subyacente en cada uno de los tres pagos en efectivo, que Santamaría testificó que se hicieron de la misma manera que pagos anteriores a Pérez Otero”, expuso la jueza.

“Con toda esta evidencia expuesta, ¿podría un jurado razonable concluir que había un acuerdo quid pro quo entre Santamaría y Pérez Otero? La respuesta, en la perspectiva de este tribunal, es un sonoro sí”, añadió Delgado Colón al reconocer que buena parte de la evidencia presentada era circunstancial, pero que ese tipo de evidencia tiene validez también.

La jueza precisa también varias instancias en las que, coetáneo con la entrega del dinero, ocurren intercambios entre Santamaría Torres y el alcalde que eran indicativos de que el convicto estaba usando su poder oficial para responder y complacer al contratista.

En el encuentro del 19 de mayo, Santamaría Torres le trae a colación información que le llegó sobre cuestionamientos en el municipio de la capacidad que tenía la empresa Island Builders para cumplir con sus contratos. Island Builders tenía un dueño que daba la cara, pero era un frente para Santamaría Torres. La jueza enfoca en que el contratista le explicó al alcalde que no debía prestar atención a esa información porque solo se trató de equipo que tuvieron que alquilar para sustituir otro equipo que se había dañado. “Al así hacerlo (minutos después de darle a Pérez Otero un sobre con $5,000), Santamaría tenía el oído del oficial público de más alto rango del municipio y pudo argumentar su caso directa e informalmente con él”, subrayó Delgado Colón.

En un segundo ejemplo, la jueza trajo a colación el testimonio de Santamaría Torres sobre cómo llamó a Pérez Otero inmediatamente después de enterarse de que el municipio eliminaría una partida en el contrato de Island Builders que era la partida con la que realmente la empresa le sacaba ganancia al contrato. Ese día, el alcalde estaba en un cementerio por un funeral.

“En una escena que como mejor puede ser descrita es que está sacada de (la película) El Padrino de Francis Ford Coppola, Santamaría fue al cementerio a reunirse con Pérez Otero, quien le dijo que lo iba a atender antes del funeral… después de que Santamaría argumentara su caso, sin embargo, Pérez Otero le dijo que iba a manejar el asunto y lo iba a resolver”, opinó la jueza al apuntar que, en efecto, el municipio nunca removió esa partida del contrato.

La jueza detalló un tercer ejemplo. Cuando en la reunión del 19 de agosto el contratista le pide al alcalde ayuda porque Island Builders tenía un pago de $440,000 atrasado y el alcalde, después de ponerse el sobre con $5,000 en la media, fue a la alcaldía y llamó al contratista a decirle que el pago saldría al día siguiente, lo que ocurrió.

Basándose en el testimonio de Delgado Montalvo sobre cómo un alcalde puede controlar una Junta de Subastas supuestamente independiente mediante nombrar a personas que le responden personalmente, la jueza recordó que la evidencia es que Pérez Otero tenía relaciones personales, familiares y sociales con cuatro de los miembros de la Junta en Guaynabo, así como con el jefe de la División Legal, quien asumió personalmente la redacción del contrato de Island Builders cuando un subalterno le señaló problemas con el mismo.

“Esta red de confidentes cercanos, nombrados a posiciones de poder altas en el municipio y la Junta de Subastas, se ajusta con lo que el alcalde de Cataño testificó que era un elemento esencial de un esquema municipal de sobornos”, observó la jueza.

Por rebote, esta decisión de Delgado Colón le da municiones a la fiscalía para buscar que el juez Raúl Arias Marxuach sea leniente cuando sentencie a Santamaría Torres y Delgado Montalvo el 13 de marzo. Arias Marxuach se ha mostrado poco inclinado a recompensar a cooperadores de este esquema de sobornos municipales con sentencias reducidas por entender que tan corrupto es el oficial que acepta los pagos, como el contratista que los da.

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