Una ley que la exmandataria Wanda Vázquez Garced primero combatió como secretaria de Justicia y luego firmó como gobernadora y candidata primarista recortó la sentencia del hombre que mató a su expareja, exsuegra y excuñado.

Cuando Wilfredo Hiram Santiago Figueroa llegó al barrio Caimito de Yauco el miércoles pasado poco después de las 9:00 pm y asesinó a tres personas, se suponía que estuviera preso.

En 2015, el soldador comenzó a extinguir una condena de 12 años de cárcel que lo tendría tras las rejas máximo hasta el 10 de marzo de 2026 por intentar matar a una expareja mediante incendiar su vehículo y su casa con ella y otras personas dentro. Uno de los cargos por los que tenía que cumplir era maltrato bajo la Ley de Violencia Doméstica (Art. 3.1).

Pero, en vez de en marzo de 2026, Santiago Figueroa salió con su sentencia completamente cumplida el 23 de noviembre de 2022. Estando otra vez en libertad, el hombre se convirtió en reincidente cuando violó una orden de protección que se había expedido en septiembre pasado a favor de su entonces pareja, Linnette Morales Vázquez, de 30 años.

A pesar de su historial y de que al tribunal se le recomendó que le impusiera un grillete electrónico, la jueza Ginny M. Vélez Carreras lo dejó sin grillete y con fianza de $5,000 cuando encontró causa para arresto el 10 de enero por el Artículo 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica. Era el mismo artículo por el que había estado preso. De hecho, la reincidencia mandataba, sin discreción, que se le impusiera un grillete.

La vista preliminar fue señalada para el 24 de enero, pero no se llevó a cabo porque la defensa pidió tiempo adicional y esa noche Santiago Figueroa llegó al barrio Caimito y mató a balazos a Morales Vázquez, a su madre, Lizzette Vázquez Vélez, de 51 años, y al hermano de su pareja, Luis Miguel Morales Vázquez, de 28 años. Luego, el hombre de 33 años se suicidó.

La rebaja de condena que le permitió estar en la calle en 2024, en vez de tras las rejas hasta el 2026, se debe a la Ley 87 que la Legislatura novoprogresista y la exgobernadora Wanda Vázquez Garced aprobaron en 2020, días antes de que la exmandataria se midiera en primarias contra el actual gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.

La Ley 87 del 4 de agosto de 2020 nació en el Proyecto del Senado 1181, una medida de la autoría del hoy alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, y del senador independiente, José Vargas Vidot. Según el récord legislativo, la intención era borrar las diferencias entre la población correccional que había sido sentenciada bajo el Código Penal anterior, que permitía bonificaciones por buena conducta, y la población penal que había sido sentenciada bajo el Código Penal vigente, que no reconocía este beneficio.

“[N]o somos del criterio que la eliminación total de las bonificaciones por buena conducta y asiduidad a las personas confinadas bajo el Código Penal de 2004 y 2012, incentive el buen comportamiento en las instituciones penales y fomente la rehabilitación del confinado”, dice la medida. El resultado neto fue evaporar la intención bajo el código nuevo de que las penas impuestas reflejaran el tiempo que realmente cumpliría el confinado, en vez de un número que bajaba drásticamente con las bonificaciones.

El proyecto nunca fue a vista pública, solo pasó por una vista ejecutiva, que es una evaluación que los legisladores hacen a puerta cerrada, sin público ni prensa. Fue radicado en 2019, pero tuvo que esperar hasta febrero de 2020 para ser aprobado unánimemente en el Senado (con tres ausencias) y de ahí pasó a la Cámara de Representantes donde fue aprobado en mayo unánimemente (con cuatro ausencias). La legislación no pasó a Fortaleza hasta julio y en agosto se convirtió en ley durante una ceremonia en la que estuvieron Romero Lugo, el exsenador, Héctor Martínez Maldonado, y el representante José Enrique Meléndez Ortiz.

Los delitos de violencia doméstica no estaban entre los delitos a los que no se les podía aplicar la bonificación y este privilegio de recortar días de condena era automático, porque se disponía como un “derecho” para todo confinado que observara “buena conducta”.

La cantidad de tiempo que el proyecto estuvo pendiente en la Legislatura produjo la ocurrencia llamativa de que, como secretaria de Justicia, Vázquez Garced firmó una ponencia en contra de la medida en abril de 2019 porque desvirtuaba el propósito de castigo adecuado que proponía el código nuevo, pero, 16 meses después, como gobernadora sucesoral en campaña, la convirtió en ley porque “[t]odo lo que vaya dirigido a la rehabilitación, a dar oportunidades, para mí tiene una prioridad”.

La propia Junta de Libertad Bajo Palabra se opuso a la medida porque, entre otros extremos, daba el derecho de la bonificación hasta a los confinados que estaban fuera del penal cumpliendo en libertad bajo palabra y porque “asegurar que el confinado cumpla la sentencia que le fue impuesta por el Tribunal también les hace justicia a las víctimas”.

Además de la ley que permitió que Santiago Figueroa estuviera en la calle, otro elemento que tuvo intervención en la cadena de eventos que llevó a la masacre en Yauco también tuvo su origen en 2020.

La licenciada Vélez Carreras fue aprobada como jueza municipal el 21 de diciembre de 2020 mediante votación partidista de la mayoría del Partido Nuevo Progresista que comandaba Thomas Rivera Schatz como presidente del Senado. Sus méritos para el cargo, la identidad de las personas que las recomendaban, ni su trayectoria académica o profesional constan en el récord legislativo porque la gobernadora Vázquez Garced había enviado su designación al Senado apenas el día antes, 20 de diciembre. Horas después, el nombramiento fue descargado al pleno y el Senado la convirtió en jueza municipal.

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