Jueza dejó sin grillete a asesino machista de Yauco tras escuchar que víctima había vuelto con él
Expareja del asesino, su madre y hermano resultaron muertos al final de una cadena de dejadez por parte de policía, fiscalía y judicatura en el manejo de la violencia doméstica.
Antes de decidir cambiar el delito que enfrentaba William Hiram Santiago Figueroa y de dejarlo bajo fianza sin grillete electrónico, a una jueza de Ponce se le argumentó que la víctima, Linnette Morales Vázquez, violó la propia orden de protección que había procurado cuando volvió a vivir con su agresor.
Después de que el abogado defensor del soldador argumentara sobre este hecho, la jueza Ginny M. Vélez Carreras decidió que el delito de violación a orden de protección que la fiscalía presentó se convertiría en un delito de maltrato sicológico y determinó que el imputado quedaría libre bajo fianza sin grillete. Dos semanas después, el miércoles a eso de las 9:30 pm, Santiago Figueroa fue al hogar de la madre de su expareja, a donde la mujer se había ido a refugiar, y allí la mató a tiros, asesinando también a su hermano y su madre. Luego, el agresor fue a la casa de su hermano y se suicidó.
El delito que se presentó el 10 de enero, violación de una orden de protección, conlleva la imposición automática de un grillete electrónico como parte de las condiciones de fianza. El delito por el que la jueza encontró causa, maltrato sicológico, no conlleva un grillete automáticamente si el imputado no es reincidente pero, si lo es, como en este caso, la ley obliga a imponerle grillete “con o sin recomendación del PSAJ”, o el Programa de Servicios con Antelación a Juicio.
Según dijo el propio Poder Judicial, la jueza tenía ante sí el informe de PSAJ y surgía que Santiago Figueroa era un reincidente porque en 2015 había incendiado la casa de otra pareja con la mujer y sus familiares dentro. La única víctima en ese momento fue una mascota y el hombre cumplió cárcel. PSAJ recomendó el grillete en su informe.
La fiscal Alexandra Aulet, quien atendió la vista de causa para arresto, se supone que tuviera consigo el expediente criminal de Santiago Figueroa que surgía del Registro Criminal Integrado (RCI), una herramienta a disposición de los fiscales, pero, o no lo tenía o no actuó sobre el mismo ya que nada dijo cuando la jueza determinó fianza de $5,000 sin grillete. En esa vista prestaron testimonio la víctima y su hermano, Luis Miguel Morales Vázquez.
Pero no hacían falta los recursos especializados del informe de PSAJ o el de RCI para conocer el historial criminal, cualquiera lo encontraba haciendo una búsqueda en el expediente electrónico que está disponible en el portal cibernético del Poder Judicial. Aún así, el hombre quedó libre tras pagar $500 y garantizar el resto mediante fiador privado.
A pesar de que la determinación sobre la fianza y el grillete consta desde el mismo 10 de enero en la denuncia que la jueza firmó y que obra en el expediente electrónico del caso, no fue hasta el 24 de enero que la fiscalía se percata de que no tiene grillete y se lo comunica a la víctima. A las 4:55 pm, cinco minutos antes del cierre de los trabajos del tribunal, fiscalía sometió una moción para que se revisen las condiciones de fianza. Unas cinco horas después, Santiago Figueroa perpetró la masacre de la familia de su expareja.
La discusión pública del caso ha revelado fallas en todos los componentes del sistema de justicia y todos se escudaron ayer diciendo que harán investigaciones para tomar acción posterior sobre los policías, fiscales y jueces que tuvieron que ver con el caso.
Griselle Sepúlveda Chavier, abogada de Linnette, dijo en el programa Jugando Pelota Dura (JPD) que la víctima había intentado varias veces denunciar a la Policía violaciones a la orden de protección que obtuvo en septiembre pasado y que estaba vigente hasta marzo de este año. La mujer sostenía que el hombre había dormido en el techo de su casa, que le robó una yegua, que la acechaba en su casa y en la de su mamá, que le cortó cablería de internet de su casa, que le guayó su guagua y que había robado el vehículo de su vecina para usarlo como obstáculo para que no pudiera salir de su casa hacia la vista preliminar, pero la Policía le decía que no había “evidencia contundente” para arrestar al hombre por violación a la orden.
“El problema es que ella volvió a vivir con el caballero”, intimó la abogada al plantear cómo ese hecho pudo provocar que el tribunal cambiara el delito de violación de orden protectora a maltrato sicológico. Pero, a la vez, Sepúlveda Chavier reiteró que lo que debió suceder es que se impusiera el grillete electrónico.
Aunque la jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, se mostró compungida por los hechos, admitió que pudo haber fallas en la actuación de la jueza y ordenó una investigación, el Poder Judicial no actuó de manera regular con una solicitud que hizo NotiCel para obtener las grabaciones de las vistas en el caso y la jueza Lissette Toro Vélez le dio cinco días al ministerio público para opinar sobre la solicitud antes de resolverla.
“Es la primera vez que a mí me piden opinión”, reaccionó la fiscal de distrito de Ponce, Marjorie Gierbolini Gierbolini, al confirmar que no se opondría a la solicitud y que, de ordinario, esas solicitudes se conceden automáticamente.
Gierbolini Gierbiolini fue la única integrante del Ministerio Público que estuvo disponible para discutir el caso porque el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, se limitó a decir por escrito que la masacre “obliga a todos los componentes del sistema judicial y nuestra sociedad a reflexionar sobre qué más podemos hacer para evitar otras fatalidades”. La fiscal dijo que parte de lo que está investigando es si la fiscal que atendió la vista de causa para arresto tenía el expediente criminal del imputado y aceptó que la expectativa razonable que puede tener el ciudadano es que un fiscal debe contar con eso para todas las vistas de causa para arresto que atienden y que debe usar esa información para pedir las condiciones de fianza pertinentes.
Añadió la fiscal que el señalamiento de que la mujer había vuelto a vivir con el agresor fue el que utilizó el abogado defensor en la vista “para quitarle fuerza al caso”. “La realidad es que a ella le dan la orden en septiembre y en octubre reanuda la relación hasta el 6 de enero y el 6 de enero le dice que no va a seguir con la relación y los hechos (de violación de la orden) ocurrieron el 7 de enero”, indicó. El delito se habría configurado cuando el agresor “se personó a la residencia de la víctima, perturbando su tranquilidad y violentando lo dispuesto en la orden”, según la denuncia.
“Aunque la denuncia no establecía la reincidencia, la información disponible establece que la persona imputada de delito tenía una convicción previa por violencia doméstica, lo que revelaba factores de riesgo que se debieron tomar en cuenta al establecer medidas como la fianza y la supervisión electrónica. Por otro lado, durante las vistas celebradas, la Fiscalía tampoco solicitó revisión a las condiciones impuestas. Nuestro análisis preliminar también revela aparentes violaciones previas a la orden de protección que se llevaron a la atención de la Policía y que no se canalizaron ante el Tribunal”, dijo temprano el jueves Oronoz Rodríguez, la primera funcionaria de alto nivel que hizo expresiones sobre el caso.
Aunque tanto la fiscal de Distrito como la jueza presidenta prometieron investigaciones, responsabilizar a la jueza o fiscal que hayan fallado en este caso es, por diseño, cuesta arriba. Los fiscales son un nombramiento del gobernador y solo el secretario de Justicia puede disciplinarlos tras un proceso riguroso. Los supervisores, como Gierbolini Gierbolini, se limitan a hacer recomendaciones.
Los jueces, por otro lado, son también un nombramiento del gobernador a término fijo. Oronoz Rodríguez ya dijo que si el error es de derecho no puede disciplinar a un juez. La disciplina sería por violación a un canon ético y la medida la tiene que tomar el pleno del Tribunal Supremo. El Poder Judicial sí puede hacer evaluaciones de desempeño en la que consten las fallas que luego se pueden usar en contra del juez si quiere renominación o ascenso.
La cadena de dejadez solo tiene un resultado cierto hasta ahora. Linnette Morales Vázquez de 30 años, su hermano Luis Miguel Morales Vázquez, de 28 años, su madre Lizzette Vázquez Vélez, de 51 años, y su agresor, Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, de 33 años, están muertos.
*Modificada para corregir sobre la obligatoriedad de la imposición del grillete.
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