Dos empleadas que el contratista corrupto Oscar Santamaría Torres puso a correr la instalación médica pública de ese pueblo recibieron sentencia de probatoria.

El juez federal Raúl Arias Marxuach sentenció a probatoria a dos mujeres a quienes el contratista convicto Oscar Javier Santamaría Torres colocó al frente de la empresa VIP Healthcare Solutions, Inc. para que administraran el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Job Andújar y el Grupo Médico Primario de Cataño.

Por el beneficio de su relación corrupta con el también convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, Santamaría Torres viabilizó contratos del municipio con VIP Healthcare por $9 millones entre 2017 y 2022 a razón de unos $189,000 mensuales, de los que el contratista convicto se quedaba con $30,000 por hacer nada, mientras las mujeres daban el frente con salarios reducidos y el CDT se les caía encima por su deterioro.

El capítulo de VIP Healthcare es uno de los menos conocidos en el libro de corrupción que protagoniza Santamaría Torres. Se trata de la única corporación que resultó acusada como parte de la cooperación que este prestó a las autoridades federales y a las dos implicadas, la presidenta Ivelisse Rivera Padilla y la tesorera Carla Carrillo Torres, se le presentaron otros cargos que no son de corrupción pública ni que las coloquen delinquiendo junto a funcionarios.

En febrero pasado, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico anunció cargos contra Rivera Padilla, Carrillo Torres y la corporación por fraude de procesos de quiebra y lavado de dinero al hacer representaciones falsas sobre sus ingresos en VIP Healthcare y sus bienes, como apartamentos en Cabo Rojo y Humacao, una finca en Luquillo, una participación propietaria en Farmacia Libertad y un negocio de Airbnb. Además, a Carrillo Torres y la corporación se le presentaron cargos de declaración falsa con relación a un préstamo PPP de $249,755.35, como resultado de que se ocultara la participación de Rivera Padilla en la empresa para que su quiebra no afectara la elegibilidad para el préstamo.

Tras una negociación que eliminó los cargos de lavado de dinero, Rivera Padilla se declaró culpable de declaraciones falsas en su quiebra, mientras que Carrillo Torres, y la corporación aceptaron culpa por el trámite del préstamo PPP. Rivera Padilla, de 48 años, y Carrillo Torres, de 37 años, son pareja.

En las declaraciones que hizo tras declararse culpable, Santamaría Torres admitió que tuvo “ganancias” de VIP Healthcare y otra empresa, aunque no aparecía formalmente vinculados con ellas y expresó también que los directivos de las empresas “estuvieron ajenos a cualquier acción indebida de mi parte”.

Pero, en una moción para pedir clemencia del tribunal en la sentencia de Rivera Padilla, sus abogados, Leonardo Aldridge y Guillermo Ramos Luiña, plantearon el desarrollo del esquema desde la perspectiva de la pareja.

Las mujeres entraron en la órbita de Santamaría Torres en 2015 cuando este reclutó a Carrillo Torres en 2015 para que trabajara en su bufete, Law Affairs, descrita en la moción como una operación de tráfico de influencias y que tuvo contratos públicos, particularmente en la Legislatura. Una compañía de manejo de crédito había adquirido los servicios del bufete para cobrar deudas y el convicto necesitaba a una oficial de cumplimiento. En ese momento, Rivera Padilla estaba en un punto bajo de su vida. Tras adquirir su licencia de leyes con sacrificios que incluyeron recurrir al servicio militar para pagarse los estudios, la mujer había aceptado ser la principal oficial ejecutiva de la Cooperativa de Servicios Médicos, pero esa entidad se había ido a pique dejándola sin recursos y con necesidad de recurrir a la Ley de Quiebras.

“Santamaría casi nunca estaba (en el bufete). Pero, cuando estaba, podía ser un infierno. Coqueteaba con Ivelisse y Carla, era manipulador y necesitaba tener alrededor a gente que le dijera que sí (yes-men) porque se volvía loco si escuchaba algo que no le gustara”, relata la moción.

Una vez Delgado Montalvo asume la alcaldía de Cataño, con donativos y empuje de Santamaría Torres, el convicto reunió a sus dos empleadas y, al resaltar la experiencia en derecho de salud que tenía Rivera Padilla, les dijo que había una oportunidad de negocio sobre eso en el municipio y que, como era una emergencia, formarían una corporación para entrar de inmediato y luego irían a un proceso competitivo. “Y así nació VIP Healthcare Solutions Inc.”, a la prisa, sin estructura corporativa real, sin capital, sin la formalidad de cómo se distribuirían las acciones y teniendo como plan único que el convicto usaría sus influencias y las mujeres harían el trabajo, consigna el documento.

Ese trabajo implicaba atender una instalación con filtraciones en el techo, sin personal médico, sin procesos de facturación adecuados, sin agua caliente, sin suficientes aires acondicionados y camino al cierre porque el Departamento de Salud le quitaría los permisos. Con un salario de $6,000 al mes, Rivera Padilla lo enderezó y lo puso a facturar de $36,000 a $150,000 al mes.

“Y cada mes, Oscar Santamaría llamaba a Carla y exigía un cheque de VIP por cualquier cantidad que estuviera disponible en la cuenta corriente de la compañía después de cubrir los gastos operacionales”, enfatiza la moción al añadir que el resentimiento de las mujeres al ver cómo el contratista se llevaba esas ganancias “sin mover un dedo” mientras el trabajo de ellas era subvalorado generó el resentimiento que las llevó a cometer los delitos imputados.

“Como una forma de resistencia”, se aumentaron los sueldos y comenzaron a sacar dinero de la empresa sin reportarlo en el proceso de quiebras de Rivera Padilla.

El abogado pidió dos años de probatoria para Rivera Padilla, pero el jueves el juez Arias Marxuach la sentenció a cinco años de probatoria con multa de $25,000. En una vista separada el miércoles, impuso 30 meses de probatoria y multa de $500 a Carrillo Torres por su delito menos grave y dos años de probatoria a la empresa, así como la restitución del monto del préstamo, $249,755.35.

Además de sentenciar a VIP Healthcare y a la pareja, Arias Marxuach sentenció a 30 meses de cárcel a Raymond Rodríguez Santos quien, junto a Santamaría Torres y Delgado Montalvo, conforman la trilogía de cooperadores que el Negociado Federal de Investigaciones utilizó en su racha de arrestos contra alcaldes de ambos partidos principales por corrupción en contratos de desperdicios sólidos, asfalto y otras obras.

En todos estos casos hasta ahora, el juez presidente del tribunal federal ha impartido sentencias mayores a las que le piden o en lo máximo que las reglas recomiendan. El 13 de marzo, también sentenciará a Santamaría Torres y a Delgado Montalvo.

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