Codueño de asfaltera es el primero de los tres cooperadores en la redada contra alcaldes y otros funcionarios municipales que recibe sentencia.

El juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico impuso 30 meses de cárcel, la mayor sentencia recomendada y más de lo que pidieron fiscalía y defensa, a Raymond Rodríguez Santos, el primero del trío de cooperadores que ayudó a desatar la racha de procesamiento por sobornos contra alcaldes de los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático.

Rodríguez Santos era codueño de la empresa J.R. Asphalt, Corp. y, junto al exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, y al contratista Oscar Santamaría Torres, conformó el grupo de cooperadores principales de las autoridades federales contra unos nueves alcaldes y funcionarios municipales que cayeron por soborno y corrupción. El modo de operar del esquema es que los contratistas daban dinero en efectivo a alcaldes y otros funcionarios a cambio de obtener y mantener contratos para la asfaltera y una empresa de Santamaría Torres, Waste Collection, Inc.. También, para asegurar el pago de facturas.

Este grupo grabó conversaciones, delató conducta delictiva y realizó pagos ilegales bajo la supervisión de los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), entre otras formas de cooperación. El juez Raúl Arias Marxuach es el mismo que tiene pendiente la sentencia de Santamaría Torres y Delgado Montalvo, las que no tienen fecha todavía porque los fiscales del Departamento de Justicia federal han dicho que aún tienen pendiente la posibilidad de que comparezcan como testigos en procesos que están vigentes. No especifica cuáles son esos procesos.

Antes de la sentencia, Rodríguez Santos se dirigió al tribunal.

“Yo sé que lo hice mal. Realmente no le echo la culpa a nadie, pero de la misma manera cooperé para que todas las personas que me tenían ya, como diríamos nosotros, hastiado con lo mismo de tener que darle dinero para poder seguir facturando y con mis proyectos. Estamos limpiando la casa y se hizo. Quisiéramos que fuera un ejemplo para los próximos alcaldes y funcionarios públicos que vienen subiendo que lo que quieren es estar en el gobierno para cobrar $2,000, $3,000 y coger los ‘kickbacks’, que es lo que les interesa”, al asegurar también que los pagos ilegales que hizo salían de su ganancia del contrato y no porque inflara precios. “[L]os precios que llevaba a subasta realmente eran precios competitivos… mi precio fue el mejor”, afirmó el hombre de 43 años, quien ahora trabaja en el spa de su pareja consensual.

El abogado defensor Ignacio Fernández de Lahongrais pidió al juez una pena de reclusión domiciliaria. Mientras, Cannon pidió 24 meses de cárcel, pero se allanó a cualquier sentencia por debajo de eso, incluyendo la reclusión domiciliaria por “el nivel significativo de asistencia sustancial” que proveyó el convicto al gobierno, lo que no incluyó ser testigo en algún juicio. El abogado también enfatizó que una sentencia de cárcel similar a la que tienen los alcaldes y funcionarios haría difícil convencer a una persona para que coopere con el gobierno y pidió al juez que tuviera en cuenta el estigma que pesa sobre los cooperadores “en el mundo real”.

Pero el juez advirtió que iba a decepcionar a ambas partes con su sentencia. “Para bailar tango hacen falta dos, el que da el soborno es tan corrupto como el oficial que lo recibe”, lanzó al comentar que el caso no es “poca cosa” porque involucra $9 millones en contratos de gobierno para la asfaltera.

La recomendación original de sentencia (que parte de los hechos y los delitos que el acusado y los fiscales negociaron) era de 57 a 67 meses de cárcel por unos $324,000 en sobornos pagados. Debido a la cooperación, se le acreditó una reducción que lo llevó a entre 24 a 30 meses, por lo que los 30 meses que dictó el juez son el máximo posible dentro de la recomendación. Además, impuso multa de $20,000.

Su exsocio en la asfaltera, Mario Villegas Vargas, no cooperó y fue sentenciado a 46 meses en febrero del año pasado. A petición de la defensa, la fiscalía se comprometió a colocar a Rodríguez Santos en una prisión donde no se encuentre con las personas contra quienes cooperó.

Al escuchar la sentencia, Rodríguez Santos suspiró profundamente y encogió los hombros.

“Mi cliente cooperó. Cooperó en un sinnúmero de casos, hizo todo lo que le pidió el gobierno y, a pesar de eso, se le impuso una sentencia más severa que algunos alcaldes. Eso para mí está bastante fuerte”, dijo Fernández de Lahongrais al salir de la vista y mientras agentes del FBI sacaban a su cliente de del recinto por accesos privilegiados para que la prensa no lo viera.

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