Producción masiva de evidencia salió de teléfonos y correos electrónicos, incluyendo de ayudantes de Wanda Vázquez, y abarca alegación de que le dejaron usar villa de inversionista en St. Regis y de sobornos en Educación.

La entrega masiva de evidencia que hizo el Departamento de Justicia federal a los abogados de los tres acusados en el caso de soborno relacionado a Bancrédito International Bank & Trust provocó que la fecha de juicio tentativa se moviera a fines de 2024 o principios de 2025.

Lo que se conoce de esa evidencia denota que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) fue participante activa de lo que se llamó Operativo Brisa Marina (Sea Breeze), al punto de que tres comisionados colaboraron con los agentes, incluyendo el que el banquero acusado, Julio Herrera Velutini, quiso que se nombrara para que velara su espalda.

La evidencia se mantiene oculta y fuera de los archivos del tribunal, pero hay varias disputas entre las partes que provocan mociones en las que se incluyen algunos detalles de ese material investigativo. Las mociones contienen tachaduras extensas para proteger identidad de testigos o material de gran jurado. De hecho, en una vista de estado de los procesos realizada el martes, la jueza federal Silvia Carreño Coll advirtió que utilizaría su poder para hacer cualquier tachadura que entienda pertinente en los documentos, aunque ni la defensa ni los fiscales hayan suprimido la información.

Esa vista fue dominada por las dificultades de procesamiento que le representa a los abogados defensores el volumen de evidencia que ha producido Justicia federal y el formato de la misma. Se habla de unos dos millones de páginas pero no se sabe qué proporción es pertinente al caso porque los fiscales admitieron que han preferido pasar casi todo lo que tienen para que sea la defensa la que haga el cernimiento de qué quiere usar en el caso, mientras que los abogados se quejan de que los han inundado con mensajes mundanos e irrelevantes como los que se intercambiaron la acusada, y exgobernadora, Wanda Vázquez Garced y su esposo, el exjuez Jorge Díaz Reverón, en la cotidianidad de su matrimonio.

Por esto, la fecha tentativa de fines de febrero quedó en el aire y, aunque la jueza insistió en ver el proceso en 2024, antes de octubre, los fiscales y abogados de Herrera Velutini probablemente pedirán fines de 2024 o principios de 2025. Los abogados de la exgobernadora se mantienen en su preferencia de que el juicio sea lo antes posible.

Lilly Ann Sánchez, abogada del banquero, dijo también que le preocupaba el efecto del ambiente político de las elecciones en un caso donde se hablará de políticos y reafirmó su intención de llamar como testigo al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. En una de las mociones, se adelanta que Herrera Velutini lo llevaría para que confirme que ellos tuvieron conversaciones directas y que el banquero, “como miembro significativo de la comunidad de negocios, tenía acceso al gobernador Pierluisi sin necesidad de intermediarios”, por lo que no tendría por qué involucrarse en el esquema de soborno que se le imputa a través del amigo del gobernador, el convicto recaudador Joseph Fuentes Fernández.

Entre los hechos que surgen en las mociones, hay confirmación de que el inversionista Fahad Ghaffar es uno de los participantes de la trama, aunque no se ha divulgado que haya sido procesado o tenga un acuerdo con los fiscales. También, que los teléfonos de las ayudantes más cercanas de Vázquez Garced, Marisol Blasco Montaña y Lillian Sánchez Pérez, fueron fuente de evidencia, como lo fue también el aparato de la exgobernadora, aunque los fiscales hicieron una anotación de que ningún aparato o cuenta de correo relacionada con el gobernador Pierluisi Urrutia fue registrado como parte de la pesquisa. Tampoco se registró teléfono alguno de Herrera Velutini.

El juicio sobre la intervención de Fuentes Fernández como supuesto intermediario entre el gobernador y el banquero sería en una segunda etapa, porque la jueza Carreño Coll dividió el proceso para que primero se ventilen las alegaciones de que Herrera Velutini sobornó a la exgobernadora a cambio de que despidiera al comisionado de OCIF, George Joyner Kelly, y nombrara al exasesor de Bancrédito, Víctor Rodríguez Bonilla, al cargo. Luego, vendría el juicio sobre cómo el banquero intentó hacer lo mismo con Pierluisi Urrutia a través de Fuentes Fernández.

Aunque el banquero habría sobornado a la gobernadora para lograr colocar al mando del sector bancario de la isla a quien creía que le protegería las espaldas, resulta que Rodríguez Bonilla era un informante del FBI desde antes. Los agentes tuvieron que suspenderlo como fuente porque se volvió errático cuando Herrera Velutini lo reclutó para que fuera su candidato a comisionado, pero la evidencia también incluye una grabación encubierta que le hizo un empleado de OCIF después de que este se inhibiera de lo relacionado a Bancrédito en la que Rodríguez Bonilla habría afirmado que “los venezolanos me pusieron aquí para que los ayudara, pero no los voy a ayudar”. Herrera Velutini es italovenezolano y parte de la conducta ilegal que supuestamente realizó en su banco, Bancrédito, fue dejar de reportar actividad sospechosa en cuentas de clientes venezolanos, incluyendo su cuenta personal.

Uno de los argumentos de la defensa de Herrera Velutini va a ser que su procesamiento respondió a una orden discriminatoria del gobierno federal para que OCIF se concentrara en regular entidades bancarias relacionadas a Venezuela. Uno de sus ataques a la fiscalía en el intercambio de evidencia es que el FBI reclutó indebidamente a OCIF y a otro regulador federal, la Red de Procesamiento de Crímenes Financieros (FinCEN), en la investigación que llamaron Operativo Brisa Marina y que combinó alegaciones de mala conducta y alegaciones de corrupción pública.

En los documentos se habla de 31 órdenes de registro para tres investigaciones imbricadas (Brisa Marina, la de los donativos ilegales al Súper PAC que apoyó a Pierluisi Urrutia y la cual llamaron Operativo Tubería Mohosa, y otra pendiente de lavado de dinero en Bancrédito). También, se desglosa el registro de teléfonos y correos (incluyendo de personas relacionadas al gobernador, como el desarrollador Roberto Cacho y Álvaro Pilar) y se resume que hay 27 informantes, 10 de los cuales estarían afiliados a OCIF.

El excomisionado Joyner Kelly llevó al FBI un disco duro con documentos de Bancrédito en marzo de 2020 después de que Vázquez Garced lo despidió; su sucesor, Rodríguez Bonilla, era informante hasta el 24 de junio de 2020; y la actual comisionada, Natalia Zequeira Diaz, realizó una grabación encubierta de una llamada a instancias del FBI el 11 de junio de 2021 con el propósito de que una persona no identificada se creyera que un tercero tenía acceso al gobernador Pierluisi Urrutia y podía recomendar una investigación sobre la conducta de OCIF contra Bancrédito.

Otro informante confirmado es Ghaffar, cuya boda en enero de 2020 es el punto de partida de la conspiración, según el pliego acusatorio, cuando maniobró para que Vázquez Garced estuviera sentada en la misma mesa con Herrera Velutini y el manejador de inversiones, John Paulson, y que estos se comprometieran a ayudarla en su campaña primarista. Ghaffar era agente y socio de los negocios de Paulson en Puerto Rico pero en verano pasado esa relación se rompió provocando un puñado de demandas en las que ambos se reclaman agriamente de parte y parte por distintos aspectos de sus negocios.

Uno de esos negocios es el desarrollo St. Regis y la evidencia incluye la entrevista a un informante en abril de 2023 sobre que Ghaffar había permitido a Vázquez Garced usar una villa privada en ese complejo, ubicado en Río Grande. Además de este beneficio, Herrera Velutini quiere que los fiscales le entreguen lo que conozcan de cualquier otro beneficio o donativo que su coacusada haya recibido de cualquier otra persona del sector financiero.

La defensa pidió datos específicos de personas que no aparecen identificadas en los documentos, pero que se describen como: 1) un hombre de negocios en el área de bienes raíces que era cercano al banquero y la gobernadora; 2) empleado de OCIF; 3) Excomisionado de OCIF; 4) Exempleado de Bancrédito; 5) dueño de una compañía de seguros; 6) exempleado OCIF; 7) abogado y cpa que es un testigo cooperador contra un oficial público en un asunto diferente que ya fue divulgado; 8) Excomisionado interino de OCIF; 9) el testigo 1 del pliego acusatorio que fue un consultor de Washington DC a quien Herrera Velutini reclutó para que formara un PAC para Vázquez Garced; 10) y el consultor político A en el pliego, de quien se precisa que tiene un acuerdo para declararse culpable.

En otras partes de los documentos, queda claro que una de las personas de Bancrédito con las que el FBI habló era miembro de su Junta de Directores y también que se habló con la exfiscal María Domínguez Victoriano sobre la controversia que se podría levantar porque fue abogada de la testigo cooperadora, y expresidenta del Bancrédito, Frances Diaz Fossé, después de haber representado al banco en asuntos previos. El FBI concluyó que no había problema con que representara a Diaz Fossé pero Sánchez dijo ayer que se propone renovar una demanda contra la abogada por eso.

Sin contexto suficiente, los fiscales Ryan Crosswell y Nick Cannon consignaron que se entregó a los abogados información relativa a “potenciales pagos de sobornos en el Departamento de Educación” y también información sobre la empresa Perfect Cleaning, que no tiene contratos con el gobierno desde 2019.

El gobierno tiene grabaciones de los tres acusados, pero no se indicó el contenido. Al exagente del FBI, Mark T. Rossini, lo tienen grabado tres veces (entre septiembre y noviembre de 2021) mediante un testigo cooperador; a Herrera Velutini lo grabaron sin su consentimiento tres veces en 2018 para una investigación separada; y a Vázquez Garced la grabaron parcialmente el 15 de febrero de 2022, mismo día que se divulgó que los agentes habían ocupado su teléfono.

Parte de la evidencia la produjo también, mediante citación, la empresa británica CT Group, la que Herrera Velutini contrató para que ayudaran en la campaña de Vázquez Garced y que llegaron a producirle una encuesta. Mark Fullbrook, exsecretario de gobierno de la exprimer ministro inglesa, Liz Truss, es un testigo en el caso por su involucración como consultor político en CT Goup.

El exrepresentante novoprogresista Edgardo “Gary” Rodríguez y otra persona a quien se le guarda la identidad testificaron ante el gran jurado de este caso después de que se les asegurara que no serían acusados. Rodríguez era parte del equipo político de Vázquez Garced y se le ubica en la reunión del hotel Vanderbilt durante la cual Herrera Velutini habría presentado a la gobernadora los servicios de CT Group.

Queda todavía sellada y sin resolver una moción en la que Herrera Velutini pide la desestimación de la acusación de conspiración, soborno y fraude de servicios honestos por mala conducta del gobierno durante la investigación.

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