El tribunal mirará a cuánto han sido sentenciados los otros legisladores acusados de recibir dinero ilegal de sus empleados y también puede tomar en cuenta la conducta del pasado de la exlegisladora.

Al impartir la sentencia a la exlegisladora María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, la jueza Silvia Carreño Coll puede tomar en cuenta la sentencia que recibieron los otros dos legisladores procesados por el esquema de aumentarle salario a sus empleados para que les devolvieran una parte del dinero y también puede considerar conducta previa de la convicta, aunque se trate de asuntos que no se presentaron en el juicio.

La forma en que opera la sentencia en el foro federal es que los jueces reciben una recomendación de un oficial probatorio del rango de meses, mínimo y máximo, que puede ordenar la encarcelación de un convicto. Esa recomendación es el resultado de un cálculo matemático que toma en cuenta distintos elementos relacionados a los delitos y a las características personales del convicto. No deja de ser solo una recomendación, por lo que el juez siempre puede imponer por debajo o por encima de las guías, si lo justifica en el récord.

Especialmente en sentencias que vienen después de un juicio, en vez de después de un arreglo para declararse culpable, tanto la fiscalía como la defensa presentarán, y pelearán, por sus propias recomendaciones para, respectivamente, lograr una sentencia mayor o menor a lo que proveen las guías.

Y, aunque el cálculo preciso de la Oficina de Probatoria no se conocerá hasta la vista de sentencia porque ese informe se mantiene confidencial, en el caso de Charbonier Laureano hay suficientes elementos conocidos para concluir que su pena de cárcel podría estar cerca de los ocho años.

La condena de la exsecretaria general del Partido Nuevo Progresista (PNP) es la última de los tres casos de representantes de ese partido que fiscalía federal desató meses antes de las elecciones de 2020. Ya los otros dos tienen sentencias que la jueza puede usar como comparación. Uno, Nelson del Valle Colón, cumple 57 meses (cuatro años y nueve meses) después de declararse culpable. Otro, Néstor Alonso Vega, cumple 63 meses (cinco años y tres meses) de cárcel después de ir a juicio.

La pena Del Valle Colón por declararse culpable fue apenas seis meses menos que la que tuvo Alonso Vega tras ir a juicio y fue la misma jueza Carreño Coll la que sentenció a Del Valle Colón, lo que denota una baja tolerancia de su parte a delitos de corrupción.

Aunque a los tres se les acusó de conspiración, soborno y fraude de servicios honestos, solo Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes, también tuvieron cargos por lavado de dinero, que es un delito más serio, con una pena de hasta 20 años. Los cargos de lavado son dos que abarcan instancias en las que el hijo de la pareja, Orlando Gabriel Montes Charbonier, fue usado de intermediario entre la legisladora y la empleada que le pasaba dinero ilegalmente de su salario, Frances Acevedo Ceballos.

No solamente Charbonier Laureano superó a sus correligionarios en cantidad de delitos imputados, sino también en cantidad de dinero de los sobornos. La fiscalía federal aseguró que serían $100,000 y, aunque esa cantidad ahora va a un proceso en el que se tiene que precisar, es mayor de la que se discutían en los otros dos casos, lo que agrava la sentencia.

Otra diferencia con Del Valle Colón y Alonso Vega es que la exlegisladora tiene un cargo de obstrucción a la justicia por borrar mensajes y llamadas de un teléfono antes de entregarlo al FBI. En su testimonio, el agente del FBI, Juan Carlos López, sazonó esta conducta reiterando varias veces que la convicta había “mentido” a los agentes al negarles que recibiera dinero de sus empleados. La fiscalía puede pedirle a la jueza que tome esto en cuenta, especialmente porque es testimonio al que el jurado dio credibilidad con su veredicto.

Pero no es solo lo que está en el récord como evidencia lo que la jueza puede usar para basar su decisión, sino también cualquier otro asunto relevante que se le traiga a su atención, aunque no haya sido evidencia en el caso.

Se sabe que los fiscales tenían recopilados, pero no usaron, mensajes de Charbonier Laureano en redes sociales que ahora pueden presentar a la jueza y también tenían el expediente de la querella con la que el Tribunal Supremo suspendió a la convicta de su práctica de notaría por seis meses en 2020. Esa querella ética fue porque la abogada no había sido diligente en el trámite de una escritura, pero era la tercera querella que el Alto Foro atendía contra Charbonier Laureano.

Todos estos elementos indican que la sentencia de Charbonier Laureano sería mayor a la de los otros dos legisladores, especialmente mayor a los 63 meses de Alonso Vega, quien también fue a juicio, pero tenía menos delitos y menos cantidad de dinero en sobornos que este caso.

Ante esto, la defensa tratará de argumentar en contra de que la jueza tome en cuenta elementos externos al caso, o que no fueron presentados, y presentará argumentos de mitigación. Por ejemplo, quedó claro en el juicio que uno de esos elementos, por lo menos en lo que concierne a Montes Rivera, será plantear que es el cuidador de la tía de Charbonier Laureano, quien vive con la pareja. También, la sentencia de Montes Rivera no será la misma que su esposa en los delitos que comparten porque a ella le aplicará un agravante por ser una funcionaria pública al momento de los hechos.

El veredicto contra el matrimonio llegó el viernes después de apenas tres horas y media de deliberación, restándole una hora de almuerzo, y lo entregó la presidenta del panel, una mujer joven cuya silla en el banco de jurado era la más cercana a la mesa de la fiscalía.

En un formulario de 13 páginas, el jurado marcó culpable en todos los delitos para ambos acusados, quienes no tuvieron reacción visible al público mientras escuchaban a la secretaria de sala decir repetidamente “culpable” al leer el veredicto.

Al terminar la lectura del formulario, la convicta se abrazó a su abogado y a la abogada de su esposo. Cuando el público estaba saliendo de sala, se abrazó a su esposo y a su hijo.

La jueza concedió una solicitud de la defensa, que la fiscalía no objetó, para que los convictos puedan permanecer bajo fianza hasta la sentencia pautada para el 10 de abril y es previsible que también les conceda el beneficio de entregarse voluntariamente para cumplir su pena, en vez de que se los pongan bajo custodia el día de la sentencia.

“Esa es la democracia que vivimos y tenemos que seguir adelante”, fue la única declaración de Charbonier Laureano al salir.

Su abogado, Francisco Rebollo Casalduc, adelantó que habrá una apelación y que esperan obtener un nuevo juicio. En una solicitud de absolución perentoria, la defensa había atacado la jurisdicción del gobierno federal en la conducta imputada señalando jurisprudencia sobre el tipo de evidencia que se requiere de la transferencia de fondos federales al gobierno de Puerto Rico, sobre si ciudadanos privados pueden ser convictos por delitos de “servicios honestos” que aplican a funcionarios públicos y sobre si la conducta ilegal había involucrado la cantidad mínima por año que se requiere.

Ante los cuestionamientos de por qué Charbonier Laureano optó por ir a juicio, en vez de declararse culpable, planteó que “todos los ciudadanos de esta isla tienen un derecho fundamental a ejercer su derecho a juicio por jurado y requerirle al gobierno, cuando hace una alegación en su contra, que se la pruebe, si puede”. “Ese derecho es fundamental y no hay que justificárselo ni explicárselo a nadie”, añadió al opinar que había presentado una “defensa contundente” y que, a su juicio, el jurado se había equivocado, aunque lo respetaba.

El jefe de la división criminal de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Puerto Rico, Seth Erbe, dijo que estaban “bien agradecidos del trabajo del jurado hoy… nadie está por encima de la ley“. Reconoció el trabajo de la fiscal de su oficina, María Montañez Concepción, y de los fiscales de la sección de Integridad Pública, Jonathan Jacobson y Kathryn E. Fifield.

No contestó por qué no presentaron como testigo a Jonathan Alemán Arce, informante del FBI que promovió la investigación después de que dejara de ser director de la oficina legislativa de Charbonier Laureano y quien, según la defensa, fue quien se robó el dinero que se le imputa haber recibido a la convicta.

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