Jurado comenzará a deliberar hoy después de cinco horas de argumentos finales que la fiscalía terminó pidiendo un veredicto de culpabilidad porque “la familia que delinque unida, debe ser condenada unida”.

El jurado en el juicio contra la exrepresentante novoprogresista María Milagros “Tata” Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes Rivera, comenzará sus deliberaciones hoy en el salón de jurados #7 del tribunal federal de Hato Rey, después de que el jueves estuvieran escuchando argumentos finales por cinco horas en una sesión que se extendió hasta casi las 9:30 pm.

El proceso contra el matrimonio es el tercero que atiende el Departamento de Justicia federal de una racha de arrestos realizados en verano de 2020. Los tres procesados eran representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y se les imputaba inflar el salario de sus empleados para que estos le devolvieran una parte en pagos ilegales. Nelson del Valle Colón se declaró culpable y Néstor Alonso Vega fue declarado culpable tras un juicio en el que hubo videos encubiertos del legislador recibiendo dinero de un empleado y discutiendo el esquema con este.

En el caso de Charbonier Laureano no hay ese tipo de prueba. Las piezas más directas y contundentes han sido extractos de grabaciones encubiertas hechas a Frances Acevedo Ceballos, la exempleada de la legisladora que llegó a cobrar $8,000 como secretaria recepcionista en su oficina legislativa, a cambio de que supuestamente le devolviera $3,000 mensuales a su jefa. Acevedo Ceballos estaba acusada, pero se declaró culpable y tiene vista de sentencia en febrero. El hijo de la legisladora también fue acusado pero, días antes del juicio, la fiscalía ofreció desestimarle los cargos mediante un programa de desvío.

Mientras que el fiscal Jonathan Jacobson consumió un primer turno haciendo un repaso predecible y mecánico de la prueba que presentaron a través de 15 testigos, el abogado defensor, Francisco Rebollo Casalduc, sorprendió cuando, usando la misma prueba del gobierno, mostró que la suma de dinero en efectivo que la fiscalía dice que su clienta recibió ilegalmente de parte de su empleada es, casi al chavo, la misma cantidad que el amante de la empleada, Jonathan Alemán Arce, usó para saldar la hipoteca de su casa en medio del esquema, en 2019. El hombre era informante del FBI desde 2018, mientras era director de la oficina de la legisladora, pero delató el esquema de soborno en 2020, cuando ya no lo era.

Esto sería lo que el abogado de Charbonier Laureano llamó en su turno ante el jurado al comienzo del juicio el “algo que estaba pasando” en la oficina legislativa de su clienta, que no era el esquema ilegal que le imputó el gobierno. Ni en ese momento ni durante el desfile de prueba de la fiscalía articuló claramente qué era ese “algo”, como lo hizo el jueves en su turno final. La fiscalía nunca sentó en el banquillo a Alemán Arce.

En su turno de refutación, la fiscalía no se concentró en explicarle al jurado por qué esas cantidades cuadraban como las cuadró el abogado, sino que reiteró su conclusión de que Charbonier Laureano y su esposo son culpables de los delitos de conspiración, robo de fondos federales y soborno, fraude de servicios honestos y lavado de dinero, todos estos en conjunto, y, Charbonier además, de obstrucción a la justicia.

“Ellos nunca pensaron que estarían aquí, en esta sala judicial, enfrentándolos a ustedes, enfrentando la justicia… pensaban que estaban por encima de la ley”, dijo Jacobson. En su resumen, los mensajes de texto, llamadas y depósitos bancarios están sincronizados para llegar a la conclusión de que la acusada puso a su empleada a ganar más que ningún otro representante, excepto el presidente del cuerpo, para poder sacarle ilegalmente $3,000 mensuales con los cuales cubrir deudas con el Servicio de Rentas Internas federal (IRS) y un préstamo estudiantil. “Usen su sentido común. ¿Qué persona con las responsabilidades de Frances Acevedo en una entidad pública se gana $100,000 al año?”, planteó sobre la “secretaria recepcionista”.

Aunque los testigos que presentó lo mencionaron poco, el fiscal dedicó una parte notable de su exposición final a tratar de atar a Montes Rivera al esquema y a explicar cómo, aún siendo ciudadano privado, puede ser condenado por fraude de servicios honestos porque cometió actos junto a una funcionaria pública, su esposa. Igual que hizo su colega, Kathryn E. Fifield, al principio del juicio, Jacobson adjudicó que Montes Rivera había “enterrado” un dinero, a pesar de que la testigo que relata el suceso no dice que lo enterró sino que lo escondió en un pastizal. Señaló también que la pareja usó a su hijo para encubrir el esquema ya que Acevedo Ceballos en ocasiones le pasaba el dinero a él para que lo pasara a su padre y que todo esto era una “violación grave de confianza pública por parte de un oficial público”.

Luego tomó el podio en la sala de la jueza Silvia Carreño Coll el abogado de la acusada, quien tenía pendiente una moción de la fiscalía que le pedía a la jueza que le censurara su exposición por las explicaciones que daba sobre la duda razonable y por su “retórica inflamatoria”. Rebollo Casalduc enfatizó en la presunción de inocencia que cobija a su clienta “aunque piensen que se ve culpable”.

Con las mismas ilustraciones que había usado la fiscalía sobre las transacciones supuestamente ilegales, el abogado dijo que caen en tres categorías: dinero en efectivo que Acevedo Ceballos retuvo cuando cambió su cheque, transferencias que hizo por ATH Móvil y “misceláneos”. Fastidió un poco a la fiscalía por alejarse del informante, Alemán Arce, al casi no mencionarlo en su turno final y mostró al jurado cómo el dinero que su amante retenía en efectivo cuando cambiaba su cheque sumó $65,145.34. A eso añadió $3,200 que fueron transferencias que la mujer hizo a Alemán Arce durante dos quincenas en las que depositó su cheque completo, sin quedarse con efectivo. Eso resulta en $68,345.34. Entonces, contrastó la cantidad con los $68,454 que Alemán Arce produjo mediante cheque certificado para poder saldar su hipoteca.

“¿De dónde este muchacho de 30 años que siempre ha sido un empleado público saca ese tipo de dinero para saldar su hipoteca?”, lanzó el abogado al recordar que un agente del FBI testificó que una de las formas que Acevedo Ceballos usaba para el esquema ilegal era darle el dinero a Alemán Arce para que supuestamente lo pasara a la acusada y que otra analista financiera del gobierno dijo que no examinó los pagos de la empleada al informante porque, como eran amantes, supuso que se pasaban dinero.

“¿Por qué no traer a Alemán para que yo le hiciera las preguntas?… no me dejaron confrontarlo. Duda razonable. Yo no tengo que probar nada, ellos (los fiscales) tienen que explicar esto”, argumentó al proponer que Acevedo Ceballos se escuchaba como se escuchaba en las llamadas porque pensaba que el dinero que daba a Alemán Arce era para la legisladora y al subrayar que el FBI mandó a su informante a grabar a la empleada, pero no a Charbonier Laureano. “¿Por qué van a confiar en Alemán? Ustedes no lo conocieron, ellos no lo trajeron”, insistió.

“La familia que delinque unida, debe ser condenada unida”

Sobre los pagos por ATH Móvil, dijo que suman solo $4,300, lo cual no cuadra con que eso sea un método para hacer $3,000 mensuales en pagos ilegales y que responden a los adelantos que su clienta hacía a la empleada para los viajes oficiales fuera de la isla. “¡Claro que eran ‘de Tata’, ‘para Tata’, le estaba repagando!”, alegó sobre la justificación que Acevedo Ceballos ponía en esos pagos. Sumó que su clienta tenía planes de pago vigentes tanto para la deuda contributiva como para la estudiantil y que fiscalía dijo que esa era la justificación para cometer los delitos, pero nunca trajo a funcionarios que explicaran los planes de pago y dijeran si, al momento de los hechos, estaban en atraso.

“Puede haber presión allá afuera para condenar, pero los que están aquí escuchando son ustedes”, dijo al jurado a la vez que tomó una copia de la hoja del veredicto y les pidió que, “sin miedo”, marcaran “no culpable”. Luego se sentó y se abrazó a Charbonier Laureano.

En una exposición más corta, la abogada Anita Hill Adames defendió que Montes Rivera se merece que el jurado evalúe la prueba en su contra de manera separada a la de su esposa. “Dos por uno es lo que (la fiscalía) está tratando de conseguir. Si ella es culpable, que se vaya él también. ¡Eso no es así! ¡No los dejen!”, exclamó al argumentar que la prueba del gobierno no había establecido el requisito indispensable de que el hombre tuviera conocimiento del supuesto esquema.

“El gobierno no ha podido probarles que Orlando Montes tenía la intención y el conocimiento requerido”, insistió, a la vez que recordó que cuando un agente del FBI sometió una declaración jurada a un juez para poder interceptar llamadas en este caso en verano de 2020, no pudo decirle categóricamente que Montes Rivera tuviera consciencia de la ilegalidad de los hechos investigados. “El 8 de junio de 2020, dos meses antes de su arresto, no le podía decir a un juez federal bajo juramento que Orlando Montes sabía que el dinero que se le pasaba venía de un esquema ilegal”, enfatizó.

“Es un hombre humilde y simplón… lo han observado todo este tiempo”, dijo al separarlo de acciones de Charbonier Laureano, como las reuniones que hubo después de que agentes del FBI entrevistaran a Acevedo Ceballos el 11 de julio de 2020 y al volver sobre la forma en que la fiscalía había exagerado al decir que “enterró” un dinero cuando eso no fue lo que dijo la testigo.

Ya al filo de las 9:00 pm, y con la capacidad de resistencia de todos en la sala agotada, la fiscal María Montañez Concepción asumió la responsabilidad de ejecutar el turno de refutación, el último que escuchan los jurados antes de deliberar.

La única miembro puertorriqueña del equipo de fiscales, Montañez Concepción usó un tono de voz alto para lanzar ripostas a los abogados de defensa al estilo ‘apaga fuego’. La intención de abarcar mucho terreno en poco tiempo ante un jurado con reservas de atención en nivel crítico la llevó, sin embargo, a no profundizar en sus argumentos.

Por ejemplo, no tuvo una respuesta sólida al andamiaje que armó Rebollo Casalduc con la hipoteca de Alemán Arce. “No hay ninguna evidencia de que el dinero que Alemán puso en esa casa vino del dinero de soborno del esquema de Charbonier”, apuntó al recordarle al jurado que Alemán Arce dejó de estar en la oficina de la acusada en 2019, pero los pagos de Acevedo Ceballos continuaron hasta 2020.

“No importa si es enterrar, esconder o poner, sabían que los estaban investigando… Orlando Montes es culpable, igual que Charbonier”, respondió al lío sobre que la testigo del gobierno no respaldó la declaración de la fiscalía del supuesto enterramiento de un termo con dinero.

Hizo referencia a las grabaciones encubiertas que Alemán Arce le hizo a Acevedo Ceballos y le recordó al jurado la voz “histérica” de la mujer porque los agentes conocían todo el detalle del esquema. “Este caso no es sobre Alemán o Sheila, es Charbonier usando a Frances, que decía que la quería como una hija, para robar dinero… Si (Acevedo Ceballos) se está quedando con los $8,000 no tiene razón para estar quebrá o para tener tres pesos en la cuenta o para que Charbonier le adelantara dinero para los viajes”, acotó.

“La familia que delinque unida, debe ser condenada unida”, concluyó.

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