El inversionista John Paulson recurrió al Tribunal Federal, cuando estaba a punto de un desacato en el tribunal estatal, en una controversia por los concesionarios de auto que compró recientemente.

Cuando la relación era miel sobre hojuelas, el inversionista John Paulson y su lugarteniente en Puerto Rico, Fahad Ghaffar, llevaron a cabo desde 2022 un plan “ambicioso y bien pensado” para dominar el mercado de automóviles en la isla.

Primero, adquirir Gómez Hermanos Kennedy (GHK) para hacerse de la distribución de marcas lujosas, como Porsche, Audi, Maserati, Ferrari, Lamborghini, Bentley y Land Rover. Luego, comprar Auto Grupo (AG) para controlar marcas americanas y japonesas más asequibles en el mercado, como Ford, GMC, Chevrolet, Cadillac, Chrysler y Nissan. También, con AG entraban en el sector de autos usados, lo que les permitía tener más volumen de unidades para “trade in”.

Una vez consumado, lo que internamente se conocía como Project Race y Project AG se le presentó al público como United Collection, el conglomerado de concesionarios más grande de la isla.

Pero, hoy, lo menos que están Paulson y Ghaffar es “united” y los concesionarios se acaban de convertir en el frente nuevo de la guerra legal que estalló entre ambos este año y que mantiene en el tribunal federal varios pleitos que involucran distintos aspectos de los negocios de Paulson en la isla.

En un acción que comenzó el 22 de diciembre en el Tribunal de Primera Instancia y que el 3 de enero llegó al Tribunal Federal, Paulson está solicitando al juez presidente de ese foro, Raúl Arias Marxuach, que intervenga para dejar sin efecto una orden de desacato que le emitió el juez superior Anthony Cuevas Ramos a solicitud de Ghaffar y que busca permitir que este siga usando la zona franca que tienen los concesionarios en el sector portuario para poder almacenar autos lujosos y evitar el pago de arbitrios.

Una zona franca permite a los importadores de auto almacenar sus unidades para así pagar los arbitrios correspondientes solo cuando la vendan y la saquen de allí. La que está al centro de esta pugna es un lote que antes operaba GHK y que, con la adquisición, pasó a F40 LLC, una de dos entidades que Paulson usó para su incursión en el mercado de autos. La otra empresa es V12 Land LLC, a la cual se le adjudica los títulos del terreno donde ubican los concesionarios.

Ghaffar entra a escena en el negocio porque la corporación sombrilla bajo la cual están las operaciones de los concesionarios se llama PCI PR LLC y es una entidad que pertenece, en partes iguales y a través de algunos otros frentes corporativos, tanto a Ghaffar como a Paulson. Además, antes de que lo botaran fulminantemente de la estructura de empresas de Paulson en Puerto Rico, Ghaffar era el encargado de los concesionarios.

Mediante contrato en 2022, con vigencia hasta 2027, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre Miranda, autorizó a que F40 operara el lote como zona franca porque esa agencia es la designada por el gobierno federal gerenciar esas zonas aquí. El Servicio de Aduanas mantiene también control sobre las operaciones de la zona franca, aún cuando es el concesionario el que tiene el uso del terreno.

En ese contexto, el 20 de diciembre Ghaffar recurrió al tribunal estatal a través de su participación en las entidades PCI DE LLC, PCI PR LLC y Better Puerto Rico LLC contra Paulson & Co., Inc., F40, V12 y el sobrino de Paulson, Rafael Cedeño Paulson, imputando que se habían violado los acuerdos de “uso compartido” que hay entre las entidades para dividirse el espacio en la zona franca. Específicamente, que querían sacar “a la fuerza” 250 unidades de la marca Alfa Romeo, como ya había pasado con los que estaban en el vestíbulo del concesionario, y que no le permitían ingresar más vehículos en la zona.

Pero lo que provocó que Ghaffar alarmara al tribunal y le pidiera una orden de desacato fue que en la zona franca se estaba levantando una verja de malla que subdividía el espacio y que supuestamente relegaba los vehículos por los que Ghaffar reclamaba a la zona más inundable del predio.

En una hora, Cuevas Ramos emitió una orden so pena de desacato con la justificación de “salvaguardar la jurisdicción del tribunal” y permitir que ocurra el juicio que señaló para el 17 de enero.

Ante esto, Paulson intentó pedir reconsideración y se le negó, por lo que el 3 de enero recurrieron al tribunal federal para que asumiera jurisdicción del caso e inmediatamente emitiera una orden revocando a Cuevas Ramos.

Paulson argumentó que la zona franca y todo lo relacionado es una materia de jurisdicción federal exclusiva, que Cuevas Ramos emitió la orden sin proveerle un debido proceso, que la orden del tribunal estatal implica que ya Ghaffar obtiene el remedio que buscaba y que se está usurpando la autoridad de Aduanas.

En su petición de auxilio al juez federal, Paulson caracteriza a Ghaffar como un “arrima’o” de la zona franca y confirma que no tiene problema en que saque los vehículos que tiene allí, pero no que introduzca más. Ghaffar plantea que si no le permiten ingresar más vehículos, se expone a tener que pagar $2 millones en arbitrios.

Con esta movida, todas las controversias entre el inversionista y su exlugarteniente están todas pendientes en el tribunal federal.

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