El gobernador y el presidente cameral piden al Supremo federal que diga si la Junta puede controlar también legislación sobre el sector privado.

Otra controversia por la amplitud del poder de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) quedó a la puerta del Tribunal Supremo federal al fin de 2023 cuando el gobernador y el presidente cameral pidieron a ese foro que diga si el ente fiscal puede controlar también la legislación que tiene que ver con el sector privado, como hicieron cuando consiguieron la anulación de la ley 41 de 2022, que buscaba flexibilizar algunos aspectos de la reforma laboral.

Esa petición y los juicios contra la exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano y la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, son los procesos de más alto perfil que estarán dilucidándose en el tribunal federal durante los primeros meses del año nuevo.

El presidente cameral Rafael Hernández Montañez sometió su petición al Supremo federal el 19 de diciembre y el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia lo hizo el día siguiente. Ambas plantean que se debe resolver si la jueza Laura Taylor Swain tiene competencia exclusiva para atender todas las controversias que surjan entre el gobierno. El gobernador añade que el Alto Foro debe decir si el requerimiento de la Ley PROMESA de que cada legislación tenga un estimado del impacto en las finanzas públicas incluye que se tenga que hacer una “proyección de los efectos secundarios especulativos (de la legislación) en el mercado laboral privado”.

La Junta tiene hasta fines de enero para contestar y entonces el Supremo decidiría si acoge el caso o no.

La Ley 41 fue un intento de revertir algunas de las restricciones al empleo privado que aprobó la Administración Rosselló Nevares en 2017 por cabildeo de la misma Junta, que desde el principio de su gestión había adelantado su criterio de que el crecimiento económico requería restringir beneficios laborales. “La recompensa prometida por estas restricciones era la inyección de inversión privada nueva. Esto nunca se materializó. Por el contrario, Puerto Rico sufrió una falta de empleados severa en posiciones de la industria de servicios”, le anotó Hernández Montañez al Supremo federal.

Por su parte, el gobernador enfatizó al Supremo que las exigencias de la JSF dentro del proceso de certificación de impacto fiscal de la legislación equivalen a tener que “probar un negativo” y que van más allá no solo de PROMESA sino de lo que la misma Oficina de Presupuesto Congresional hace en su proceso de evaluar el impacto económico de legislación en el Congreso federal.

“[L]os límites sustantivos y procesales del poder de la Junta deben estar claros y bien entendidos por todas las partes”, dijo Pierluisi Urrutia para urgirle al Supremo que revisen la determinación del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que sostuvo la anulación de la Ley 41.

No sería la primera vez que el tribunal enfrenta argumentos sobre el proceso de certificación de impacto de la legislación, pero los solicitantes distinguen este caso subrayando que la legislación no tiene que ver con el gobierno y que ya pasó la reestructuración de la deuda.

Mientras esto ocurre en el foro judicial más alto con poder sobre Puerto Rico, al nivel de primera instancia en el tribunal federal de San Juan se estarán desarrollando dos juicios que protagonizan dos expolíticas del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El 8 de enero reanuda el juicio contra Charbonier Laureano y su esposo por un esquema de sobornos mediante el que supuestamente infló el salario de una empleada legislativa a cambio de que esta le devolviera $3,000 mensuales. Se proyectaba que el proceso estuviera por terminar, o ya hubiera terminado, a esta fecha pero el 19 de diciembre pasado quedó todo suspendido sorpresivamente por una condición de salud de la jueza Silvia Carreño Coll.

Al reanudar, debe continuar el testimonio del agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Andrew Waltz, y quedaban una decena de testigos anunciados por fiscalía, incluyendo los excontratistas de Charbonier Laureano, Jonathan Alemán Arce y Luis Gierbolini Rodríguez.

Al finalizar ese caso, la sala de la jueza Carreño Coll volverá a ser foco de atención pública tan pronto como el 20 de febrero, que es la primera fecha hábil separada en su calendario para el inicio del juicio contra Vázquez Garced, el exagente del FBI, Mark T. Rossini, y el banquero italovenezolano Julio Herrera Velutini por un esquema en el que este supuestamente dio apoyo económico a la campaña primarista de la exgobernadora a cambio de que designara a los reguladores bancarios que Herrera Velutini quería. Inicialmente, el juicio abarcaría cargos contra Herrera Velutini por intentar hacer con el gobernador Pierluisi Urrutia lo mismo que hizo con Vázquez Garced, pero la jueza separó esa parte del caso para una fecha posterior no especificada.

Para el 12 de febrero está pautada la sentencia de convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, un señalamiento que ha sido pospuesto varias veces mientras la jueza federal Aida Delgado Colón dilucida una moción de absolución que le plantea que la conducta por la que fue condenado no constituye un delito federal, por lo que habría que anular el veredicto.

El calendario de ese caso todavía se puede afectar por solicitudes que Carreño Coll tiene pendiente de resolver y que incluyen que el banquero quiere que el juicio sea fuera de Puerto Rico, o que venga un juez visitante, y que la propia jueza se inhiba por fundamentos que permanecen confidenciales. El 16 de enero está pautada una conferencia sobre el estado de los procesos en la que pueden surgir aclaraciones sobre el rumbo del caso pendiente desde 2022.

En el 2024 el tribunal también atenderá todavía secuelas de procesos que capturaron la atención pública en 2023.

Para el 12 de febrero está pautada la sentencia de convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, un señalamiento que ha sido pospuesto varias veces mientras la jueza federal Aida Delgado Colón dilucida una moción de absolución que le plantea que la conducta por la que fue condenado no constituye un delito federal, por lo que habría que anular el veredicto.

En el caso de los seis convictos por el esquema de narcotráfico y asesinato que resultó en la muerte del banquero Maurice Spagnoletti, el juez Francisco Besosa todavía no ha señalado fecha nueva para las sentencias. Solo dos de ellos están convictos por la ejecución del exvicepresidente del banco Doral.

Tras un cambio en las guías de sentencia que usan los jueces federales, se espera que en el 2024 aumente el torrente de peticiones que comenzó en 2023 para que las sentencias de convictos primerizos por delitos que no impliquen violencia, terrorismo o sean de índole sexual sean reducidas. Varios convictos en casos de corrupción ya solicitaron una revisión de su pena, incluyendo los primos del gobernador, Walter Ricardo y Eduardo Javier Pierluisi Isern.

En el caso de los seis convictos por el esquema de narcotráfico y asesinato que resultó en la muerte del banquero Maurice Spagnoletti, el juez Francisco Besosa todavía no ha señalado fecha nueva para las sentencias. Solo dos de ellos están convictos por la ejecución del exvicepresidente del banco Doral.

A nivel del Primer Circuito de Apelaciones, se producirán los argumentos por los cuales los convictos Sixto Jorge Díaz Colón, productor de radio y televisión, y del boxeador Félix Giomar Verdejo Sánchez solicitan que ese foro revise sus respectivas sentencias. En este último expediente, hubo un cambio de abogados ya que los licenciados Jason González Delgado y Gabriela José Cintrón Colón, quienes atendieron el juicio de 25 días, reconocieron que la complejidad del caso requería que la apelación estuviera en manos de un abogado con experiencia reconocida en esa fase del proceso judicial. El Primer Circuito asignó la apelación al licenciado Ignacio Fernández De Lahongrais, quien también integra el equipo legal de la exgobernadora Vázquez Garced.

Además, deben materializarse las apelaciones de dos de los convictos por el fraude de $9 millones con dinero que se supone fuera para construir un Centro de Trauma en Mayagüez.

Vea:

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