La forma en que se manejan los informes financieros de funcionarios favorece a jueces y legisladores, pero no a la transparencia y fiscalización.

Dos días después de su arresto en agosto de 2020, la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano renunció a su escaño. La renuncia la liberó de un procesamiento ético legislativo, pero no de otras violaciones a la ley que no están cubiertas por su acusación federal.

El testimonio del viernes pasado fue al detalle de múltiples violaciones que la exlegisladora había cometido por información falsa en sus informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

También, quedaron resaltadas lagunas en la fiscalización de la Cámara de Representantes el cuatrienio pasado bajo la presidencia de Carlos "Johnny" Méndez Núñez.

Por un lado, la intervención de la exjefa de Recursos Humanos de la Cámara de Representantes, Karen Torres de la Torre, estuvo enfocada en insistir en las muchas maneras en que era desproporcional el salario de $8,000 mensuales que ganaba Frances Acevedo Ceballos mientras era “secretaria recepcionista” en la oficina legislativa de Charbonier Laureano y empleada de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal.

Acevedo Ceballos se declaró culpable de participar en un esquema de soborno mediante el que devolvía a su jefa $3,000 mensuales de su salario.

Pero, por el otro, el hecho de que una empleada ganaba más que cualquier representante, excepto el presidente cameral, no fue suficiente para que en ese momento se llevaran a cabo investigaciones o se presentaran querellas, como le tuvo que admitir Torres de la Torre al abogado defensor Francisco Rebollo Casalduc.

La exfuncionaria de la Cámara, y ahora empleada de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, se mantuvo en que la manera en que opera el cuerpo legislativo es que cada legislador tiene un presupuesto y lo maneja como quiera, sin sujeción a escalas o limitaciones en la compensación.

Otras rendijas en el andamiaje de fiscalización quedaron expuestas con el testimonio de Héctor Ramón Bladuell Viera, director auxiliar de la OEG para el Área de Auditoría de Informes Financieros.

La versión más reciente de la Ley de Ética es de 2012 y la Legislatura la ha enmendado tres veces, pero ninguna para disponer que se aplique a los legisladores y los jueces de la misma forma que aplica a los empleados del Poder Ejecutivo.

Al no tener jurisdicción directa sobre legisladores ni jueces, la OEG solo hace revisiones y recomendaciones en cuanto a sus informes financieros, pero no genera referidos de procesamiento criminal sobre los mismos, como lo hace para el Ejecutivo. Por eso, la OEG indicó a NotiCel que no tenía jurisdicción sobre Charbonier Laureano, como lo tendría sobre exfuncionarios del Ejecutivo.

Pero la evidencia en el caso hasta ahora es que Charbonier Laurano sometió varios informes financieros con contenido falso. Esos informes se someten bajo juramento, por lo que el perjurio que ha quedado demostrado puede ser procesado, como se haría con cualquier otra persona que ofrezca declaraciones falsas, sean legisladores o no.

De hecho, la Ley de Ética específicamente separa en dos atículos distintos las violaciones que se pueden cometer con los informes financieros. Uno de los artículos es “[s]anciones y penalidades aplicables a los servidores públicos de la Rama Ejecutiva”, pero otro es “[p]rohibiciones relacionadas con el informe financiero” que aplican a “servidor o ex servidor público”, sin distinción del poder constitucional al que pertenecen.

En ese artículo, se incluye “[h]aber enriquecido su patrimonio… cuando tal enriquecimiento haya ocurrido con posterioridad a la asunción del cargo… y hasta cinco años después de haber concluido su desempeño, y no pueda justificar dicho enriquecimiento”. En este caso ya Acevedo Ceballos aceptó culpa por enriquecer a Charbonier Laureano de manera injustificada.

Con el testimonio de Blaudell Viera, la fiscalía federal presentó al jurado varios de los informes financieros que sometió la también expresidenta de la Comisión de Ética con el fin de resaltar que, mientras recibía dinero en efectivo de su empleada, en su informe decía que su único ingreso era el de legisladora. También, para que observaran que hubo años en que dijo no haber aportado nada a sus deudas por préstamos estudiantiles (dos que llegaban a casi $175,000) y por contribuciones federales (casi $60,000) y que hubo un año en que, solo con su salario de casi $74,000, reportó haber saldado una deuda de tarjeta de crédito por casi $31,000.

La OEG llegó a preguntarle a la político del Partido Nuevo Progresista (PNP) por algunas de estas observaciones y les contestaba, bajo juramento, que todo lo había hecho exclusivamente con su salario como legisladora. Esto sería perjurio e, igual que las demás actuaciones con relación a los informes financieros, no son parte de los delitos federales que se le presentaron a la acusada.

Además, se invirtió tiempo por parte de la fiscalía y de la defensa en disputar si Charbonier Laureano debió reportar como ingreso en el informe los $12,000 anuales que el Seguro Social pagaba a una tía suya que vivía con ella, pero que recibía el dinero a través de su hijo, quien no vive con la acusada.

Pero ninguno de esos detalles estaban disponibles para que el público o la prensa los fiscalizara cuando la acusada ocupaba su cargo legislativo porque ni los legisladores ni los jueces están incluidos en el resumen de informes financieros que publica la OEG. Los representantes comenzaron a aparecer este cuatrienio por una disposición del presidente cameral Rafael Hernández Montañez, pero los senadores todavía no aparecen.

Aún si los resúmenes de los informes de Charbonier Laureano hubieran estado disponibles para el público, los detalles delatores de actividad sospechosa podrían no estar claros en esos resúmenes porque la propia Ley de Ética limita qué incluyen y el formato. Como está dispuesto ahora, la información no está desglosada, sino agrupada.

Por ejemplo, se muestran ingresos, pero no la fuente de los mismos. Los vehículos de motor se suman junto a otras “deudas u obligaciones”. Hay un espacio para “otras transacciones” sin detallarlas y están sumados en el mismo renglón artículos como las joyas y obras de arte con “otros activos y deudas u obligaciones”.

Los resúmenes existen porque, de entrada, la ley dice que los informes van a ser confidenciales. Esto, en contraste con el gobierno federal donde los informes son públicos, incluyendo los de los jueces federales como Silvia Carreño Coll, quien preside el caso contra Charbonier Laureano.

Además de Blaudell Viera, la fiscalía el viernes trajo a una funcionaria del área de Rehabilitación Vocacional del Departamento de Educación federal, Patricia Dickerson, para reforzar testimonio que había dado el secretario de Hacienda sobre cómo el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico incluye fondos federales. Dickerson consignó que la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), una dependencia del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, recibió $370,671.

La funcionaria federal no fue contrainterrogada, y la fiscalía no hizo la conexión, pero en el testimonio de Blaudell Viera se dijo que uno de los ingresos que reportaba la unidad familiar de Charbonier Laureano eran $360 que había recibido su hijo, Orlando Montes Charbonier, de parte de la ARV. El joven, quien fue estudiante de educación especial, fue acusado junto a sus padres y a Acevedo Ceballos, pero le ofrecieron desestimar los cargos mediante un desvío justo antes del juicio.

Otros dos testimonios breves fueron el del agente del FBI, Ismael Simón, quien se limitó a describir cómo incautó en el apartamento de Charbonier Laureano un iPad y una computadora Mac, y quien a preguntas de la defensa dijo que no incautó dinero en efectivo; y Arnold Rivera Agosto, empleado de FirstBank que explicó cómo la transacción electrónica que realizaba la Comisión Revisora para pagarle el cheque de nómina a Acevedo Ceballos cruzaba líneas estatales porque iba a unos servidores en Wisconsin antes de reflejarse en la cuenta de la mujer.

Rivera Agosto es el testigo número 10 de una lista de 25 posibles testigos que maneja a su discreción la fiscalía federal.

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