El alcalde suspendido “Guillito” Rodríguez insiste en resaltar que el municipio recuperó todo el dinero que se había perdido cuando él autorizó que se invirtieran en el mercado financiero, pero fiscalía federal consigna que devolución no quiere decir que no hubo daño.

La fiscalía federal consignó en un documento confidencial publicado a solicitud de NotiCel que, aunque el municipio de Mayagüez recuperó los $9 millones malversados en una inversión en el mercado financiero que autorizó el alcalde suspendido José Guillermo Rodríguez Rodríguez, no se trató de un acto sin víctima o sin consecuencias.

“Los Estados Unidos someten que aunque la víctima, un municipio de Puerto Rico, pudo recuperar fondos, todavía tuvo que usar recursos gubernamentales, incluyendo contratar representación legal, para conseguir ese dinero. El uso de recursos gubernamentales en esta tarea significa menos recursos para otras funciones gubernamentales, y eso, somete los Estados Unidos, es un sufrimiento financiero. Los actos del acusado, así como los de sus coacusados, provocaron sufrimiento financiero sustancial”, argumentó la fiscal Myriam Fernández González, quien logró la convicción de siete acusados a nivel federal por el fraude con los $9 millones que se supone fueran para un Centro de Trauma en Mayagüez.

La fiscal manifestó esto a la jueza federal Aida Delgado Colón en mociones que sometió de manera confidencial para las sentencias de los respectivos acusados. NotiCel, a través del periodista que suscribe esta nota, hizo una solicitud a la jueza para que liberara las mociones relativas a sentencia, en particular porque la propia jueza le había pedido a la fiscalía más claridad sobre exactamente cuánta era la responsabilidad económica que cada acusado particular tenía con relación a los $9 millones malversados. Al conceder la solicitud, la jueza reiteró una decisión suya en otro caso en la que había enfatizado que someter mociones confidenciales debe hacerse “solo raramente y por una causa buena”, ya que se supone los procesos y documentos judiciales sean públicos.

La aseveración de fiscalía contrasta con expresiones que han hecho Rodríguez Rodríguez y su abogado, Harry Padilla Martínez, quienes han minimizado la responsabilidad del funcionario enfatizando que el municipio pudo recuperar el dinero.

Como alcalde, Rodríguez Rodríguez autorizó que el dinero que la Legislatura había asignado durante varios años para la construcción de un Centro de Trauma en la ciudad fuera transferido a la corporación municipal Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI). Entonces, como presidente de la Junta de Directores de MEDI, Rodríguez Rodríguez autorizó que el dinero fuera entregado al asesor financiero, Eugenio García Jiménez, para que lo invirtiera en el mercado de valores.

García Jiménez y otras seis personas fueron acusadas a nivel federal por usar el dinero para lucrarse ilegalmente. Mientras, Rodríguez Rodríguez y la jefa de Finanzas del ayuntamiento, Yahaira Valentín Andrades, fueron acusados a nivel estatal de malversación de fondos y omisión en el cumplimiento del deber por su rol en el movimiento del dinero. Es en ese proceso que el alcalde suspendido y su abogado han levantado como argumento de defensa que el dinero fue recuperado.

Ayer, al salir de su lectura de cargos, Rodríguez Rodríguez dijo que los fondos están “en la caja del municipio de Mayagüez” por “los seguros que tuvieron que responder” ante “una malversación de fondos que no fue del alcalde”. A preguntas de la prensa, rehusó aceptar que si hubo reposición de parte de las aseguradores, es que había ocurrido una pérdida. El juicio contra ambos funcionarios está pautado para el 22 de diciembre y será por jurado, aunque el abogado anticipó que someterá una solicitud de desestimación de cargos.

El reconocimiento del alcalde de que una parte del dinero fue recuperado por pago de seguros está contemplado en la ley federal, que le concede a los seguros la facultad de colocarse en el lugar de las víctimas originales para así cobrar cualquier restitución de fondos que se le imponga a los convictos. La fiscalía consignó a la jueza que en este caso, la víctima es el municipio de Mayagüez porque fueron abogados del municipio los que sometieron una declaración como víctimas para efectos del informe presentencia de los convictos. De hecho, en al menos una de las vistas ante la jueza Delgado Colón compareció como víctima la propia Valentín Andrades, quien todavía ocupa el cargo de jefa de Finanzas a pesar de los cargos criminales que tiene pendientes.

Los documentos que la jueza liberó a solicitud de NotiCel proveen el cuadro más preciso hasta ahora sobre quiénes respondieron por el dinero malversado y cuánto de ese dinero se le adjudica a cada uno de los convictos federales.

Según el desglose, a los $9 millones hay que restarle $1.8 millones que García Jiménez hizo que se le devolvieran a MEDI haciéndoles creer que era rendimiento de la inversión, cuando en realidad era del mismo dinero invertido. En la medida en que ese dinero fue devuelto, por la razón que fuera, antes de que el grupo fuera arrestado, se tiene que restar de cualquier restitución, lo que deja $7.2 millones como “pérdida real”.

De esos $7.2 millones, García Jiménez es responsable de $5,772,904.38; el exasesor legal del municipio, Arnaldo Irizarry Irizarry, de $126,100; el exdirector ejecutivo de Medi, Alejandro Riera Fernández, de $133,200; el exasesor financiero del municipio, Roberto Mejill Tellado, de $680,000; Stephen Kirkland de $371,056.74; Steve Minger de $106,738.88; y Joseph Kirkland de $10,000. Estas cantidades se calcularon con base en la prueba de transferencias que recibió cada uno o de las que se benefició. En el caso de García Jiménez, se le identificaron 21 cuentas bancarias a través de las cuales movió el dinero.

En cuanto a la recuperación de los fondos, los documentos no son igual de precisos ya que mantienen secciones confidenciales relativas a los informes presentencia, los cuales no son públicos y que se alimentaron de la información que proveyó el municipio como víctima.

Pero el documento consigna que, por motivo de intereses, el municipio habría recibido $1,765,126, que es la diferencia entre los $7.2 millones de pérdida real y los $8,965,126 que la ciudad acabó recibiendo de parte de tres entidades que hicieron las devoluciones. Según fiscalía, la devolución provino 46% de LPL Financial LLC y 46% de Unionbanc Investment Services, LLC (ambas entidades financieras involucradas en las transacciones de García Jiménez) y 8% de la Comisión de Intercambio y Valores (SEC en inglés), el regulador federal del mercado financiero.

La SEC tiene dos procesos sobre este fraude. Uno que sigue abierto contra García Jiménez, y otro contra LPL Financial que esta resolvió pagando $4.8 millones al regulador.

Hasta el 6 de noviembre, cuando ocurrió la sentencia de Irizarry Irizarry, el único convicto que faltaba por sentenciar, ninguna de estas entidades había hecho una reclamación como víctima para poder recibir cualquier dinero que los convictos pagaran como restitución.

En esa vista, Delgado Colón había enfocado también en que no se trataba de “un delito sin consecuencias” porque todavía el área oeste no tenía un Centro de Trauma que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte para los residentes de la región.

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