Piden sentencia de vida en prisión y que le pasen una factura millonaria, aunque no la puedan pagar.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico pidió que los dos convictos por la muerte del exejecutivo del banco Doral, Maurice Joseph Spagnoletti, sean condenados a cárcel de por vida y que se les pase una factura millonaria por los gastos que la viuda e hija de la víctima tendrán como resultado de su asesinato, aunque los convictos no puedan pagarla.

La fiscalía usó el mecanismo de la Ley de Restitución Mandatoria a Víctimas de 1996 para pedirle al juez federal Francisco Besosa Stubbe que, cuando sentencie a los convictos Yadiel “Motombo” Serrano Canales y Rolando “El Viejo” Rivera Solís, les imponga también una restitución, independientemente de su capacidad de pago porque consideran que la misma es mandatoria bajo dicha ley.

La viuda de Spagnoletti, Marisa, y la hija de ambos, Lucy, son las víctimas que se reconocen en este caso y la viuda sometió una declaración bajo pena de perjurio detallando los gastos relacionados con la muerte, que suman $6,177,284 millones y se dividen casi por mitad entre ella y su hija.

“El efecto sicológico y emocional adverso de la conducta criminal (de Serrano Canales y Rivera Solís) privó a (Marisa y Lucy) del amor y apoyo de su esposo y padre, lo que, en efecto, significa una pérdida inconmesurable. Aún así, (Marisa) reportó con cuanto detalle pudo las consecuencias financieras reales y cuantificables para proveer al tribunal con una base razonable para apoyar una sentencia de restitución a su favor”, explicó la fiscalía en mociones que sometió al juez para solicitar la restitución.

Las mociones hacen la salvedad de que Marisa se ha mudado varias veces desde el asesinato en 2011 ocurrido a la entrada del Túnel Minillas y que ha perdido documentos en el camino. Pero se desglosan como gastos sujetos a restitución: el Lexus ES350 de 2008 que conducía Spagnoletti cuando recibió disparos certeros a su cabeza y cuello ($34,124); terapia sicológica para Lucy ($27,000), para Marisa ($9,000), medicamentos ($4,550) y tratamiento futuro para Lucy ($49,100) y ara Marisa ($16,360); pérdida de ingreso del banquero hasta que se retirara ($6 millones); gastos funerarios ($31,350); y gastos de Marisa para cooperar con la investigación y comparecer como testigo en el juicio ($5,850).

Durante el juicio de 23 días, entre marzo y mayo de este año, la viuda tuvo una intervención corta, pero dramática, como testigo en la que se limitó a señalar con el dedo a Serrano Canales y gritar su apodo en sala para decir que era la persona que la estaba persiguiendo días antes del asesinato. El hombre se le habría aparecido en al menos tres ocasiones, pero en ese momento la mujer no se lo dijo a su esposo, a sus compañeros de trabajo, a la Policía ni a los empleados de seguridad de los lugares donde ocurrió el supuesto acecho.

El grupo fue acusado inicialmente en 2018 por delitos de drogas, pero la muerte del banquero no se le imputó a cuatro de ellos hasta la cuarta acusación enmendada en 2021. Esto después de que Marisa desistiera de una demanda civil que había presentado contra exejecutivos del banco Doral en la que los señalaba directamente como responsables de la muerte de su esposo. En su testimonio, la viuda dijo que su mente había bloqueado la memoria del acecho al que la sometió Serrano Canales y que ver su foto en conexión con el arresto por drogas le reavivó el recuerdo.

La motivación que habrían tenido los acusados para el asesinato es que el ejecutivo estaba limpiando la casa en el banco y tenía la intención de cortar el contrato de mantenimiento que tenía la compañía de Rivera Solís, en la que estaban involucrados algunos otros coacusados y que le representaba ingresos de $1.1 millones al año.

En septiembre, Serrano Canales sometió una moción en la que pidió juicio nuevo porque supuestamente otro de los convictos había confesado que los implicados en la matanza eran los exejecutivos del banco y no él. Pero, mediante documentos sellados, el juez denegó la moción.

En el juicio no desfiló evidencia directa de lo que ocurrió en el momento del asesinato del banquero ni hubo testigos oculares. En vez, la fiscalía presentó testimonio de que días antes del asesinato Rivera Solís habría dado pistolas a dos hombres en su casa de Trujillo Alto, uno de ellos de piel negra y quien la fiscalía dice que es Serrano Canales, y que, días después, en el mismo lugar, hubo celebración y mención de un carro que se salió de la carretera, como ocurrió con el carro de Spagnoletti. Además, una testigo dijo que otro acusado que será enjuiciado el año que viene, Álex Burgos Amaro, le confesó cómo él y Serrano Canales habrían participado en el asesinato.

Con esta prueba, el jurado absolvió del asesinato de Spagnoletti a uno de los coacusados, Luis Carmona Barnecet, pero no así a Serrano Canales ni Rivera Solís.

La vista de sentencia estaba señalada para noviembre pero fue pospuesta sin fecha. En documentos separados, la fiscalía pidió sentencia de vida en la cárcel para Serrano Canales y Rivera Solís. Sobre Serrano Canales, resaltaron el historial que entró en el récord cuando testigos lo vincularon con otros actos de violencia como gatillero. Sobre Rivera Solís, los fiscales resaltaron el control que tenía sobre los demás coacusados por su posición como sacerdote de la religión Yoruba, de la que los demás eran seguidores, y cómo usó negocios legítimos para lavar dinero.

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