Tribunal revisor dijo que Justicia no pudo justificar la tardanza excesiva en tramitar traducciones de las transcripciones del juicio de 1992.

Antonio Ramos Cruz, quien fuera convicto en 1992 como uno de los que participó en la matanza de una madre y sus dos hijos, hechos conocidos como la “Masacre de Trujillo Alto”, podrá permanecer en libertad supervisada mientras el foro federal resuelve su petición para revocar el veredicto.

Así lo determinó un panel de jueces del Primer Circuito de Apelaciones de Boston el 7 de noviembre, después de que en agosto pasado el juez federal Francisco Besosa decidiera que el hombre podría permanecer en libertad bajo supervisión de oficiales de probatoria. El juez basó su orden en que el Departamento de Justicia no acababa de someter la traducción de la transcripción del juicio estatal de 1992, que es parte de lo que Besosa evaluaría en la petición de ‘habeas corpus’.

Aunque la decisión de Besosa fue atacada públicamente por Justicia y el fiscal Yamil Juarbe, quienes insistieron en la culpabilidad de Ramos Cruz y recordaron los detalles más horrendos del delito contra la madre y sus hijos, los jueces revisores destacaron que, en su apelación, el departamento no desarrolló ningún argumento sobre la probabilidad de que el hombre fracase en su petición para ser excarcelado y exonerado definitivamente.

“(Justicia) no disputa que, como regla general, la dilación extraordinaria en la adjudicación de una petición de habeas puede constituir la circunstancia excepcional que amerite la libertad bajo fianza del peticionario. Y (Justicia) no ha demostrado que, en estas circunstancias, el juez de distrito erró patentemente al concluir que se habían tardado excesivamente en producir las transcripciones del juicio, y sus traducciones, y que esta tardanza ameritaba la liberación bajo fianza del peticionario”, añadió el panel apelativo que incluye al juez puertorriqueño, Gustavo Gelpí.

Tras el juicio de 1992, Ramos Cruz fue sentenciado a 297 años de cárcel por la muerte de Haydée Maymí Rodríguez y sus dos hijos menores de edad en 1989. También fue convicto por los hechos Juan Carlos Meléndez. Como parte de los esfuerzos de Proyecto Inocencia, tramitó una petición de nuevo juicio basada en errores en el proceso y en el manejo de prueba genética.

En el 2017, la entonces jueza Berthaida Seijo Ortiz concedió el nuevo juicio y puso a Ramos Cruz en libertad bajo fianza, pero en 2019, el Tribunal de Apelaciones revocó y volvió a ordenar su arresto. El Supremo no revisó y Ramos Cruz llevó su petición al foro federal, donde está pendiente de resolución hace casi tres años, más recientemente por la falta de entrega de las traducciones de la transcripción del juicio de 1992 que Besosa debe considerar.

Las alegaciones de Ramos Cruz pendientes ante Besosa incluyen un “patrón de mala conducta” del fiscal original, Andrés Rodríguez Elías, quien está al centro de otros casos de convictos que han sido liberados tras concederles juicios nuevos. “A nuestro conocimiento, la conducta conocida de esta manzana podrida no tiene paralelo en la esfera pública”, afirmó a Besosa la representación legal de Ramos Cruz, al mencionar que en este caso el fiscal amenazó a un testigo menor de edad con cárcel a menos que implicara a Ramos Cruz y que se dejaron sin explorar ángulos investigativos como la posible participación de la expareja de la víctima, a quien se le ocupó el arma homicida.

Ya en el retiro, el juez que presidió en el juicio de 1992, Hiram Sánchez Martínez, ha afirmado que si el proceso hubiera sido por tribunal de derecho, en vez de por jurado, hubiera absuelto a Ramos Cruz.

En una vista el 25 de agosto, los representantes de Justicia dijeron a Besosa que la traducción tardaría de tres a cuatro meses más porque se requería identificar fondos para sufragar los costos de traducción, estimados en $100,000.

Debido a la “laxitud” de Justicia en producir las transcripciones y traducciones, Besosa ordenó la liberación de Ramos Cruz bajo las mismas condiciones que la había puesto la exjueza Seijo Ortiz.

El hombre fue liberado el 1 de septiembre.

Vea:

Truena el fiscal Juarbe contra el juez Francisco Besosa