Asociación de la Judicatura pidió al Tribunal Supremo que eleve a su consideración de manera inmediata la demanda del viernes pasado con la que piden ordenar al gobierno aplicarle sus aumentos de sueldo.

La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Inc., entidad que representa los intereses de los jueces, pidió hoy al Tribunal Supremo que eleve ante sí de forma automática el pleito con el que buscan conseguir que se aplique el aumento de salario a los jueces que radicaron el viernes pasado.

La solicitud es para que se active el mecanismo conocido como certificación, mediante el cual el Supremo puede entrar a decidir un pleito en cualquier etapa. En este caso, la demanda de la Asociación fue radicada el viernes y está consolidada con otro pleito que sometió el juez de apelaciones Ricardo Guerrero Marrero, que también persigue una orden contra la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para que comience a aplicar el aumento de salario de jueces sin esperar por una enmienda a la Ley de la Judicatura.

Las demandas consolidadas tienen una vista pautada para el miércoles. Los demandados son el Gobierno de Puerto Rico, la OGP y los presidentes legislativos. El Senado ya aprobó la enmienda para el aumento pero el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, ató la consideración del aumento a jueces a que se evalúe un aumento para los legisladores también.

Uno de los argumentos de los jueces es que no hace falta enmienda porque ya la Legislatura había aprobado una resolución presupuestaria con la partida para los aumentos el Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) lo aprueba y el propio ente fiscal había aprobado los aumentos específicos para cada categoría de jueces. Los aumentos también aplican a los jueces asociados y jueza presidenta del Supremo. Ya el pleno de ese Alto Foro se expresó públicamente a favor de la aplicación de los aumentos con retroactividad al 1 de julio de 2023.

Sobre esa contención de que ya el aumento está aprobado en el presupuesto, el Plan Fiscal y por la JSF, los demandantes plantean también que la negativa de Hernández Montañez violenta la separación de poderes porque se traduce a una reducción de salario de los jueces.

Las demandas consolidadas de Marrero Guerrero y la Asociación son similares en argumentos, pero difieren un poco en las alternativas de resolución. Ambas piden que se declare que el aumento a los jueces es un hecho consumado, pero la del juez ofrece como alternativa que el tribunal ordene a la OGP a que desembolse los $11.2 millones separados para el aumento, mientras que la de la Asociación ofrece de alternativa que se le ordene a la Cámara a aprobar el aumento porque no aprobarlo sería una violación a la separación de poderes que dispone la Constitución del Estado Libre Asociado y a la independencia judicial.

Vea:

Guerra declarada de poderes por aumento salarial a jueces