Juez federal determinó que la controversia por el cierre de cuentas del dispensario es especulativa y debe resolverse en el foro estatal.

Un juez desestimó la petición con la que la cooperativa Cooperativa de Ahorro y Crédito TuCoop (TuCoop) quería conseguir el aval del tribunal para cerrarle la cuenta a la empresa 3G Green Gold Group LLC (3G) por sospecha de que mantiene un esquema de lavado de dinero relacionado con las operaciones de los dispensarios de cannabis BWell y NextGen.

TuCoop había pedido una sentencia declaratoria en anticipo a su plan de cerrar la cuenta de 3G, pero esta empresa había alegado que no había jurisdicción federal porque de concretarse la acción, a lo sumo, sería una disputa contractual que tiene que verse en el foro estatal.

El juez federal Raúl Arias Marxuach, en una determinación el martes, falló a favor de 3G y encontró que TuCoop estaba tratando de crear un jurisdicción federal que no existe en la controversia. El juez no entró en los méritos de la supuesta ilegalidad del esquema que la cooperativa imputó a la empresa.

“TuCoop está usando la Ley de Sentencia Declaratoria para dar un golpe preventivo en adelanto a una reclamación legal prospectiva de (3G). En este escenario, la jurisdicción de un tribunal federal es, en el mejor de los casos, dudosa”, concluyó Arias Marxuach.

En junio pasado, TuCoop sometió la demanda exponiendo que, como institución financiera, está sometida a la regulación federal antilavado de dinero que le requiere ser vigilantes sobre la actividad de sus clientes y reportar actividad sospechosa. Esta cooperativa es la que presta servicios a las múltiples empresas que han surgido en la industria del cannabis medicinal en la isla.

Añadieron que habían identificado que las transacciones de los dispensarios asociados a 3G no eran identificadas como transacciones relacionadas con cannabis y que llegaban a instituciones financieras en el estado de Colorado asociados a otras empresas o fideicomisos que hacían más difícil identificarlas como derivadas del negocio de cannabis. Todo esto, plantearon, creaba una sospecha de lavado de dinero que los llevó a tomar la decisión de cerrar la cuenta de 3G y recurrieron al tribunal para obtener una sentencia en la que se les confirmara que así podían hacerlo bajo las leyes federales sobre regulación del lavado de dinero. Pero uno de los elementos que determinó Arias Marxuach es que esas leyes no están disponibles para que las usen partes privadas entre sí, sino que se usan en el marco de acciones regulatorias del gobierno.

Vea:

Alegan esquema de lavado de dinero en negocio de cannabis en PR