Los abogados se concentraron en las diferencias entre el caso criminal contra la representante y lo que ocurre con los contribuyentes que tienen deficiencias en planillas.

El contrainterrogatorio del exsecretario de Hacienda, Manuel Díaz Saldaña, quien interviene como perito del gobierno en el proceso contra la representante Mariana Nogales Molinelli, culminó el lunes con intentos por parte de la defensa de establecer contraste con el procesamiento criminal que se decidió hacer en este caso y la forma en que se hubiera resuelto si fuera un asunto administrativo como los demás que se manejan en el Departamento de Hacienda.

El fiscal especial independiente Ramón Mendoza Rosario objetó porque los criterios de un procesamiento criminal son, por ley, distintos a los de un proceso administrativo, lo que degeneró en una discusión en voz alta con el licenciado Ricardo Prieto García, que provocó dos malletazos y un regaño de parte del juez superior Rafael Taboas Dávila.

“Vamos a calmarnos. Yo le doy aquí a todo el mundo, que haga su show, pero no me griten a mí. Ustedes me ven suave. Yo soy suave. Pero si me provocan yo también sé y controlo mi sala. Déjenme la gritería. Aquí todo el mundo tiene un rol pero no me conviertan esto en un circo porque esto no es un circo. Las objeciones se hacen por derecho y me habla cada cual como yo les hablo a ustedes. Esta es la primera vez que tengo que levantar la voz, lamentablemente, pero lo voy a seguir haciendo si me hacen lo mismo. No se confundan, yo soy tranquilo, pero no se confundan”, descargó el juez para luego declarar sin lugar la objeción del fiscal.

Las preguntas de Prieto García, abogado de la madre de la representante, Rita Molinelli Freytes, igual que las anteriores de José Andréu García, abogado de Nogales Molinelli, y de Frank Torres Viada, abogado de Ocean Front Villas, Corp., tienen la intención de hacer que el perito admita que no hizo nada más que revisar el trabajo que ya había hecho otro personal de Hacienda que está trabajando con los fiscales especiales independientes, que los ingresos que se imputa que los acusados dejaron de reportar no tenían que reportarlo y, si lo tenían que hacer, está exento de contribuciones bajo la ley, que si hubiera algún error en la información reportada en las planillas se podía manejar administrativamente sin convertirlo en un caso criminal y que las dos propiedades de alquiler en controversia, ubicadas en Palmas del Mar, fueron una donación que la madre hizo a la hija y que la hija luego hizo un contrato con la madre para que ella las pudiera mercadear en usufructo. Esto último es un mecanismo válido en ley que se puede ejecutar para la planificación de herencia, admitió el testigo.

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) inicialmente radicó 51 cargos contra la miembro del Movimiento Victoria Ciudadana, su madre y la corporación. Pero en una primera vista de causa para arresto solo se determinó causa en dos de los cargos, relacionados con reportes ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), dejando fuera todo lo que estaba relacionado con las planillas supuestamente “falsas y fraudulentas” que las tres habían radicado. Ahora, Taboas Dávila preside sobre la vista de causa para arresto en alzada y Díaz Saldaña comparece por primera vez como perito de los fiscales, pero esencialmente consignando el mismo análisis que otro testigo había presentado en la vista anterior.

Prieto García concentró su ataque en las diferencias entre un proceso criminal y uno administrativo y llevó al también excontralor a reconocer que las denuncias no establecen ninguna cantidad específica de deficiencia contributiva, mientras que el proceso administrativo hubiera requerido que se hiciera una notificación con un cálculo de la deficiencia, multas y penalidades.

También, lo llevó a afirmar que en un caso criminal contributivo regular, es de Hacienda que surge el hallazgo sobre la actuación contributiva y que entonces se consulta con el Departamento de Justicia para ver si la situación alcanza el nivel de un procesamiento criminal, mientras que en este caso fue al revés y primero Justicia determinó preliminarmente que había conducta criminal para que luego personal de Hacienda se integrara a hacer el examen minucioso.

El referido de Justicia, de hecho, no apuntaba a violaciones del Código de Rentas Internas, aunque los fiscales especiales tienen la facultad de explorar conducta y delitos más allá de los que Justicia identifica en su referido. Díaz Saldaña defendió que la información que se consigue posteriormente, como resultado del análisis de las planillas y el examen de cuentas bancarias, puede validar esa determinación de procesamiento criminal.

Más temprano, Andréu García consumió su turno estableciendo que el testigo desconocía la mayor parte de los detalles alrededor del manejo de las propiedades. Por ejemplo, el tracto de que los apartamentos 59 de Crescent Cove y 144 de Beach Villa fueron adquirido por Molinelli Freytes mediante un préstamo con el Banco Popular y con dinero propio, y que esta los había transferido a su hija, quien, a su vez, hizo un contrato de usufructo con su madre mediante el que esta las alquilaba, recibía las rentas y pagaba los gastos, seguros y contribuciones de los mismos.

El contrainterrogatorio de Díaz Saldaña terminó y mañana los fiscales tienen su segundo turno para rehabilitar al testigo. Según la discusión de las partes, si la vista no termina el 20 de noviembre podría tener que reanudarse a fin de año o a principio de 2024.

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