El exasesor del municipio de Mayagüez, Arnaldo Irizarry, pidió clemencia por los estragos que el caso ha tenido en su vida y familia, pero la jueza le recordó que esas consecuencias son su responsabilidad y no de la corte.

El exjuez superior Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry recibió sentencia de 37 meses de cárcel por su participación en el esquema mediante el que $9 millones destinados a un todavía inexistente Centro de Trauma en el área oeste fueron a parar a los bolsillos de siete personas.

Irizarry Irizarry era asesor legal del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, al momento del esquema. De los siete acusados a nivel federal, solo Irizarry Irizarry y el exdirector ejecutivo de la Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), Alejandro José Riera Fernández decidieron ir a juicio y ambos fueron encontrados culpables. La sentencia de Riera Fernández fue también 37 meses.

El viernes pasado se encontró causa probable para juicio contra Rodríguez Rodríguez y la todavía directora de Finanzas del municipio, Yahaira Valentín Andrade, por cargos de negligencia relacionados a autorizar que el dinero que la Legislatura había asignado para el Centro de Trauma fuera, en vez, destinado a una inversión en el mercado de valores que se le encargó a Eugenio García Jiménez, el cerebro del esquema de fraude y quien fue sentenciado a 63 meses de cárcel.

Antes de su sentencia esta mañana, Irizarry Irizarry pidió clemencia al tribunal con un relato dramático de las consecuencias profesionales y personales que sufrió desde que fue acusado en 2019 y que incluyen intentos de suicidio por parte suya y de una de sus tres hijas.

“Lo que pido es misericordia, la vida de mi hija está en las manos de este honorable tribunal”, dijo el convicto a la jueza federal Aida Delgado Colón tras relatar en detalle las consecuencias de salud mental que sufrió su hija menor por el caso y que conllevó un intento de suicidio en verano pasado. “Su único pecado ha sido adorar a su padre, su único pecado es entregarle el corazón a su padre y decir a gritos que sin ti, papi, me voy a morir, me voy a matar, ha caído en una grave depresión severa”, aseguró. Además de este quebranto de su hija, Irizarry Irizarry protagonizó un intento de suicidio en 2019, después de que agentes federales lo arrestaron para enfrentar cargos en este caso.

“Estoy pasando por un calvario en donde se ha destruido totalmente mi vida personal y profesional”, clamó sobre la pérdida de su licencia de abogado, de su oficina legal, de amigos que ahora “no lo conocen”, y las dificultades por cumplir con las necesidades básicas de vivienda y servicio esenciales con un ingreso de salario mínimo, que es lo que tiene ahora como empleado de una panadería en su pueblo de Mayagüez. Vivir en pueblo pequeño, Hormigueros, también le ha significado sufrir el castigo diario de las miradas, comentarios soeces y gestos de las personas cuando sale a hacer gestiones básicas.

Según su testimonio durante el juicio, Irizarry Irizarry estudió Derecho en España, fue becado por el Tribunal Supremo, asesoró a los exsecretarios de Salud, Jaime Rivera Dueño y Luis Izquierdo Mora, entró al Departamento de Justicia bajo el ala del exsecretario Héctor Rivera Cruz y fue juez de distrito y superior. Testificando en su defensa, el abogado dijo también que de su contrato de $10,000 con el Municipio de Mayagüez, sacaba $2,000 mensuales para el hermano del alcalde, Osvaldo Rodríguez Rodríguez, una alegación que todavía no ha producido consecuencia legal alguna para el alcalde suspendido o su hermano.

“Estoy avergonzado, le he pedido la muerte a Dios, no tengo ganas de vivir a veces”, dijo el hombre de 64 años y enfermo del corazón, tras pedir perdón a su familia y a “todos los seres relacionados con este caso” y al reiterar que, por el bien de su hija, le dieran una pena que no incluyera cárcel.

Ante esto, la fiscal Myriam Fernández González solicitó los 37 meses de cárcel que son la parte alta de las recomendaciones de sentencia aplicables a Irizarry Irizarry. “Con relación a los amigos y familiares del convicto que estén sufriendo por su condena y por cualquier sentencia que este tribunal escoja imponer, eso es algo triste y se va a encontrar en cada uno de los casos que vienen ante este tribunal”, anotó.

“Las consecuencias colaterales son parte del castigo que va a enfrentar”, le aclaró la jueza de entrada cuando llegó su turno de emitir sentencia. Resaltó que el convicto empleó “medios sofisticados” para cometer el fraude que se valoriza por $7.2 millones (debido a que García Jiménez devolvió parte de la inversión temprano en el esquema como un supuesto rendimiento de la misma) y que, aunque el municipio recuperó el dinero por la acción del gobierno federal y de otras dos entidades financieras, no se trata de “un delito sin consecuencias”.

Esto, porque el área oeste sigue sin un Centro Médico que pueda ofrecer una oportunidad de vida a los accidentados en esa región. “Tiene que pensar en por qué lo miran mal, porque ellos piensan que se les privó colectivamente (de ese hospital)”, le comentó la jueza sobre la gente que lo miraba mal cuando salía de la casa.

Al recordar que la evidencia es que se benefició por $126,100 mediante un contrato que García Jiménez le dio sin que aparentemente tuviera que trabajar nada por el dinero, pero a la misma vez que Irizarry Irizarry también asesoraba al municipio sobre la transacción que se le otorgó a García Jiménez, la jueza comentó que “un conflicto de interés que se define temprano para los estudiantes de Derecho, fue ignorado por un abogado experimentado y exjuez”. También, lo fustigó porque no reportó los $2,000 que le estaban pidiendo para el hermano del alcalde a cambio de su contrato con el municipio. “Usted sabe que eso es ilegal, lo tenía que reportar”.

“El tribunal no toma a la ligera el tumulto emocional de su hija… el tribunal está consciente de que eso tiene consecuencias, pero el tribunal no es responsable de eso”, dijo Delgado Colón para rechazar asumir la carga que el convicto le puso en las manos por la vida de su hija.

La jueza condenó a Irizarry Irizarry a 37 meses de cárcel y tres años de probatoria, así como a 200 horas de servicio comunitario.

Pidió a la Oficina de Probatoria que, para la parte de servicio comunitario, hiciera una anotación en el récord de que Irizarry Irizarry podía ser “un buen conferenciante en las escuelas de Derecho sobre lo difícil que es conseguir un título y lo fácil que se puede perder”.

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