El Panel del FEI presentó un caso limitado contra el alcalde de Ponce, en vez de uno más agresivo que incluyera más delitos, y lo tiene sustentado primordialmente con exempleados del ayuntamiento.

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) escogió una estrategia de ‘menos es más’ para presentar un caso limitado y básico contra el alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, que está sustentado casi totalmente con testimonios de sus exempleados.

Como se había anticipado, el caso está centrado en la forma en que Irizarry Pabón transfirió a su campaña, reportó y repagó $30,000 que vinieron de un préstamo de $50,000 que le aprobó el Banco Popular en 2019 cuando era candidato con el propósito de que hiciera mejoras a su hogar. El préstamo incluía un seguro de vida para beneficio del hoy político electo del Partido Popular Democrático.

Usando la misma línea que había trazado la Oficina del Contralor Electoral (OCE) en agosto pasado para imponer una multa de $159,944.24, la OPFEI planteó que Irizarry Pabón no repagó el préstamo con su dinero, sino que obligó a empleados municipales a repagarlo con el dinero de cada uno de ellos. La defensa del alcalde intentó argumentar, sin éxito, que ya la determinación de la OCE calificaba los repagos como donativos de campaña que había que reportar y que ya la multa atendía eso, por lo que no procedían acusaciones criminales por la misma conducta.

De las posibilidades de delito que pueden surgir cuando un funcionario público supuestamente obliga a un subalterno a realizar un acto que beneficia al funcionario y perjudica al subalterno, las fiscales especiales Zulma Fúster Troche e Ileana Agudo Calderón se limitaron a imputar enriquecimiento injustificado y violación a la Ley de Ética Gubernamental. Son dos denuncias de cada uno de esos delitos, para un total de cuatro, pero se refieren a la misma conducta. Tanto bajo enriquecimiento injustificado como la Ley de Ética, la conducta criminal es que un funcionario público use su poder para beneficiarse. El beneficio no tiene que ser recibir directamente algo. Puede ser, como en este caso, conseguir que se le releve de una obligación como la del repago del préstamo.

La denuncia por el delito de enriquecimiento injustificado llama la atención con relación a las posibilidades que quedan de procesamiento federal, a raíz de requerimientos de información que autoridades de ese foro diligenciaron al municipio. Esto porque ya el Tribunal de Apelaciones determinó, en un caso de 2018, que los elementos de ese delito del Código Penal de Puerto Rico están contenidos en otro delito del código penal federal, por lo que una persona no podría ser procesada dos veces por esa misma conducta. La presentación del delito por parte de las fiscales especiales parece bloquear la posibilidad de que autoridades federales hagan un procesamiento por esa misma conducta.

Con el delito de Ética Gubernamental no hay duda, es un delito que solo se puede procesar en los tribunales de Puerto Rico porque sale de una ley especial y, como funcionario público, Irizarry Pabón no está sujeto a ninguna ley federal parecida a la de Ética. Los delitos relacionados a la Ley de Ética son también más comunes en los procesamientos de la OPFEI y tienen más victorias acumuladas procesando por esa legislación.

Otro elemento que plantea una estrategia limitada por parte de los fiscales es que en este caso no se recurrió a peritos u otro tipo de testigo que no fueran las víctimas y otras personas directamente involucradas con los hechos.

Para sustentar las denuncias en la etapa de ayer de causa para arresto, las fiscales presentaron a la jueza superior Adria Cruz Cruz siete declaraciones juradas y el testimonio del agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Miguel Fonseca Torres. Las declaraciones fueron de los exempleados del alcalde: Luis Rafael Báez Rodríguez (exdirector de campaña y exayudante); Oscar Iván Nazario Segarra (exreacudador de campaña y exdirector del Departamento de Infraestructura, Ambiente y Transportación); Jorge Luis Mercado Santiago (exdirector de Manejo de Emergencias); Alberis Manuel Serrano Rivera (exfuncionario de la Oficina de Programación); y Ángel Miguel Gómez Vega (exempleado de la Oficina de Programación).

Además, las fiscales sometieron declaraciones juradas de Edgardo Torres González, gerente del Banco Popular de Ponce Towne Center, y de Ormiraida López Torres, administradora de dicha sucursal, quienes atendieron parte del trámite para el préstamo de $50,000 en 2019 al entonces candidato Irizarry Pabón.

Estas declaraciones son parte de un grupo de 23 declaraciones juradas de empleados y exempleados que la fiscal Fúster Troche dijo al tribunal que tenía para sustentar el caso en juicio. Aludió también a prueba de video de cuando los empleados iban al banco a pagar el préstamo y de transferencias electrónicas mediante ATH Móvil para ese propósito.

Al escoger sentar como testigo en esta etapa solamente al agente Fonseca Torres, las fiscales también limitaron las posibilidades que tenía el abogado defensor, José Andréu Fuentes, de impugnar el testimonio en sus méritos o por credibilidad porque el agente va a hablar de lo que otros le dijeron y porque, al estar descargando sus funciones, es poco lo que se puede hacer para imputarle parcialidad o selectividad en su investigación. El testimonio del agente investigador es también la única prueba que normalmente se presenta en casos federales para conseguir órdenes de arresto y en ese foro el arresto se tramita directo con un magistrado federal sin la intervención de la defensa del investigado.

Con Fonseca Torres se introdujo en el récord un elemento que no fue parte de las denuncias, aunque sí del caso en la OCE: los $19,000 que aportó ilegalmente a la campaña de Irizarry Pabón el convicto contratista Oscar Javier Santamaría Torres, cooperador de las autoridades federales. A preguntas de Andréu Fuentes, el agente estableció que Irizarry Pabón no estaba presente cuando el contratista entregó el dinero y que los fondos no llegaron a la cuenta del comité de campaña.

De los testigos, al menos dos tienen acuerdo de inmunidad, Báez Rodríguez y Nazario Segarra, quienes son los vinculados al recibo y trámite del dinero de Santamaría Torres por las funciones que tenían en la campaña del alcalde.

En esta etapa no surgieron los documentos que Irizarry Pabón había dicho que tenía para probar su inocencia, pero que no podía presentar hasta que se formalizara la acusación. En una reiteración del argumento del alcalde de que el proceso es una faena política, su abogado también planteó al tribunal que “todo (el caso) está matizado políticamente”, pero la fiscal ripostó que sería una persecución de su propio partido porque los testigos son empleados o exempleados de su administración.

El tribunal impuso $20,000 de fianza y la vista preliminar quedó señalada para el 16 de noviembre.

*Juan R. Costa colaboró con esta nota.

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