El alcalde Luis Irizarry Pabón conoce hoy las denuncias de actuación criminal después de una largamente anticipada investigación de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente.

Casi cuatro años después de que tomara un préstamo de $50,000 en el Banco Popular para financiar su campaña exitosa a la alcaldía de la Ciudad Señorial, el doctor Luis Manuel Irizarry Pabón tiene que comparecer hoy al Tribunal de Primera Instancia de Ponce para conocer la conducta criminal que supuestamente cometió en el proceso de saldar esa deuda.

La conducta ilegal pudo haberse expandido no solo a cómo repagó esa deuda, sino a lo que Irizarry Pabón y allegados hicieron después de enterarse de que estaban investigándolo el Departamento de Justicia (DJ), primero, y luego la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

Con las denuncias que presenten hoy los fiscales especiales independientes Zulma Fuster Troche y Manuel Núñez Corrada se conocerá finalmente la extensión de la conducta criminal que se le imputa al alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) y que es materia de discusión pública desde verano del año pasado, cuando el funcionario confirmó requerimientos de información de las autoridades investigativas al municipio.

Pero ya hubo un atisbo del supuesto esquema en la forma de una determinación de multa por $159,944.24 que le presentó en agosto pasado la Oficina del Contralor Electoral (OCE). Allí se indica que el comité de campaña de Irizarry Pabón nunca presentó evidencia del origen de esa aportación de $30,000, ni que era una cuenta por pagar ni los pagos que empleados de confianza habrían estado obligados a hacer para saldar ese préstamo.

La OCE contabilizó $5,810.70 en aportaciones para repagar el préstamo que hicieron: Alberto Negrón, director de los Ayudantes del Alcalde; Edgard Avilés, secretario municipal; Marlese Sifre, vicealcaldesa; Waldemar Rivera, director de Ayuda al Ciudadano; Luis Velázquez, chofer del Alcalde; Pedro Quiles Torres, comisionado de la Policía Municipal; Francisco Rodríguez, administrador de la Ciudad; y Jorge Luis Mercado Santiago, director de Manejo de Emergencias.

Algunos de estos, u otros empleados no identificados por la OCE, podrían ser coacusados del alcalde.

La inminencia de la acusación pareció llevar a Irizarry Pabón a presentar y empujar la aprobación el 10 de octubre pasado de una ordenanza que redibujó el orden sucesoral en caso de que el alcalde falte por razones que incluyen la destitución. Pero tres de los cuatro sucesores del alcalde están en la lista de los empleados que hicieron aportaciones para el préstamo. El orden sería Sifre, Rodríguez, Avilés y entonces la directora de la Oficina de Servicios Legales, Annette Rodríguez.

Irizarry Pabón ha mantenido sus cartas de defensa ocultas, manteniéndose en reclamar inocencia sin mostrar ninguna evidencia que lo sustente, pero en el informe de la OCE hay un adelanto de una de sus defensas: los candidatos pueden aportar ilimitadamente a su propia campaña y de ese préstamo salieron $30,000 que aportó en efectivo a su campaña como lo hizo en otras ocasiones y como lo han hecho otros candidatos. “[N]os mantenemos en la posición de no registrar una cuenta por pagar por $30,000 a favor del candidato, ni registros de recaudos por alegados ‘donativos’ para pagar dicha cuenta por pagar, y menos aún reconocer desembolsos para el ‘pago’ de la cuenta por pagar”, respondió el comité a la OCE.

Con esto, el alcalde disputa la imputación principal en su contra, que obligó a empleados de confianza a repagarle el préstamo, cometiendo así violaciones relacionadas a los reportes de sus finanzas de campaña y también extorsión.

Cobijado por el “espacio” que le han dado los últimos dos presidentes del PPD, Irizarry Pabón ha insistido en su inocencia, en los fracasos que han tenido recientemente los fiscales especiales y en que las acusaciones serían una fabricación política. Para esto, tiene de munición también el que la fiscal Fuster Troche tuvo contrato con su excontrincante política, la exalcaldesa novoprogresista María Meléndez Altieri, a través de la entidad Legal Consultants PSC, según reveló el programa Primera Pregunta. Fuster Troche, quien es también esposa del excandidato del Partido Nuevo Progresista, Leonides Diaz Urbina. entró al caso en septiembre en sustitución del fiscal especial destituido, Miguel Colón Ortiz.

“No hay por dónde cogerme porque no se ha cometido delito. Esto ha sido una fabricación y, lamentablemente, la política está envuelta”, dijo el alcalde de primer término en una conferencia de prensa en agosto.

Otro argumento que se prevé que Irizarry Pabón utilizará en el tribunal, ya lo hizo ante la OCE, es limitar la responsabilidad de los trámites financieros de su campaña solamente en el director de la misma, Luis Báez Rodríguez, un cooperador en el caso. Ya en el informe de la OCE, la tesorera oficial de la campaña, Damaris Suliveres Cruz, aparece en una declaración jurada haciendo la notable admisión de que ella, aunque tenía el título de tesorera, no tenía control, y en algunos casos tampoco conocimiento, de los movimientos de dinero que hacía Báez Rodríguez.

“No había una fuente de corrobación adicional a la información suministrada por el señor Báez Rodríguez”, dijo la tesorera, quien fue multada, a la vez que relató que “aparte de ser el Director de Campaña, fue la persona que estuvo en la calle todo el tiempo recaudando los donativos, realizando los depósitos en las cuentas bancarias de los comités, firmando los contratos de servicios necesarios, coordinando las tareas de campo para rotular, visitar e impactar las comunidades de todas las formas posibles”.

Suliveres Cruz es la actual jefa de Finanzas del municipio.

Las denuncias que los fiscales especiales presenten hoy, resulten o no resulten en una determinación de causa para arresto, pueden ser solo el punto de partida de otros procesos que se activen en contra de Irizarry Pabón. La misma OPFEI, de manera paralela al caso criminal pero separada, puede iniciar un proceso de destitución a través de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD).

También, queda en el camino, como una mina enterrada que podría explotar en cualquier momento, el ángulo de una investigación federal que quedó delatada cuando en marzo pasado agentes del gobierno de los Estados Unidos visitaron la alcaldía para diligenciar requerimientos de información. Debido a la determinación del Tribunal Supremo federal en el caso Sánchez Valle, se puede anticipar que cualquier procesamiento federal que surja sea por hechos distintos a los que formen la base de las denuncias de la OPFEI hoy.

Una de las actuaciones que provocó multa de parte de la OCE fue que el comité de Irizarry Pabón no registró $19,000 en donativos en efectivo que realizó el convicto federal y corrupto contratista Oscar Santamaría Torres. Pero este, que es cooperador de las autoridades federales, no tuvo contratos posteriormente con la ciudad, como ha sido el modus operandi en otros casos de alcaldes que han resultado convictos por la cooperación del contratista.

Vea:

Devastador informe del Contralor Electoral sobre la campaña de Irizarry Pabón

Por fe, sin pruebas, el alcalde de Ponce reclama su inocencia