La aplicación de una ley del PPD, el PNP y Proyecto Dignidad, así como las bonificaciones regulares a las que tiene derecho, pueden reducir dramáticamente la condena de 45 años si la Junta de Libertad Bajo Palabra le concede ese beneficio.

Pablo Casellas Toro, asesino confeso de Carmen Paredes, -su esposa y la madre de sus dos hijas-, mediante 14 disparos que le realizó en la terraza de su casa el 14 de julio de 2012, podría solicitar el beneficio de libertad supervisada dentro de unos ocho años, gracias a legislación que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aprobó el año pasado y que fue sometida por miembros de los partidos Nuevo Progresista (PNP), Popular Democrático (PPD) y Proyecto Dignidad (PD).

La Ley 85 de 2022, un proyecto de los senadores Joanne Rodríguez Veve (PD), Gretchen M. Hau y Ramón Ruiz Nieves (PPD) y William Villafañe (PNP), impuso un tope de 15 años como el máximo que cumplen los reos antes de poder solicitar que su caso sea evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). No es que sale libre a los 15 años, pero desde ese momento se le podría conceder el privilegio de cumplir el resto de su condena en la calle, independientemente de cuántos años se hubieran dispuesto en la sentencia.

El camino hacia la confesión del corredor de seguros no solo estuvo marcado por esa legislación, sino que incluyó la muerte de un testigo, drama tras bastidores en el Departamento de Justicia y hasta un giro en el derecho penal que hizo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que reescribió la Constitución del Estado Libre Asociado.

El hijo del fenecido juez federal Salvador Casellas Moreno se declaró culpable ayer por los cargos de asesinato en segundo grado, destrucción de evidencia y violación a la Ley de Armas. La única modificación en el acuerdo fue que el asesinato era originalmente en primer grado. El cambio significa que, técnicamente, Casellas Toro puede decir que no premeditó el asesinato de su esposa, que entonces tenía 46 años.

De inmediato, y como parte del acuerdo, la jueza Nerisvel C. Durán Guzmán lo sentenció a un total de 45 años que se dividen en 25 por el asesinato, tres por la destrucción de evidencia (que se cumplen dentro de los 25 del asesinato) y 20 por la violación a Ley de Armas (que serían consecutivos a los 25 del asesinato).

Pero, cuando esa sentencia se filtra por la forma en que las leyes dictan que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) va a manejar a la población penal, el escenario cambia dramáticamente.

Según explicó Sahilyn Rodríguez Escobar, coordinadora de récord criminal a nivel central del DCR, la primera directriz de ley es que la sentencia base para hacer los cálculos es la mayor. En este caso, los 25 años por el asesinato en segundo grado. Luego, por buena conducta y por ser una pena mayor de 15 años, esos 25 años pueden reducirse a razón de siete días por cada mes. Esto resultaría en que sus “meses” en la cárcel serían de tres semanas y no de cuatro y que los años serían de nueve meses. Por tanto, los 25 años realmente serían unos 19 años en el calendario.

Luego, hay que tomar en cuenta cualquier tiempo que la persona haya estado presa con relación al caso. Al declararse culpable, Casellas Toro iniciaba un nuevo juicio después de que el Tribunal Supremo anulara una convicción con veredicto once a uno que un jurado emitió en 2014. Aunque ese juicio quedó como si nunca hubiera ocurrido, los seis años, seis meses y 11 días que Casellas Toro estuvo preso como parte de ese procesamiento ahora se le restan a la sentencia. Cuando se acredita lo cumplido, los alrededor de 19 años bajan a cerca de 12 años. Pero, como la Ley 85 dice que el máximo es 15 años para solicitar la libertad supervisada, a Casellas Toro solo le restan unos ocho años para que el DCR notifique a la Junta que es elegible. La suma de lo que ya cumplió más unos ocho años lleva a los 15 máximos de la Ley 85.

Rodríguez Escobar indicó que el resultado exacto del cálculo lo tendrían una vez pudieran examinar el expediente a la luz del acuerdo de culpabilidad, pero NotiCel corroboró que el estimado de ocho años es lo que maneja internamente Justicia en sus discusiones. Además, recordó que la bonificación de siete días por mes no es la única a la que Casellas Toro puede recurrir ya que, si estudia o trabaja, puede ser acreedor de una bonificación adicional equivalente a otros siete días por mes en el primer año de reclusión y hasta 10 días por mes del segundo año en adelante.

Aunque los 20 años por la Ley de Armas se cumplirían consecutivos a la pena por el asesinato, si la Junta le concede libertad supervisada, lo cumple todo en libertad supervisada, tanto la pena por el asesinato como la de las armas.

La Ley 85 fue criticada por grupos de víctimas y fiscales y, al momento de entrar en vigor, aplicó automáticamente a 2,563 casos o lo mismo que a una tercera parte de la población penal en ese momento, precisó la funcionaria de Corrección. Esto porque, aunque la ley es de 2022, le aplica a cualquier confinado que ya estuviera preso, siempre y cuando la aplicación le favorezca.

Este cálculo fue una consideración en el acuerdo, pero no la única.

La posibilidad de una alegación de culpabilidad fue objeto de discusión entre las partes desde el primer juicio, afirmó ayer una de las fiscales originales del caso, Phoebe Isales Forsythe. Pero la realidad de tener que volver a enfrascarse en un juicio once años después del asesinato añadió complejidades y urgencias.

En la moción conjunta que presentaron ayer para informa el acuerdo, los fiscales y el abogado defensor, Harry Padilla Martínez, aludieron a que tomaron en consideración “la evidencia documental con que en estos momentos” cuanta cada lado, “las dificultades” de sustituir testimonios de testigos que no están disponibles, que algunos testigos de fiscalía no están disponibles y que tampoco lo está el perito de defensa porque falleció. NotiCel supo que las dificultades con los testigos del Ministerio Público incluían uno que está preso, uno que cambió parte de su testimonio y otro que sencillamente no ha sido localizado.

Añadieron que en 2020 el Supremo federal dictó que los veredictos de culpabilidad en casos graves tenían que ser unánimes, lo que provocó que quedara anulada la disposición constitucional de Puerto Rico que permitía que los veredictos fueran por mayoría y también la eventual decisión del Tribunal Supremo local de que la unanimidad tenía que ser tanto para condenar como para absolver. Habiendo tenido ya un veredicto once a uno, la defensa tenía muy difícil conseguir ahora un veredicto unánime de absolución y el Ministerio Público enfrentaba el riesgo de que tan solo un voto evitara otra vez la unanimidad para condenar.

La capacidad de Casellas Toro para continuar una “intensa litigación”, el “costo de la litigación” para ambas partes, el que las dos hijas y el hermano de la víctima dieran su aval, la salud y edad del acusado, el tiempo que consumiría el nuevo juicio, en fin, “las lecciones aprendidas durante estos años”, contribuyeron a que se concretara el acuerdo, según la moción.

El borrador de lo que sería la versión final del acuerdo lo trabajó el fiscal Yamil Juarbe Molina con Padilla Martínez. Al final del verano, Juarbe Molina sometió el acuerdo para la aprobación del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández. Pero, por razones que no están claras, el secretario envió al fiscal de distrito a la fiscalía de Guayama y lo relevó del caso de Casellas Toro días antes de que comenzara el nuevo juicio.

La moción que notifica la alegación está firmada por el resto del equipo de fiscales que estaba asignado al caso, pero no por Juarbe Molina. Sin embargo, tras oficializarse el cuerdo, Juarbe Molina, y no Emanuelli Hernández, fue el que compareció a los medios a defender el mismo y NotiCel supo que la asignación a Guayama fue revertida.

“Por segunda vez tenemos a Pablo Casellas convicto del asesinato de Carmen Paredes. Esta vez, afirma con su voz que es culpable y va directo a prisión”, dijo el secretario en su única expresión, unas declaraciones escritas en las que no mencionó a Juarbe Molina como parte del equipo que representó al departamento en el caso.

En sus comparecencias, Juarbe Molina adelantó también que la libertad supervisada no se concede automáticamente y que tanto el departamento como los parientes de Paredes (esencialmente su hermano porque las hijas han apoyado a su padre) estarían compareciendo a oponerse.

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