Quedan mal paradas varias empresas en PR con alegaciones de Paulson contra Ghaffar
El billonario John Paulson somete extensa demanda contra su exmano derecha en la isla, imputándole un esquema de crimen organizado con familiares y amigos y que “mordió la mano que lo alimentaba”.
Como parte de los esfuerzos legales de destrucción mutua que protagonizan hace semanas, el billonario gerente de inversiones, John Paulson, desató su anticipada ofensiva contra quien fuera su mano derecha en sus negocios de Puerto Rico, Fahad Ghaffar, mediante una demanda extensa en la que no solo detalla la involucración de la familia de Ghaffar en varios esquemas de crimen organizado, sino la de otras empresas en la isla.
Las alegaciones de Paulson están contenidas en una reclamación federal que sometió al amparo de la Ley Contra el Crimen Organizado (RICO en inglés). Dicha ley, creada para combatir la mafia, tiene una vía criminal y una civil. En ambas hay que probar que existió una empresa criminal que cometió delitos específicos de manera continua. En la fase civil, no hay que probarlo más allá de duda razonable y se puede reclamar una compensación económica equivalente al triple de los daños probados. Paulson dice que le causaron “sobre $189.6 millones en daños”.
La demanda está suscrita por el bufete neoyorquino Oved & Oved LLP, y los puertorriqueños Casillas, Santiago, Torres LLC y DMR Law LLC. Este último lo integra la exfiscal federal María Domínguez Victoriano y el documento lee como un pliego acusatorio criminal al punto de que se dice que Ghaffar es un “riesgo de fuga” y que está tramitando ciudadanía con las autoridades de Antigua.
Entre las conductas ilegales que acusa están evasión contributiva, fraude en contribuciones, fraude en obras de construcción, malversación de fondos, fraude en seguros, organización sin fines de lucro fraudulenta, extorsión, fraude con fondos federales de reconstrucción, tráfico de documentos fraudulentos, fabricación de evidencia y fraude en inversiones. De probarse las conductas, podrían ser objeto de procesamiento criminal, si las autoridades las investigan, y podrían afectar también el decreto contributivo del que disfruta Ghaffar como inversionista residente bajo al Ley 22. Paulson no tiene ese tipo de decreto.
No queda claro por qué Paulson decide radicar la acción ahora, después de tener a Ghaffar por 10 años como subalterno y prácticamente su sombra en sus negocios de Puerto Rico. El billonario dice en el documento que Ghaffar había engañado o manipulado a otros ejecutivos de sus empresas en la isla para ejecutar sus esquemas y que los mismos fueron descubiertos cuando Ghaffar “se fue en una vacación de dos meses al Mar Mediterráneo en su recién comprado yate”. Pero parte de la mala conducta de Ghaffar por la que ahora Paulson reclama estaba descrita desde octubre de 2021 en la demanda por discrimen laboral que sometió contra ambos el gerente hotelero Enrique Díaz Pagán. Allí se dice también que Ghaffar se ufanó de haber regalado un BMW de lujo al esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. La publicación de esa demanda en NotiCel puso a Ghaffar “iracundo”, asegura Paulson.
No se menciona la fecha del viaje al Mediterráneo, pero queda claro que, entre junio y julio pasado, Paulson hizo reclamaciones a Ghaffar y otros familiares sobre la conducta imputada y que estos le contestaron vía correo electrónico negando la misma u ofreciendo explicaciones sobre por qué actuaron así. Paulson despidió a Ghaffar el 31 de julio, lo que desató la serie de recriminaciones públicas, laborales y legales, a la que se suma la acción radicada ayer. El rompimiento de la relación coincide con el divorcio de Paulson, cuya división de bienes todavía se disputa en Nueva York, y con la involucración de Ghaffar en los hechos por los que están acusados Vázquez Garced y el banquero Julio Herrera Velutini.
De hecho, Paulson dice en la demanda que “consistente con el uso que Fahad daba a su posición con Paulson para convertirse en un jugador importante de la política y los negocios de Puerto Rico, y mientras (su esposa) estaba ocupada planificando su lujosa boda de ensueño, Fahad estaba atendiendo su lista de invitados de políticos y gente prominente de negocios, asegurándose de que estuvieran sentados de una manera que adelantara sus intereses personales”. “De hecho, en el día de su boda, Fahad estaba ocupado coordinando una reunión entre (Herrera Velutini y Vázquez Garced)”, que es parte del esquema de sobornos por el que ahora se acusa a ambos, añade Paulson, quien fue uno de los invitados de la boda y estaba en la misma mesa que el banquero y la mandataria.
Otro presente fue el entonces presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión III, cuya empresa de seguros, HUB International CLC, LLC, protagonizó uno de los episodios descritos en la demanda.
Se indica que el hermano de Ghaffar, Amir, llegó a la isla hace varios años con una visa de trabajo. Su empleo fue con Innoveo, Inc., empresa que fue usada por los hermanos Ghaffar para quedarse con el negocio de los seguros de los negocios de Paulson en la isla mediante extorsión. Inicialmente, los seguros de Paulson los manejaba Fulcro Insurance, a la que Fahad exigió que contrataran a su hermano como consultor. Cuando no lo hicieron, usó su poder para quitarles los contratos con Paulson. Entonces, Ghaffar fue a HUB, que accedió a retener a su hermano como “consultor” a través de la empresa Tygate. La consultoría era una forma ilegal de darle parte de la comisión al hermano de Fahad, subraya la demanda. Los hermanos también se movieron contra una tercera empresa de seguros que prestaba servicios a Paulson, la cual primero accedió a pagarle a su hermano como consultor a través de Innoveo y luego se negó a la exigencia de que compartieran con él las comisiones de otros negocios que no estaban relacionados con Paulson. Finalmente, los hermanos Ghaffar crearon la entidad Coverisq en octubre de 2022 y movieron a esta todos los negocios de seguros de Paulson, sin que este supiera de la participación de Fahad en el negocio. Desde entonces, han pagado $48 millones en primas y $5 millones en comisiones a Coverisq, cantidades “exponencialmente mayores” a las que pagaban antes.
También relacionado con seguros, el documento relata que en junio de 2018 Ghaffar reclamó que había perdido un reloj de $100,000 en el Serafina Beach Hotel, una de las propiedades de Paulson. A través de su hermano, sometió una reclamación al seguro, que acabó pagándole $75,000 el máximo posible bajo la póliza. Pero se plantea que la reclamación fue un fraude ya que Ghaffar obligó a empleados del hotel a preparar un informe falso de pérdida y a ponerlo en el sistema de reservación del hotel como que había dormido allí la noche en que alegó que “perdió” el reloj y pagó $100 por la habitación para encubrir el engaño. Con la ayuda de su hermano, Ghaffar consiguió que la póliza de las propiedades de Paulson también cubrieran su residencia personal, dos lotes de terreno, piscina, joyería y propiedad personal.
Uno de esos lotes, 1125 Calle Seaview en el Condado, es objeto de otro esquema descrito en la demanda que involucra a la compañía puertorriqueña F & R Construction Group, Inc. (F & R). Los dueños de esta empresa de trayectoria larga en su industria controlaban la entidad CCBF LLC, que en agosto de 2016 compró el terreno y la residencia que ubica en 1125 Calle Seaview por $1.250 millones. En diciembre de 2016, “después de negociaciones extensas en las que Fahad tuvo un rol prominente”, Paulson compró el complejo residencial fallido Harbour Lakes en Palmas del Mar por $19.2 millones. Se lo compró a F & R, la misma compañía de construcción que también recibió contratos para trabajar en otra propiedad de Paulson, St. Regis Bahía Beach en Río Grande. En 2018, F & R entregó CCBF a Ghaffar. “En esencia, Fahad hizo que Paulson pagara de más por Harbour Lakes y/o los servicios supuestamente prestados en el desarrollo de Bahía como consideración por recibir la propiedad (de 1125 Seaview)”, plantea el documento.
Otro negocio en St. Regis resaltado en la demanda como un incumplimiento de deber de fiducia y de aprovechamiento ilegal fue que Ghaffar y su abogado, Alfredo Umpierre, formaron un frente corporativo, Caribe Builders LLC, para darle servicios de reparación de techos a St. Regis después del huracán María. Caribe Builders facturó $4.6 millones por el trabajo hecho con fondos de reconstrucción sin tener experiencia en esa área, ni siquiera empleados. Ghaffar y Umpierre se llevaron de ganancia la diferencia entre los $4.6 millones y lo que le pagaron al subcontratista que realmente hizo el trabajo, anotó el demandante.
Paulson aprovechó el documento para aclarar que Ghaffar tiene cero participación en la mayoría de sus empresas en Puerto Rico, solo 1% en Harbour Lakes, 3.5% en el Condado Duo (los hoteles La Concha y Vanderbilt) y copropiedad o participación en algunos negocios de vehículos de motor. Sobre los concesionarios, Ghaffar demandó a Paulson alegando que lo defraudó por $17 millones en una inversión relacionada con esos concesionarios.
El billonario ha refutado esa demanda y en la acción que radicó el lunes divulgó dos instancias de fraude con inversiones que habría ejecutado Ghaffar. La primera fue que le representó que Innoveo era una empresa de programas de computadora y le presentó estados financieros en los que Paulson confió para hacer una inversión de $12.5 millones, cuando la realidad es que el único negocio que tenía Innoveo era dar servicios básicos de tecnología a las propiedades de Paulson y era porque Ghaffar usaba su posición para dar los contratos. Todavía Paulson no ha tenido rendimiento de esa inversión. Otra instancia fue que Ghaffar compró junto a otros tres socios un 30% en la empresa Dynamics Payments (DP) por $4 millones en 2018. DP se dedica al procesamiento electrónico de pagos y sus terminales están en múltiples restaurantes, tiendas y punto de vistas. El plan de la inversión era que Ghaffar haría que las empresas de Paulson dejaran de usar al procesador Evertec para comenzar a usar DP, lo que sucedió, causando que el valor de DP creciera al punto de que en 2021 Ghaffar vendió su participación y recibió $35 millones a cambio de su inversión.
Paulson no radicó la demanda a nivel personal, sino a través de seis empresas, incluyendo Paulson PRV Holdings LLC, que es la matriz de su negocios en la isla y sobre la que se ha alegado en su pleito de divorcio que es un mecanismo para esconder activos a su exesposa. Pero los demandados son personas que incluyen no solo a Ghaffar, sino a su esposa, suegro, hermano, dos hermanas, su exasistente personal y cinco corporaciones asociadas a estos.
Junto con el despido de Ghaffar en julio, vino el anuncio de que el sobrino de Paulson, Rafael Cedeño Paulson, entraba a los negocios como vicepresidente. NotiCel supo que este encabeza un esfuerzo de auditoría que todavía está activo y que, hasta ahora, descubrió las conductas supuestamente delictivas que están en la demanda y que incluyen:
-La esposa de Ghaffar, Glenda Acevedo Martínez, formó la empresa GGSG LLC en marzo de 2021. Tres semanas después, Ghaffar pasó un correo a todos los gerentes de las propiedades de Paulson indicando que todas las compras de muebles tendrían que hacerse a GGSG y representó que era porque el fabricante europeo solo los distribuía a través de GGSG cuando, en realidad, el fabricante luego le dijo a Paulson que podía hacer negocio directo y sin intermediarios. GGSG no tenía ninguna estructura y Acevedo Martínez no está licenciada como decoradora de interiores, pero vendía los muebles con un aumento de 55% sobre el precio del fabricante, generando $1 millón en “comisiones impropias”. La mujer ni interactuaba con el fabricante, eso lo hacía su esposo. Acevedo Martínez se presenta públicamente como una “influencer” de nutrición, igual que la novia nueva de Paulson. A su hermana, Saira, Ghaffar le montó un esquema similar para que vendiera alfombras, arte y otros artículos de decoración a St. Regis, y a su otra hermana, Farah, para que vendiera artículos de tecnología a las propiedades de Paulson.
-Ghaffar y su esposa establecieron F&G Family Foundation como una entidad sin fines de lucro, pero la usaron para canalizar pagos a familiares y amigos para cosas como la compra de propiedades.
-La boda de Ghaffar fue en St. Regis y costó $300,000. Pero en vez de pagarla, Ghaffar provocó que el hotel facturara esos gastos por la cuenta del hotel y, en un movimiento financiero interno, asignó comisiones que Paulson supuestamente le debía y sobre las que no había pagado contribuciones para cubrir los gastos de la boda.
-En más de una ocasión, Ghaffar (personal o por compañías) usó su influencia en la estructura de Paulson para hacer negocios con sí mismo en condiciones preferenciales. Así compró tres lotes en St. Regis a precio descontado, con mayor cabida con cambios en la estructura y con términos de repago más cómodos.
-Con cargo a las propiedades de Paulson, prestó gratuitamente vehículos de lujo a amigos. Por ejemplo, Maseratis al diseñador de su esposa, un Audi a su suegro (quien lo chocó), una Chevrolet Silverado a un artista de reggaetón que no se identifica y otra al productor Francisco “Paco” López, y descuentos en tarifas de vehículos para su hermano, su esposa y sus amigos Matt Moncada y Ryan Christiansen.
-Gastó decenas de miles de dólares en habitaciones de hotel para sí y allegados que nunca pagó y exigió una comisión ilegal de 3.5% al distribuidor de licor de las propiedades de Paulson, o que suma cientos de miles de dólares cada año.
-Tenía 22 tarjetas de crédito American Express que Paulson le reembolsaba y en las que cargó $3.4 millones sin autorización y sin documentos que los justificaran como “gastos de negocio” entre 2018 y 2023 incluyendo: $20,000 en una sola noche en el club Omnia de Las Vegas, $1,500 en taquillas para un concierto de Wisin & Yandel en Los Ángeles, $45,000 en un solo día de compras personales en la boutique Chanel de Nueva York, $102,000 en varias compras en la tienda Louis Vuitton de St. Barths, $10,000 en una noche de cena en el restaurante Seccarelli y cientos de miles de dólares en vuelos privados que facturó a través de otra entidad suya, Thinking Ahead LLC.
-Puso a sus empleados domésticos (niñeras, “handymen”, paisajistas y otros) en la nómina de las entidades de Paulson y pasó por las entidades también las facturas de celular de sus empleados, familiares y amigos, así como la boda de su asistente, y codemandada, Nerissa Aponte, sus muebles, sus cuotas de mantenimiento y el spa y las clases de tenis de su esposa.
-Entre 2020 y 2023, consumió sobre $440,000 en el hotel Vanderbilt y sobre $65,000 en La Concha sin reembolsarlo. Esa cantidad es después de aplicar su descuento como gerencial. En St. Regis, se aplicaba un descuento de 50% sin ser dueño, cuando el descuento de dueños es 20%. Después del descuento, dejó un balance de $90,000 entre 2018 y 2023 que no pagó.
-A través de los abogados de las entidades de Paulson, pasó facturas de la empresa Vantage Intelligence por $110,000 para servicios de análisis de imagen en un esfuerzo por salvar su “reputación horrible”.
Todo esto lo hizo una persona que, según describe la demanda, hace 10 años era “un inversionista de poca monta en bienes raíces que estaba desempleado en Tampa tambaleándose en sus negocios… que buscó a Paulson y le rogó por una oportunidad para trabajar con él”.
Ghaffar “traicionó la confianza de Paulson y mordió la mano que le daba de comer”.
Para leer la demanda, pulse aquí.
Vea:
Paulson elimina de su organización al “Individuo C” del caso Wanda Vázquez