Ante una solicitud del condominio para desalojar al Campamento Carey, la agencia defiende el derecho de los manifestantes a permanecer vigilantes mientras se cumple la sentencia de demolición de obras ilegales.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) defendió la función de vigilancia ciudadana que realiza el Campamento Carey (CC) en la playa Los Almendros de Rincón con relación al daño ambiental que provocó el condominio Sol y Playa y acreditó a Eliezer Molina Pérez con alertarles el lunes de los problemas ambientales que podían resultar por movimientos de maquinaría pesada por parte del condominio.

La intervención del gobierno a través de la jefa legal del DRNA, Mildred Sotomayor Bourbón, ocurrió en oposición a una solicitud del condominio para que el tribunal ordene el desalojo de los manifestantes de CC porque supuestamente obstaculizan los trabajos de demolición y el movimiento de las maquinarias necesarias para ello.

Las mociones ante el juez Abid Quiñones Portalatín son el más reciente desarrollo en un caso que no parece poder moverse una pulgada aún cuando lo que está sobre la mesa es una orden judicial que es final y firme hace meses y que se cumple con la demolición de las obras que el condominio comenzó a realizar en la playa con un permiso declarado ilegal.

Con su moción, el DRNA no solo se opone a la solicitud de desalojo de los manifestantes, sino que colocó la culpa completamente en el equipo que contrató el condominio para la demolición y defendió el que los manifestantes se mantengan velando por el cumplimiento de la sentencia.

“Nos oponemos de manera vehemente, como abogada que, no solo representa al DRNA en foros judiciales, sino que además representa el interés público en todo aquello que implique la defensa de todos los recursos naturales y el hábitat asociado a los mismos que se le prive a la ciudadanía, en el ejercicio de sus derechos de asociación y libre movimiento [...], bajo hechos lejanos a la verdad, que la representación legal de la parte demandante induzca a este Tribunal a error y considere una solicitud cuyo único propósito es eliminar a una ciudadanía en guardia y protectora de los recursos naturales y ambientales que ha estado presente cuando el DRNA no ha tenido presencia física, activando con ello acción inmediata para atender una violación de ley o prevenir la misma”, afirmó Sotomayor Bourbón.

La abogada relató que se supone que el lunes solo ocurriera la colocación de maquinaría pesada en el área porque los trabajos estaban pautados para comenzar el martes. Pero el movimiento de las máquinas tenía que ser notificado al DRNA y requería que primero se implantaran medidas bajo el Plan de Control de Erosión y Sedimentación (Plan CES).

Fue por las transmisiones de Facebook del CC y de Molina Pérez, y no porque se lo hubiera notificado el condominio o el Gerente de Proyecto, Emilio Colón Zavala, que se estaban moviendo las maquinarías sin tomar las medidas bajo el Plan CES y que una de ellas estaba filtrando aceite, lo que podría causar más daño a la zona marítimo terrestre que es de dominio público y que ya está afectada por las obras ilegales del condominio.

La Policía arrestó a Molina Pérez en medio de una de las transmisiones por supuesta violación a una orden de alejamiento que se había expedido a favor de la vicepresidenta de la Junta de Directores del condominio, Ignari Acevedo Rosario, pero no se le radicaron cargos y fue liberado más tarde.

Al calificar las acciones del CC como una “intervención oportuna”, el DRNA planteó al tribunal que “quien ha dilatado los trabajos conforme a la Sentencia y los permisos y autorizaciones otorgados para iniciar las labores de demolición, remoción, disposición y restauración ha sido la Parte Demandada y el Proyectista y Gestor del Proyecto, el Ing. Colón Zavala”. A contrapelo, el CC “no ha hecho otra cosa desde el espacio que ocupan, fuera de los predios del Condominio Sol y Playa y de los bienes del dominio público marítimo terrestre, (que) velar por el fiel cumplimiento de la Sentencia emitida el pasado 14 de febrero de 2022”.

El CC también compareció ante el juez para ripostar la solicitud de orden de desalojo y para pedirle al tribunal que, por primera vez en todo el transcurso del caso, haga una vista ocular en la que pueda cerciorarse de dónde están ubicados los manifestantes y la extensión de los daños que provocó el condominio cuando construyeron ilegalmente.

“El Campamento Carey Inc., como cualquier otro ciudadano, sí puede y tiene derecho a entrar a la playa la cual es pública. No fue hasta el día de hoy, miércoles 11 de octubre, que el Condominio pudo marcar un perímetro con mallas negras como parte del Plan CES que permite y que demuestra donde será el área de trabajo para que nadie entre a dicha área”, sostuvieron.

“El Condominio Sol y Playa no puede echarle la culpa al Campamento Carey de los múltiples incumplimientos causados por ellos mismos; pero sí el Campamento Carey siempre se mantendrá vigilante de que se hagan los trabajos correctamente y no se le engañe a este Tribunal”, resaltaron.

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