Los titulares del condominio alegan que los trabajos de demolición no pueden comenzar por obstaculización de los manifestantes del Campamento Carey.

Al cabo de lo que debía ser la primera jornada de demolición de las obras ilegales en el condominio Sol y Playa, los titulares recurrieron al tribunal para plantear que manifestantes del Campamento Carey (CC) no le permiten iniciar los trabajos porque obstaculizan el paso de las maquinarias y pidieron una orden judicial para desalojarlos del área de la playa Los Almendros donde ubican el condominio y las obras en controversia desde hace dos años.

Con los argumentos de su solicitud al juez superior Abid Quiñones Portalatín, el consejo de titulares muestra su intención de trazar una línea y evitar que los manifestantes sigan incidiendo sobre la controversia de las obras ilegales que los titulares pretendían erigir en la playa y que, por el activismo del CC, el gobierno se movió y determinó que el permiso que las cobijaba eran ilegales.

“El plan de ejecución y la forma en la que se realiza le compete al Condominio y a las agencias envueltas en el presente caso, que son las que autorizaron y emitieron los permisos que incluyen las condiciones para la ejecución”, dijo el consejo en la moción del martes y en referencia a la sentencia que el juez emitió en febrero de 2022 para la demolición.

La sentencia había permanecido sin ejecutar por los intentos del condominio para revertirla judicialmente, luego porque alegaron que no conseguían contratistas, después por constantes cambios en su Junta de Directores (hasta el punto de que el tribunal contempló nombrar un síndico) e incluyendo una orden de arresto por desacato contra una de las presidentas de la Junta. Antes estas dilaciones, el Campamento sometió una propuesta al tribunal para hacerse cargo de la ejecución de la sentencia. Pero entonces el condominio dijo que había concretado acuerdo con contratista y las partes gubernamentales del caso, la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales, la aprobaron y emitieron los permisos para los trabajos que debían comenzar el martes.

Pero el martes, los manifestantes volvieron al área, su portavoz Eliezer Molina Pérez fue arrestado por supuesta violación a una orden de alejamiento emitida a favor de la vicepresidenta de la Junta, Ignari Acevedo Rosario, y una reunión de las agencias con el contratista pareció ocupar el día sin el inicio del trabajo. Molina Pérez fue liberado sin que se le presentaran cargos porque el Departamento de Justicia entendió que hubo deficiencias en el diligenciamiento de la orden de alejamiento. El esposo de Acevedo Rosario es oficial de la Policía.

En la moción al tribunal, la Junta alega que los manifestantes instalaron carpas que obstaculizan el paso de las maquinarias al área y pidió que emitiera una orden para desalojarlos.

“[E]n el día de ayer se movilizaron los equipos y/o maquinarias y los miembros del Campamento Carey impidieron el paso de estos, ello sin autoridad legal alguna… En la vía pública que da acceso al área en la que se ejecutarán las obras en este caso, se encuentran varias carpas pertenecientes al Campamento Carey, dicha vía pública es por donde deben transitar los equipos pesados”, dijo la abogada del condominio, Amy A. Ruiz Goyco.

“De la red social de Facebook surgen expresiones en videos que evidencian que el Campamento Carey, tanto sus miembros como sus portavoces van a impedir el acceso de los equipos y que estos suplantarán las funciones de las agencias gubernamentales”, añadió.

“Ante la situación no tenemos otra opción que recurrir en auxilio de jurisdicción porque los mismos que se presentaron como defensores de las costas y de los bienes de dominio público, entiéndase Campamento Carey, ahora son los mismos que de forma intencional y sin excusa legal interfieren con el movimiento de los vehículos y las maquinarias que han sido contratados con el único propósito de ejecutar la Sentencia que tanto interés este Tribunal ha demostrado”, concluyó.

Sol y Playa pidió que CC remueva las carpas, que el juez señale una vista y que se le aperciba a los manifestantes a que no interfieran en los trabajos de demolición y restauración biológica bajo amenaza de sanciones, incluyendo el desacato.

La ejecución de la sentencia de demolición incluye la remoción de 90 pilotes, 90 pies de muro, 188 pies de zapata del muro y otras estructuras asociadas en un predio de zona marítimo terrestre de 2,160 metros cuadrados. En todo momento, un biólogo debe presenciar las obras y tomar medidas para no afectar el anidaje de tortugas en el área.

Artículo relacionado:

Sol y Playa se declara listo para comenzar demolición de obras ilegales