La defensa del banquero acusado junto a la exgobernadora pide también que se levante orden protectora para que las mociones del caso y la evidencia puedan ser públicas.

La jueza federal Silvia Carreño Coll separó tentativamente en su calendario dos fechas en febrero y marzo de 2024 para el juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, pero varios asuntos planteados hoy en una vista de status del caso dejaron claro que esas fechas están lejos de ser probables.

Uno de los asuntos tiene que ver con la permanencia de la jueza en el caso.

La vista de hoy es la primera que atiende Carreño Coll después de que la semana pasada el juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, se saliera del caso tras enterarse de que un bufete en su lista de recusación había trabajado en mociones para el banco de Herrera Velutini, Bancrédito.

El caso lleva 13 meses pendientes y cuando se comenzó a discutir la posibilidad de fijar fecha para el juicio, Lilly Ann Sánchez, una de las abogadas de Herrera Velutini, anticipó que estarían solicitando una moción para cambio de jurisdicción o para que el juicio sea ante un juez visitante “porque no podemos correr el riesgo de perder otro juez”.

La jueza indagó sobre por qué traía esa posibilidad “de la nada” y la abogada le afirmó que tenía una “base de buena fe” para traerlo, por lo que la discusión se movió a una conferencia del estrado para que el público no escuchara. NotiCel supo que en esa conferencia se discutieron relaciones profesionales o personales de la jueza con otras partes en el caso y que la jueza defendió su capacidad de presidir correctamente sobre los procesos así como que advirtió que cualquier impugnación sobre su permanencia debía ser planteada antes de que decida varias mociones pendientes que pueden cambiar el curso del caso, como mociones de desestimación. Al volver al récord dispuso que Herrera Velutini tiene hasta el 13 de octubre para someter esa moción de cambio de jurisdicción o de juez y que las demás partes tendrán hasta el 23 de octubre para responder o unirse a la misma.

Otra materia que puede alterar la fecha tentativa es la reiteración de Vázquez Garced de que su juicio debe ser separado.

El pliego acusatorio implica a Herrera Velutini en sobornos para proteger a su banco, Bancrédito International Bank & Trust Corporation, de una auditoría de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y también de querer controlar a ese regulador del sector bancario en la isla. Cuando Vázquez Garced era gobernadora, el soborno habría sido darle apoyo financiero para su campaña primarista contra Pedro Pierluisi Urrutia, a lo que la exgobernadora habría respondiendo destituyendo a un comisionado de OCIF y designando a un exasesor de Bancrédito como sustituto. Pero después de que esta perdiera la primaria, el banquero se habría movido a dar dinero a la campaña de Pierluisi Urrutia a través de su amigo recaudador, el convicto Joseph Fuentes Fernández.

El exfiscal Luis Plaza Mariota, uno de los abogados de la exgobernadora, planteó que “el caso de nuestro cliente es compacto, lo que nos está atrasando a todo en este caso es todo lo que tiene que ver con Bancrédito y OCIF”. Añadió que ya han examinado toda la evidencia que tiene que ver con su clienta, que han mantenido al mínimo las controversias de descubrimiento de prueba con la fiscalía y que incluso ya saben que estarían presentando prueba de defensa en el juicio.

Los abogados de Herrera Velutini y del tercer acusado, el exagente federal y consultor del banquero, Mark T. Rossini, anticiparon que estaban de acuerdo con la solicitud de separar el juicio de Vázquez Garced, pero el fiscal Ryan Crosswell indicó a la jueza que tenía que esperar a ver los argumentos por escrito, por lo que Carreño Coll dio hasta el 16 de octubre para que Plaza Mariota someta su moción de separación. Crosswell afirmó que, en total, la fiscalía anticipa estar dos semanas presentando evidencia.

A su salida del tribunal, otro abogado de la exgobernadora, Ignacio Fernández de Lahongrais, adelantó que no van a estar de acuerdo en que la jueza salga del caso y tampoco en el traslado de jurisdicción porque su clienta quiere ser juzgada por jurados puertorriqueños.

Sánchez también recordó a la jueza que queda pendiente de decidir una solicitud para que se pueda publicar una moción que el banquero sometió pidiendo la desestimación del caso. Aunque ese documento está sellado, la abogada dijo en sala que una de las alegaciones en la moción es “conducta impropia escandalosa” de parte del Departamento de Justicia federal en la investigación y que está sustentado con anejos que salen de la propia evidencia que ya se les ha entregado. Dijo que radicaron la moción confidencialmente porque así concluyeron que debían hacerlo por una orden protectora sobre divulgación de evidencia que hizo el juez Arias Marxuach, pero que la misma debe quedar sin efecto.

“En este caso no hay nada extraordinario o diferente que otros casos en otros lugares… no hay razón para tener que hacer radicaciones confidenciales”, argumentó la abogada al afirmar que esa restricción se está convirtiendo en un obstáculo para el caso y que “debe ser transparente, no hay razón para esconder lo que pasó en este caso y en la investigación de este caso”. Subrayó también que la orden protectora de evidencia fue tramitada entre la fiscalía y los otros dos acusados y que, cuando Herrera Velutini se entregó, ya estaba en vigor.

La fiscalía defendió que no hay falta de transparencia de su parte, cuestionó por qué se quiere liberar toda la evidencia del caso desde ahora y que prefieren que la determinación de confidencialidad se haga moción por moción. Específicamente en cuanto a la moción de desestimación pendiente, Crosswell precisó que se oponen a que sea pública porque “hace referencia a testigos cooperadores”.

Aunque esgrimió argumentos de transparencia para que se publique la moción de desestimación en la que ataca a la fiscalía, Sánchez ha pedido que otras mociones del caso permanezcan confidenciales “para proteger el derecho del Sr. Herrera a preparar su defensa”.

La jueza dijo que decidiría sobre esa solicitud de confidencialidad y que las partes afectadas podrían pedir reconsideración. La abogada pidió una vista oral para discutir la moción de desestimación y también adelantó que pedirá una vista para discutir la evidencia sensitiva que la fiscalía ha sometido y que está marcada confidencial por motivos de seguridad nacional.

Para sorpresa de la jueza, el fiscal Nicholas Warren Cannon explicó que la sensitividad de esos documentos requerirá que un agente los vaya a buscar a la oficina del juez Arias Marxuach para cruzar el pasillo y entregárselos a la jueza Carreño Coll. Los documentos solo están ante el juez del caso de forma física, y no están sometidos al récord electrónico ni están disponibles para la defensa.

Carreño Coll separó el 20 de febrero y el 11 de marzo de 2024 como fechas para el posible inicio de un juicio que se estima dure al menos tres semanas, “si llegamos ahí”.

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