La exgobernadora le pidió al juez Arias Marxuach que no se retirara del caso para que no se atrase el proceso.

La jueza federal Silvia Carreño Coll tomó control esta tarde del caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced después de que el juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, se inhibiera por enterarse de que un bufete en su lista de descalificación había participado en un documento relacionado al caso, aunque no representa formalmente a ninguna de las partes del caso.

La orden de inhibición del juez quedó inalterada aún cuando el abogado de Vázquez Garced, licenciado Ignacio Fernández de Lahongrais, le pidió que reconsiderara. “La conducta (que provoca la inhibición) no tiene nada que ver con Vázquez Garced. Sin embargo, ella es la parte que más se afecta con la inhibición del tribunal… Una inhibición en esta etapa solo prolongará su suplicio sin tener culpa”, reclamó el abogado.

Las inhibiciones son un proceso rutinario en el tribunal federal, pero en este caso el cambio va unido con la circunstancia extraordinaria de que parte de la evidencia del gobierno contra los acusados se tramita bajo la Ley de Procesos para Información Clasificada (CIPA en inglés). Ese tipo de evidencia la examina solo el juez de manera confidencial. Ya Arias Marxuach ha tomado determinaciones sobre esta evidencia pero no está claro si están resueltas todas las controversias relativas a estas piezas.

“El firmante ha adquirido conocimiento de que un bufete listada en mi orden de descalificación proveyó asistencia en la redacción de mociones a Bancrédito International Bank & Trust Corporation , una parte en interés en este caso, sin hacer una comparecencia formal en el récord”, fue lo único que señaló Arias Marxuach como fundamento cuando se inhibió el jueves en la mañana. Aludió también a reglas de conducta judicial y opiniones consultivas relativas a las mismas. El mismo jueves, antes de la orden, el juez celebró una conferencia solo con la abogada del banquero Julio Herrera Velutini, Sonia Torres Pabón, y con el abogado de Bancrédito, Francisco Rebollo Casalduc, en la que este le confirmó que el bufete incluido en la orden de descalificación había asistido en la redacción de las mociones del banco.

La lista de descalificación es un documento que preparan los jueces en el que indican cuáles son las personas, negocios o bufetes que provocarán su inhibición automática si comparecen ante ellos. Arias Marxuach no identificó al bufete, aunque en su orden del 9 de diciembre de 2022 aparecen solo tres: McConnell Valdés LLC (y sus subsidiarias), Rexach & Picó LLC y Arroyo & Ríos Law Offices P.S.C..

Las partes oficiales en el caso son el Departamento de Justicia, que no hizo expresión alguna sobre la inhibición, Vázquez Garced, Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini. Pero hace semanas el juez atiende una controversia entre Herrera Velutini y Bancrédito (el banco que controlaba cuando ocurrieron los supuestos hechos de soborno de la exgobernadora) que está sellada y de la que los demás acusado desconocen. En su moción, Fernández de Lahongrais dijo que “podemos suponer que los asuntos atendidos en esa controversia tienen que ver con descubrimiento de prueba que busca el Sr. Julio Herrera”. “En esencia, es una disputa civil entre Bancrédito y el Sr. Herrera que está imbricada en el caso criminal”, añadió al opinar que la inhibición es un “remedio extremo” a una violación de la orden de descalificación que no fue provocada por ninguna de las partes formales del caso.

Herrera Velutini mantiene controversias con Bancrédito, y con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), desde antes de la radicación del caso y todavía hoy por distintos asuntos. También mantiene una reclamación contra la exfiscal federal María Domínguez Victoriano, representante legal de la expresidenta del banco, y testigo de fiscalía en el caso criminal, Frances Diaz Fossé. Más recientemente, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen, en inglés) impuso una multa de $15 millones a Bancrédito por deficiencias que, junto a OCIF, detectó cuando Herrera Velutini lo controlaba. La entidad federal anunció la multa como el inicio del fin del uso ilegal de la ley de Puerto Rico que permite la operación de bancos internacionales en la isla.

El punto final pareció ponerlo Carreño Coll hoy en la tarde cuando aceptó la asignación del caso, denegó la moción de reconsideración de Vázquez Garced, resolvió varias otras mociones pendientes y confirmó que la vista de status del caso señalada para el lunes que viene sigue en pie. Carreño Coll también tiene en su sala el caso criminal contra la exrepresentante penepé, María Milagros Charbonier Laureano.

Desde marzo pasado, los abogados de Vázquez Garced indicaron al tribunal que estaban listos para juicio y alegaron que la evidencia que se maneja bajo la Ley CIPA no tiene nada que ver con su cliente. La fiscalía federal acusa que la exgobernadora recibió soborno del banquero en la forma de ayuda económica para su campaña primarista a cambio de acceder a los pedidos de este de que destituyera al excomisionado de OCIF, George Joyner Kelly, y lo sustituyera por un exconsultor de Bancrédito, porque Herrera Velutini quería detener la auditoría que eventualmente acabó con el cierre del banco y la multa de FINCEN.