Con frustración del juez, y tras amenaza de que nadie se iba del tribunal sin un acuerdo, las partes en el caso de permisos ilegales pujan una fecha para el inicio de los trabajos de demolición.

La demolición de las obras ilegales en el condominio Sol y Playa, en Rincón, debe comenzar el 2 de octubre y el proyecto completo, que incluye mitigación y restauración del área de la playa Los Almendros donde el condominio intentó hacer una construcción ilegal, debe terminar cerca del 15 de enero.

Con esas fechas consignadas terminó ayer una vista de seguimiento sobre el cumplimiento de sentencia en la que el juez superior Abid Quiñones Portalatín ventiló su frustración no solo por las actuaciones de las partes del caso para el cumplimiento de esa sentencia de demolición emitida en febrero de 2002, sino también por las dificultades que enfrenta cualquiera en el país para lograr completar los trámites cotidianos.

“Nosotros merecemos un premio todos los que vivimos en este país, porque vivir aquí no es fácil, vivir aquí todo es bien complicado, no solo en la función pública sino en la privada. Aquí vivimos como nadando en contra de la corriente todos los días y las olas dando más fuerte y uno se frustra como ciudadano, ahora hablo como ciudadano. Y ahora como juez... uno trata de que las cosas se muevan y la realidad es que es decepcionante y, en muchas ocasiones, uno puede entender la frustración de la ciudadanía en los procedimientos judiciales, legislativos, en las agencias del ejecutivo, hasta en la empresa privada… Es uno desde acá, del estrado, teniendo un poco más de autoridad y poder y tratando de mover las cosas… pero, pues, la realidad es que uno tiene que usar ese poco de autoridad que tiene para que las cosas se muevan porque, si no fuera así, yo no quiero imaginar, pues nada funcionaria”, ventiló el juez en referencia a que, después de que había logrado que las partes se pusieran de acuerdo sobre los trabajos, todavía quedaba la contingencia de cuándo era que una compañía de seguros, que no es parte en el caso, le pudiera aprobar la fianza de ejecución (“performance bond”) de $500,000 al contratista que escogió el condominio para comenzar la demolición.

La sentencia de Quiñones Portalatín de febrero de 2022 advino final y firme el 1 de noviembre de 2022, después de que el condominio recurriera a los tribunales de Apelaciones y al Supremo. Desde entonces, el condominio se mantenía sin cumplirla. Renunciaron cinco Juntas de Directores, se ordenó el arresto por desacato de una de las presidentas de Junta, se contempló la posibilidad de nombrar a un síndico administrador del inmueble y hasta los propios manifestantes cuyas protestas lograron que se declararan ilegales las obras, el Campamento Carey (CC), se organizaron y sometieron una propuesta para hacer ellos mismos los trabajos que dicta la sentencia.

La posibilidad de esto último, de que los titulares de Sol y Playa tuvieran que cumplir la sentencia pagándole cientos de miles de dólares a las mismas personas a las que habían combatido en su intento por continuar con su construcción ilegal, pareció ser el detonante necesario para que una nueva junta llegara a un acuerdo final con el proyectista Emilio Colón Zavala (ECZ Group PSC), y un contratista no identificado, para comenzar a demoler las obras.

La Junta de Planificación (JP), que presentó la demanda contra el condominio pidió multa de $10,000 diarios hasta que comiencen los trabajos de demolición, o la imposición de una multa global de $100,000, contra el condominio, pero el juez todavía no ha resuelto la solicitud. En la vista de ayer, Quiñones Portalatín fustigó al abogado de la JP, Alfonso Orona Amilivia, por ausentarse de una reunión ordenada por el tribunal en la que la propuesta de CC se discutiría con el Departamento de Recursos Naturales (DRNA). “Me parecería a mí que el que no cumpliera con una orden que dio este tribunal sería una falta de respeto a este tribunal. Las órdenes son para cumplirlas y la orden era que se reunieran”, observó.

“Esta es la séptima vista, séptima, me parece que eso es claro”, dijo el juez mientras levantaba siete dedos. “Debo traerlo para récord hoy porque las decisiones que yo tomo no las tomo porque no le doy oportunidad a la gente. Las he tomado porque me parece que las oportunidades se han excedido en extremo. Hoy yo no me voy a ir de aquí, ni ustedes se van a ir de aquí, nadie, ni a las 11, ni a las 12, ni a la 1, ni a las 2, ni a las 3, hasta la hora que tengamos que estar, pero esto lo resolvemos hoy con día, con fechas específicas. Yo no puedo seguir jugando en el vacío, yo no estoy aquí para que la gente juegue con el tribunal… si los dejo ir, se van para la casa y se le olvidan las asignaciones. Salen de esa puerta y se le olvida el caso y esto no puede ser así”, expresó también antes de decretar un receso.

Tras una pausa breve, Orona Amilivia informó que las partes acordaron que hoy el condominio entrega al DRNA un pago de mitigación, plan de restauración y evidencia de la póliza para los trabajos y que en los próximos días entregaría prueba de la fianza de ejecución. El DRNA se comprometió a evaluar los documentos para el 28 de septiembre y, si le dan el visto bueno, el contratista está listo para comenzar a trabajar el 2 de octubre bajo un plan que los llevaría a finalizar cerca del 15 de enero. La abogada del condominio, Amy Annette Ruiz Goyco, aseveró también que tienen “un plan B” si no se consigue la fianza de ejecución a tiempo.

Colón Zavala aseguró al tribunal que su contrato con el condominio incluye todo lo que abarca la sentencia, no solo demoler lo que se construyó ilegalmente, sino restaurar el área a satisfacción de Recursos Naturales. La sentencia “es clarita”, aseguró. “Es tumbarla y devolverlo a su estado natural, que es la restauración”, le recordó el juez.

Quiñones Portalatín fijó una octava vista de seguimiento para cumplimiento de sentencia el 27 de septiembre, la cual quedaría sin efecto si las partes le notifican por escrito que la fianza de ejecución se obtuvo y el DRNA emitió su autorización para el comienzo de los trabajos de demolición y restauración. Si eso no ocurre, tienen que volver todos a sala “para saber qué vamos a hacer”, comentó el juez.

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